El lado débil de los derechos humanos
La cuestión de los derechos humanos ha representado en estos dos años un incordio para Mauricio Macri. Ese incordio exhibió mucho más la debilidad de un costado político que la presunta y sistemática vulneración de la legalidad por parte del Estado.
Los desmanejos del Gobierno tuvieron un ejemplo icónico en estos días cuando la Argentina –sobre todo Buenos Aires-- se convirtió en vidriera mundial por la realización de la cumbre interministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Hay representantes nada menos que de 146 naciones. Se adoptaron como corresponde, aunque resulten trastornantes para la vida cotidiana, extremas medidas de seguridad. Ciertas decisiones, sin embargo. parecieron traspapelarse y obligaron a una marcha atrás.
El Gobierno impidió el acceso de un grupo de ONG y activistas por razones de seguridad. Entre ellos cayeron la británica Sally Burch y el periodista de Noruega y miembro de la ONG Attac, Petter Titland. Ambos son partici- pantes frecuentes de los encuentros de la OMC. El episodio generó momento de tensión con la Unión Europea –The Guardian, periódico inglés, hizo un severo editorial-- y levantó de nuevo la guardia de organismos mundiales (como la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos de la OEA) que tienen enfocado al Gobierno desde hace tiempo por tres razones: la detención de Milagro Sala, la muerte de Santiago Maldonado, producida por ahogo en el rio Chubut, el deceso de Rafael Nahuel, en Villa Marcardi, Bariloche, producto de una bala 9 mm disparada por el grupo Albatros de la Prefectura.
La Comisaria de Comercio de la OMC, la sueca Cecilia Malmstrom, envió una carta de queja al canciller Jorge Faurie. El Gobierno decidió revisar tales impedimientos. Finalmente Burch y Titland participaron de la cumbre. Pero se abrió por impericia un innecesario frente de tormenta.
La administración de Oslo protestó por el caso del ciudadano de origen nórdico. Se produjo además en una instancia sensible: cuando Noruega formaba parte de la búsqueda intensa del submarino ARA San Juan, desaparecido en aguas del Atlántico Sur hace casi un mes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) movilizó al Poder Judicial presentando un hábeas corpus colectivo por las personas que no fueron autorizadas a ingresar a la Argentina. No hubo, mas allá de la autorización final a Burch y Titland, repercusiones favorables en la prensa y el universo diplomático.
El episodio viene a cuento por un anuncio de Mauricio Macri que debió tener un vuelo que, finalmente, pareció no tener: el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos por tres años (2017-20) lanzado en la Casa Rosada. Que incluye 243 compromisos y 5 ejes. A saber: 1)inclusión, no discriminación e igualdad, 2) Seguridad pública y no violencia; 3) Memoria, Verdad, Justicia y políticas reparatorias, 4)Acceso universal a derechos, 5) Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.
El plan, que incluye la continuidad de los juicios a los militares por la violación de los derechos humanos, asoma mucho más ambicioso que todo lo que se ha conocido en la Argentina en las últimas décadas. Incluído el prolongado tiempo kirchnerista que hizo de esa cuestión una bandera política formidable. La ex secretaria de Estado de EE.UU. Madelaine Albright –en la gestión de Bill Clinton-- elogió los pasos que viene dando en tal campo el gobierno de Macri. Estuvo por horas de visita en Buenos Aires y tomó contacto con funcionarios nacionales y provinciales del área. A sus 80 años sigue formando parte de la Junta Política de Defensa. Un grupo encargado de asesorar sobre política exterior desde la peri- feria del poder. No suele tener píedad con Donald Trump.
Pese a todo aquello, existirían dos dificultades objetivas para el Gobierno. El macrismo, la proa dentro de la alianza oficialista Cambiemos, es un partido nuevo que no reconoce vínculos fácticos, de lucha, –más allá del pensamiento-- con el último horror de la historia argentina; tampoco posee inserción en los organismos de derechos humanos locales e internacionales. Se trata de un escollo no menor. Porque la cuestión está impregnada de un profundo cariz político-partidista. Aunque sea avalada por una inmensa mayoría social de diferentes ideologías.
De hecho la coreografía que circundó el anuncio de Macri en la materia resultó extremadamente módica. Participaron el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de derechos Humanos, Claudio Avruj, uno de los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo y un miembro de la segunda línea del CELS. Quizás el dato mas saliente fue el diálogo telefónico de Estela Carlotto con Avruj.
El Gobierno continúa lidiando, mientras tanto, con casos que lo tienen a la defensiva. La Corte Suprema se pronunció la semana pasada por la confirmación de la prisión preventiva de la piquetera Sala. Un alivió para el gobernador radical Gerardo Morales y para Macri, que apuntaló su decisión. El Máximo Tribunal también notificó que debe cumplirse con la resolución de la Corte IDH de aplicarle el arresto domiciliario. En ese punto hubo un voto distinto: el juez Carlos Rosenkrantz prefirió que antes se pronuncien los tribunales inferiores.
Sala continúa todavía alojada en el Penal 3 de Mujeres del Barrio Alto Comedero, en San Salvador. El tiempo apremia porque el viernes próximo deberá estar cumplimentado el fallo de la Corte. Pero el juez de instrucción, Pablo Pullen Llermanos, sostuvo que antes deben resolverse recursos presentados por los abogados de la dirigente piquetera. El magistrado le dictó la preventiva a Sala en dos causas. La primera conocida como la “balacera de Azopardo” que fue elevada a juicio. Allí está acusada de “tentativa de homicidio calificado”. La otra es por “lesiones graves” en la causa de Lucas Arias. Se trata de un militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del legendario sindicalista Carlos “Perro” Santillán.
Otro problema para el Gobierno es la muerte del joven Nahuel, en Villa Mascardi. Tanto la CIDH como la Comisión de DD.HH.
El país es una vidriera del mundo por la OMC. Algunos gestos oficiales ayudaron muy poco.
Una cosa es respetar el reclamo de los pueblos originarios. Otra distinta aceptar imposiciones.
de la ONU siguen de cerca la cuestión. Fueron las organizaciones que intervinieron activamente cuando se produjo la desaparición y la tragedia de Maldonado.
El ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, aseguro que la muerte del joven, allegado a grupos mapuches duros, se produjo en medio de un enfrentamiento con los prefectos. Estos, por disposición del juez Gustavo Villanueva, estaban rastrillando esa zona desalojada un par de días antes.
El ministerio explicó que se produjo un choque entre los bandos con armas de fuego. Pero tres detenidos que declararon en la causa (Fausto Jones Huala, Micaela Colhuan y Gonzalo Coña) dijeron que sólo portaban armas blancas y gomeras. Resultará difícil saber con exactitud que fue lo que aconteció aquel 25 de noviembre. El juez recién hizo un relevamiento de la escena 12 días después. Debió negociar previamente con los grupos mapuches. Nadie puede garantizar que durante ese prolongado paréntesis no se hayan alterado las evidencias.
La dificultad de Villanueva fue similar a la que tuvieron los jueces Guido Otranto y Gustavo Lleras cuando se produjo la desaparición de Maldonado. Todos los procedimientos se demoraron por la obligación de pactar con los mapuches para ingresar en llamado “territorio sagrado”.
Habría, entre tantas, una cuestión inaceptable. Perentoria de ser modificada. Una cosa es respetar el reclamo sobre la pertenencia de tierras de los pueblos originarios. Otra diferente que el Estado deba aceptar sus condiciones para tratar de esclarecer situaciones de tragedia.