El pedido de detención lleva al límite la situación de Cristina
El Pacto con Irán para encubrir a los autores del ataque a la AMIA que denunció Nisman
El juez Bonadio sorprendió ayer al ordenar las detenciones de Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico K; de Luis D’ Elía y del activista Esteche. También detuvo al pro iraní Khalil, le dictó prisión domiciliaria al ex canciller Timerman y pidió el desafuero de Cristina Kirchner para poder detenerla. Todos fueron acusados de impulsar un acuer- do con Irán para proteger a los acusados del ataque a la AMIA. El peronismo en el Senado, incluyendo al sector más anti K, anticipó que rechazará la solicitud. Y el Gobierno no quiere aparecer acelerando la causa. La ex presidenta acusó al juez de “ejecutar” directivas de Macri. El kirchnerismo y la izquierda marcharon contra las detenciones.
Cristina Kirchner cometió “traición a la Patria y encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA. Al menos así se desprende de la acusación que ayer firmó el juez Claudio Bonadio, la más dura de las muchas que afronta la ex Presidenta. Para Bonadio, la actual senadora impartió las órdenes para beneficiar a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el peor ataque de la historia argentina. Por eso, la procesó en carácter coautora por dichos delitos, la embargó por $ 50 millones, solicitó su prisión preventiva y le pidió al Congreso que le quite los fueros para concretar la medida.
Además, hubo otros doce procesamientos y seis prisiones preventivas, entre ellas la de Carlos Zannini, Luis D` Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y una detención domiciliaria para Héctor Timerman.
La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que tuvo un sinuoso recorrido en los tribunales, constituyó para Cristina Kirchner un complejo escenario judicial, ahora sujeto a la votación en el Congreso de la Nación del desafuero que pidió el Bonadio. Ayer, el jefe del bloque de senadores del PJ no K, Miguel Ángel Pichetto, dijo que no van acompañar el desafuero hasta que no haya una sentencia firme.
La causa por el encubrimiento a los iraníes se reabrió en diciembre de 2016 por orden de la Sala I de la Cámara de Casación y se unificó este año, con una causa donde la ex presidenta fue denunciada por traición a la patria. Todo confluyó ayer en su cuarto procesamiento.
Cristina -según el juez-, "impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados", sobre todo a Timerman, y encabezó la realización de un documento que en realidad "favorecía a los acusados iraníes en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina".
Para Bonadio se demostró "la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos” que "negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de Irán", no sólo a "lograr impunidad ante la justicia argentina", sino que nuestro país "no lo señale como un "Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas" cuando recaían sobre ellos "actos de guerra en el territorio nacional", contra ciudadanos argentinos "desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de lesa humanidad".
Por tal motivo, se le atribuyó a Cristina y a sus ex funcionarios haber abusado de sus cargos y "traicionar los intereses nacionales" y los de las "personas damnificadas por los atentados" al impulsar el Pacto con Irán.
Para Bonadio fue clave el rol de Timerman, Parrilli, Zannini, la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el diputado Andrés "el cuervo "La- rroque y el ex funcionario de cancillería Eduardo Zuain. Estos últimos tres fueron procesados pero sin prisión preventiva.
Ayer, tras la resolución de Bonadio, hubo fuertes acusaciones de la oposición al Gobierno al que acusaron de estar detrás de la medida judicial. Hubo pocas voces oficiales que salieron a responder. Por la tarde, y luego de la conferencia de prensa que brindó la ex presidenta para defenderse, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió
Para el juez se demostró que los funcionarios ayudaron a “lograr impunidad”
a dar la posición oficial. “Consideramos que (el pedido de desafuero) es un tema estrictamente judicial que corresponde a la justicia en trámite normal". Luego defendió al Presidente Mauricio Macri: "Los argentinos conocen al presidente Macri, saben que no vino a manipular la Justicia".
El inicio del "plan delictivo" fue en septiembre de 2012 e implicó un giro diplomático que se consagró con la firma del pacto con Teherán. La entonces presidenta, en un "cambio de postura" en relación al gobierno de Néstor Kirchner, ofreció ante la ONU elegir un tercer país para el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
Al poco tiempo, comenzaron a gestarse una serie de "negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron
funcionarios del Ejecutivo Nacional", con representantes de Irán. Se deta
llaron al menos cuatro reuniones encabezadas en su mayoría por Timerman con su par iraní.
Para el juez el Memorándum tenía un sentido contrario al plasmado por las autoridades nacionales que sostuvieron que era la "única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA".
Bonadio desestimó la versión de Timerman quien se atribuyó la escritura del documento "en un hotel que no recuerda con su contraparte iraní" y que después consultó con la ex presidenta y Zannini. Entonces apuntó a Cristina como máxima autoridad para este "plan de encubrimiento", que se valió además, de una "diplomacia paralela" al punto tal que ni siquiera el jefe de Gabinete estaba al tanto de las negociaciones con Irán. Este argumento es central para atribuirle a la senadora la intención de beneficiar a los acusados con lo que denominó un "plan delictivo".
Los "canales paralelos" tuvieron como protagonistas a D' Elía, Kahlil (señalado como nexo con los iraníes) y Esteche. Realizaron "desde la informalidad, negociaciones no oficiales" para avanzar con el "objetivo criminal". Por sus vínculos con funcionarios iraníes quedaron detenidos con un embargo de $ 35 millones cada uno. ■
Macri es el principal responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”
Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial. Quieren asustar a la dirigencia”
Es un caso inventado sobre hechos que no existieron. Lo que está sucediendo es un exceso”
Fue un acto de política exterior, no judiciable, que además mereció el tratamiento del Parlamento”