Piden 20 años de cárcel para los hermanos Ale y apuntan a sus negocios con la AFA
Están acusados de liderar una banda que lavó 40 millones de pesos. Una imputada dio detalles del manejo de la plata del club San Martín, controlado por la familia.
Luego de tres días de desarrollar argumentos, refrescar testimonios clave y puntear decenas de pruebas, los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) terminaron hoy a toda orquesta su alegato contra el poderoso clan Ale.
Ante el tribunal federal de Tucumán, los representantes de la UIF pidieron penas de 20 años de prisión para los hermanos Rubén y Angel Ale, y una multa de más de 100 millones de pesos para cada uno de ellos. En cuanto al resto de los 14 imputados, la solicitud de penas varió entre los 5 y los 18 años de prisión.
De acuerdo al planteo de la querella, al menos entre los años 2002 y 2014, “La Chancha” y “El Mono”, los apodos con los que se conoce a los líderes del clan, manejaron una asociación ilícita responsable del lavado de unos 40 millones de pesos provenientes de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el juego ilegal, el narcotráfico, el robo de cosechas, extorsiones varias y múltiples negociados con el fútbol, ya que “La Chancha” fue durante años presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán.
Precisamente sobre este último punto se centró uno de los pedidos de extracción de testimonios más interesantes escuchado en la audiencia de ayer. Los abogados de la UIF, Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola, solicitaron al tribunal que envíe a la jueza federal de Capital María Ro- milda Servini el testimonio y los registros fílmicos de la declaración de María Jesús Rivero (socia, ex pareja y una de las acusadas en el juicio), en el que la mujer habla de los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con los cheques con fecha diferida entregados a los clubes.
Rivero, que manejaba junto a “La Chancha” la Sociedad Gerenciadora Deportiva NOA, contó al declarar en el juicio que la AFA le daba a Ale, como presidente del club, cheques diferidos que ellos debían ir a cambiar a una cueva porque necesitaban el dinero en el momento.
Precisamente esto es lo que investiga Servini en la causa 4995/2014 caratulada “jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Asociación del Fútbol Argentino s/ defraudación contra la administración pública”. La maniobra habría consistido en obligar a cambiar los cheques en una cueva relacionada a altos dirigentes de la AFA. Por esa operación, la financiera se quedaba con el 40 % del monto.
En su alegato la UIF también solicitó que se abra una investigación sobre diversos hechos de defraudación al club de fútbol tucumano, principalmente a manos de Rubén Ale y María Jesús Rivero. Para ellos dos incluso pidió que se considerara como agravante “la permanente intimidación a víctimas y testigos”.
Un capítulo aparte de los alegatos acaparó el actual presidente del Consejo Deliberante de Tucumán, Armando Cortalezzi. La UIF pidió que lo investiguen por lavado de dinero.
Puntualmente, lo acusan de participar en la compra de un departamento a “La Chancha” Ale, propiedad que el jefe del clan habría conseguido a través de extorsiones y a punta de pistola. Cortalezzi además fue interventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, organismo que controla todo el juego en la provincia, sector en el que los Ale se destacaron por sus negocios de lavado.
Como frutilla de la torta, se sumó una nota enviada por la UIF al gobernador Juan Manzur, en la que se lo ponía en conocimiento de esto y también de la declaración de una testigo de identidad reservada que involucraba a Cortalezzi directamente en el negocio de la prostitución y la trata de mujeres.
Además, los abogados de la UIF apuntaron contra la complicidad judicial y pidieron investigar la presunta protección brindada a la banda por parte del fiscal de Cámara de Tucumán, Alejandro Noguera.
Aunque fue un alegato largo, los 16 acusados escucharon todo sin alterar el silencio de la sala de audiencias. Si bien habían empezado el juicio con prisión domiciliaria, esto cambió el 4 de octubre, cuando el mismo tribunal que en breve deberá decidir sobre su culpabilidad o inocencia los benefició con la excarcelación.
En cuenta al aspecto netamente económico, la UIF le pidió al tribunal que imponga multas por más de 300 millones de pesos y que, en el caso de haber condenado, pase a manos del Estado una larga lista de bienes y activos secuestrados. Por lo pronto aún faltan largas semanas de alegatos con miras al 13 de diciembre, día previsto para el veredicto. ■