La araña en el centro de la red
Esta vez no le sirvieron el bajo perfil, ni la extrema discreción, ni cierto hábito conspirativo arrastrado quizá desde la militancia juvenil. Carlos Zannini, un hombre poderoso de verdad durante más de una década, está detenido desde el jueves a la madrugada. Lo apresaron en Río Gallegos y ahora pasa sus días en la cárcel de Ezeiza.
Como a Cristina Kirchner y Héctor Timerman, entre varios otros, el juez Claudio Bonadio lo procesó por encubrimiento agravado, traición a la Patria y obstrucción a la causa penal. Fue por el pacto firmado con Irán en 2013, que otorgaba impunidad a los acusados por el atentado a la AMIA. La denuncia original la hizo el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de ser asesinado.
Según la explicación que pudo escucharse en fuentes judiciales, Zannini habría actuado como la araña en el centro de la red de funcionarios y dirigentes que gestaron, negociaron y concretaron el Memorando de Entendimiento con los iraníes. Operó por delegación directa de Cristina y así estaría demostrado -siempre según la interpretación judicial- en la montaña de más de 130.000 correos electrónicos internos de la Cancillería que aún están bajo estudio en el juzgado de Bonadio.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que consigna el expediente, la tramitación diplomática había quedado por cuenta del entonces canciller Timerman -hoy con prisión domiciliaria- y el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain. Todo lo demás, incluyendo el contacto político con los iraníes, las tareas legales y de inteligencia, habrían estado bajo supervisión directa de Zannini.
Las apelaciones a la decisión de Bonadio serán tratadas por la Sala II de la Cámara Federal. La integran Martín Irurzun y Eduardo Farah. El camarista Irurzun, presidente del cuerpo, dio su nombre a la nueva doctrina según la cual los jueces están avanzando con embargos y detenciones, para proteger bienes y pruebas, saltando por encima de los mecanismos dilatorios del Código Procesal, que facilita la extensión interminable de las causas contra funcionarios. La llamada “doctrina Irurzun” se puso en práctica por primera vez con el pedido de desafuero y posterior detención de Julio De Vido.
Cultor del verticalismo extremo -en algunas vecindades políticas también llamado centralismo democrático- Zannini decidió sin embargo diferenciarse de Cristina en el territorio de la estrategia defensiva. Ella no va a apelar el procesamiento y reclamará directamente en tribunales internacionales amigables, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero Zannini apelará la decisión del juez. Su abogado, Mariano Fragueiro Frías, anticipó que la presentación no se centrará en la situación particular de su cliente sino que apuntará más amplio y más profundo. El argumento central sería la inexistencia de los delitos que invoca Bonadio.
Es un punto que va al fondo de la cuestión. Eso obligará a la Cámara Federal a definir si las decisiones políticas de un gobierno pueden ser revisadas por la Justicia. Y si los atentados terroristas deben ser entendidos como actos de guerra, de modo que haber intentado proteger a sus responsables -como hizo el pacto con Irán- puede considerarse traición a la Patria. Son temas de extrema gravedad, sobre los que está lejos de encontrarse un criterio jurídico común.
En este abordaje legal defensivo Zannini se muestra diferente, una vez más, a sus viejos compañeros de ruta. Quizá porque vienen de historias distintas.
Al despuntar los años ’80 Zannini salió de la cárcel de la dictadura. Estudiante de Derecho y militante de izquierda, lo habían detenido en Córdoba, su provincia natal, poco después del golpe de 1976. Cuando quedó libre se fue a Santa Cruz. Consiguió trabajo en la Fiscalía de Estado provincial y conoció a Néstor Kirchner, que todavía no había llegado a intendente de Río Gallegos. Desde el primer día trabajó con sagacidad y determinación para construir un poder que disfrutaron otros: Néstor y Cristina.
Hizo todo el recorrido con los Kirchner: desde aquella intendencia, pasando por los doce años en la Gobernación santacruceña y culminando en los también doce años en la Casa Rosada. En el cargo que fuera necesario: diputado, ministro, juez de la Suprema Corte provincial, secretario de Legal y Técnica o candidato a vicepresidente.
Estuvo siempre sentado en la mesa chica. Cuando el Jefe murió en 2010 quedaron él y la Jefa. Alguna vez Cristina, en una expresión pura de su naturaleza, le bajó el precio en público diciendo que Zannini era apenas su consejero legal. Pero fue siempre más que eso: el ideólogo de la concentración de poder, de la sumisión del peronismo, de la devastación de las cajas del Estado para sostener una política económica insostenible.
Operando detrás de escena, se impuso como misión cumplir la consigna “vamos por todo”. Cristina lo sacó a la superficie cuando lo hizo candidato a vicepresidente para recordarle a Daniel Scioli quién mandaba. Fue el peor momento de su carrera, transformado en el blanco de un eficaz discurso demonizador al que él había dado letra manejando los hilos del propósito autoritario del kirchnerismo.
Recluido en un cargo de director del Banco de Santa Cruz en representación de la provin- cia que gobierna Alicia Kirchner, Zannini había llegado hasta acá invicto en la Justicia. Nunca un procesamiento. Ni una salpicadura por denuncias de corrupción. Raro privilegio en un elenco que atravesó el poder a paso redoblado y que ahora tiene a sus figuras principalísimas desfilando por los tribunales en una hilera a la que todavía no se le ve el final. Ahora se sumó a la fila.
Había caminado por primera vez los pasillos de Comodoro Py el 23 de octubre pasado, para declarar en indagatoria ante Bonadio. Fue un día después de la elección en la que Cambiemos le ganó a Cristina en la Provincia y derrotó al kirchnerismo en Santa Cruz. La derrota política les empeoró a todos ellos el destino.
Pero el Gobierno, ganador de aquella jornada electoral, no desborda de alegría por la desgracia judicial de Cristina y la decena de pro- cesados junto con ella por Bonadio.
Macri necesita a Cristina visible y vigente para seguir sosteniendo una polarización del debate público que le ha sido favorable en grado creciente en los últimos tres años. Pero camina por el borde de riesgos institucionales y políticos -en la relación con la oposición- que contradicen su deseo de mostrar un país ordenado y previsible que sea atractivo para los inversores.
Por vías informales el Gobierno supo la orientación del fallo poco antes del miércoles pasado, cuando Bonadio les pidió a las fuerzas de seguridad -o sea a la ministra Patricia Bullrich- los recursos necesarios para detener a Zannini y compañía. Pero en el gabinete del Presidente afirman que fue poco tiempo para poder reaccionar ante decisiones que venían de otro poder.
Así, más allá de algún entusiasmo inicial, de carácter deportivo más que político, el Gobierno evalúa con preocupación el escenario que quedó montado.
En el Ministerio de Justicia esto causó especial contrariedad, porque el equipo de Germán Garavano venía trabajando desde el comienzo de la gestión en reformas del sistema penal que pudieran ordenar, de modo sustentable, cuestiones como el uso de la prisión preventiva y otras herramientas procesales.
Pero hay otra lectura, más grave. Funcionarios del área sostienen que la Justicia “está desmadrada”. Que como “se sienten acorralados” por el desprestigio social, desde Comodoro Py “siguen enviando mensajes mafiosos” a toda la política, sea el Gobierno o la oposición. Que hay un “sistema corporativo” que protege a los doce jueces federales y que las leyes que hoy están vigentes permite a los magistrados “un margen de discrecionalidad absoluto”.
Esto lleva a una cuestión que puede parecer sólo instrumental, pero en verdad hace a la esencia del problema. Es la discusión acerca del modo de relacionar al poder político con la Justicia.
En las cercanías de Garavano dicen que hay que enterrar en el pasado, como algo propio del menemismo y el kirchnerismo, las gestiones de operadores políticos, servicios de inteligencia y supuestos influyentes que llevan mensajes y vuelven con beneficios para ellos. A cambio, proponen el imperio absoluto de la ley y la sujeción de todos a las normas y procedimientos.
Aseguran que ése es el espíritu del Presidente. Pero siendo Macri un hombre de firme ejercicio de la autoridad y el poder, la supervivencia activa de operadores y mensajeros gubernamentales hacia la Justicia parece indicar que sigue sin definirse la batalla entre la pureza deseada y el pragmatismo posible.
Quizás no haya apuro para resolverla. Al menos hasta que otra sorpresa como la del fallo de Bonadio vuelva a alterar el pulso del Gobierno y haga sentir a muy altos funcionarios que son rehenes de los jueces. ■
Alguna vez, Cristina le bajó el precio en público. Pero Zannini era el ideólogo de la concentración de poder.