Piden datos que vinculen a Aníbal F. y Abal Medina con las coimas en el fútbol
El fiscal Pollicita quiere contar con información sobre los ex jefes de Gabinete y los pagos del Fúbol Para Todos.
En el marco de la causa que investiga la conexión argentina del Fifagate que lleva adelante el juez Daniel Rafecas, el fiscal Gerardo Pollicita envió exhortos a Paraguay, Uruguay y Estados Unidos para pedir información sobre los negocios internacionales en que estuvo involucrado el fútbol argentino.
El fiscal no solo quiere contar con toda documentación vinculada a alguno de los ocho torneos por los que se pagaron 33 millones de dólares bajo investigación, sino también con todo aquello vinculado a los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina y a las ex autoridades del Fútbol para Todos, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino.
La semana pasada, el fiscal imputó a los ex funcionarios por defraudación al Estado por la compra de los derechos de trasmisión de ocho campeonatos pagados a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos por más de 33 millones de dólares. Según el fiscal, los ex funcionarios "obligaron abusivamente al Estado de pagar en un plazo menor a dos años U$S 33.050.000 a la empresa “TyC International B.V.”
Las declaraciones de Alejandro Burzaco, ex gerente de Torneos y Competencias, siguen repercutiendo en las causas locales vinculadas al escándalo conocido como FIFAGate. Ante la justicia estadounidense, Burzaco admitió el pago de coimas a ex funcionarios argentinos y adelantó sus tiempos. Habló del pago de 15 millones de dólares en sobornos diri- gidos al ex titular de la AFA Julio Grondona por los derechos de trasmisión de los futuros mundiales.
En este contexto, y buscando avanzar en la investigación, Pollicita firmó un exhorto dirigido a Estados Unidos. En el mismo, según la documentación a la que accedió Clarín, se pidió una "copia certificada de la transcripción del testimonio brindado" por Burzaco en la causa “U.S. v Napout” en trámite en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Al respecto, se pidió la totalidad de la información que registre esa investigación y que esté relacionada con Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, Pablo Paladino y el propio Burzaco, entre otros once imputados. "Se busca toda la documentación e información que esté vinculada a los ex funcionarios que participaron de los convenios que permitieron pagar derechos de televisación con marcados sobreprecios", indicaron a Clarín fuentes de la causa.
Con al exhorto enviado a Paraguay, se pidió al Ministerio Público de ese país que remita copia certificada y copia digital de la "totalidad de los contratos suscriptos por la CONMEBOL en relación a la comercialización de los derechos de difusión y marketing de los torneos “Copa América” de los años 2011 y 2015 y “Copa América Centenario".
Finalmente, se pidió a la Unidad de Información Financiera para que solicite a la Unidad de Análisis e Información Financiera de Uruguay, que informe sobe la "titularidad, beneficiarios finales y miembros del directorio desde el año 2010 hasta el año 2013, ambos inclusive, respecto de las sociedades “FPT Sports S.A.” y “Productora de Eventos SA".
Esta causa se inició con una denuncia de la Procuraduría contra la criminalidad económica y lavado de activos (PROCELAC) que se sumó a la de la diputada Graciela Ocaña y se investiga los derechos de trasmisión de 8 campeonatos comprados a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos por más de 33 millones de dólares.
De todas las contrataciones se encuentran, entre las más elevadas en costo el Mundial de Brasil (2014) por US$ 18 millones y la Copa América (2015) por US$ 8 millones. La maniobra permitió que las empresas integradas por Hugo y Mariano Jinkis y Burzaco (Full Play International Television SA y Torneos y Competencias SA), vendan los derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado "en forma ilegal obteniendo así ganancias exorbitantes, todo ello en claro detrimento del patrimonio público". El fiscal Pollicita consideró que "el Estado fue abusivamente obligado en un plazo menor a dos años a desembolsar U$S 33.050.000 a la empresa “TyC International B.V.” depositándole en moneda extranjera el dinero en cuentas de entidades bancarias con sede los Países Bajos -ya que allí tiene su domicilio-, ello, a pesar de ser controlada por “Torneos y Competencias S.A.” con sede en el país. ■