Confirmaron el procesamiento de Cristina por asociación ilícita y lavado
El fallo también incluye a sus hijos, a Lázaro Báez y Cristóbal López. Ahora el caso pasa al juez Julián Ercolini.
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita -en carácter de “jefa”-y lavado de dinero, junto a su hijo Máximo Kirchner. Florencia Kirchner, en cambio, fue considerada coatora de esos delitos. La confirma- ción de los camaristas también alcanzó a los empresarios K y principales inquilinos de la inmobiliaria Los Sauces, Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso del “zar del juego” y su socio Fabián De Sousa se agravaron sus acusaciones, incorporándoles el lavado de activos.
La flamante senadora, cuyo procesamiento por lavado fue sumado al original que había dictado el juez Bonadio tras un pedido de la Unidad de Investigación Financiera, también fue acusada por la “admisión de dádivas en carácter de coautora”. Los camaristas, en cambio desestimaron el cargo por “negociaciones incompatibles”. Ahora la causa Los Sauces quedó vinculada a la maniobra defraudatoria en la obra pública que tiene el juez Julián Ercolini, quien concen- trará todas las investigaciones por corrupción contra la ex Presidenta.
La causa inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, y estuvo en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Durante la investigación se corroboró que Los Sauces, creada en 2006, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse “al cobro de retornos”. “No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel Díaz, jardinero de la ex Presidenta”.
Para el camarista Bruglia se trató de “supuestos alquileres de inmuebles” para dar “apariencia “lícita”, a operaciones comerciales “para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido” a través de la defraudación en la obra pública.
Por ello, para la Sala I los alquileres, la compra-venta de propiedades o la construcción de inmuebles fueron parte de “un obrar delictivo previo y concomitante”, que es “un claro indicador de generación de dinero ilícito” y de la necesidad de que parte de esos fondos “fuera transferida al patrimonio de los ex Presidentes”.
Los camaristas confirmaron la acusación de Bonadio, quien sostenía que todo “fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner”, y que junto a Florencia después de 2010 se convirtieron en “jefes de una banda” (figura que ahora exime a la hija de Cristina) que “impartían las directivas de la organización delictiva”, para percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita”.
Como piezas indispensables de las operaciones están los principales inquilinos: Báez (y tres de sus hijos), Cristóbal López y Fabián De Sousa. Para los camaristas, “no se advierte la necesidad real de alquilar inmuebles con las características de los bienes de Los Sauces”. Según la resolución, la firma es parte del “armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos” y permitir que el dinero “proveniente de las maniobras defraudatorias” de la obra pública, “ingresara al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”.
Para los jueces Bruglia y Ballestero se está ante una maniobra mayor que contó con “distintos circuitos para el obrar delictivo”, el primero de ellos dirigido al “apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública” y el otro, destinado “al reciclaje de las ganancias ilícitas”.
Por eso, plantearon que el caso no puede desconectarse de la causa Hotesur, que investiga el alquiler del hotel Alto Calafate -propiedad de los Kirchner- por parte de empresas de Báez, “que ocultaría pagos ilícitos”.
“Es clara la similitud” con la causa Los Sauce, señalaron los jueces, y se refirieron a un “modus operandi” similar en las maniobras investigadas por ambos expedientes. ■