Vidal recorta el “gasto político” y le apunta a las jubilaciones más altas
Elimina cargos y fusiona áreas en su gobierno. Limita retiros de privilegio y regímenes especiales.
Son 221 cargos, el 22% de los 990 en que se bifurca el organigrama político del gobierno bonaerense. Ese hachazo, si el proyecto que envió María Eugenia Vidal en las últimas horas a la Legislatura se aprueba sin correcciones, implicará un ahorro de $600 millones.
El recorte, que Clarín anticipó hace 10 días, forma parte de un paquete de textos que la gobernadora pretende que el Parlamento provincial trate en sesiones extraordinarias y sigue una lógica específica: recortar gastos.
En rigor, además de la reforma de la ley de Ministerios, otros textos eliminan las jubilaciones de privilegios y modifica el régimen previsional del Banco Provincia. En paralelo, sale a recaudar más y pone el foco countries en desarrollo.
"Si un área se fusiona o desaparece, el personal será reasignado: el recorte del gasto político no afectará a los trabajadores", aseguró el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai, artífice y amanuense del nuevo mapeo ministerial.
Hay, en el recorte, un dato que parece desentonar: Vidal crea otro ministerio, el número 14, que se llamará Asuntos Públicos y lo ocupará Federico Suárez, un comunicólogo y campañólogo del referenciado en Marcos Peña y que colabora, desde 2015, con la gobernadora.
En La Plata dicen que es una asunto de nomenclaturas sin costos extras porque Suárez está al frente de la Secretaría de Comunicación, que tiene rango ministerial. Tendrá más visibilidad, quizá para armar un potencial "portavoz".
"EL objetivo es reducir el gasto político y, al mismo tiempo, mejorar la funcionalidad de la gestión del gobierno", señaló Salvai en diálogo con Clarín. El combo de leyes que mandó Vidal se concentra en estos puntos: • Jubilaciones. Elimina las de privilegio que existen para gobernadores, vices y legisladores, establecidos por leyes de 1951 y 1974 y que permiten que se retiren a los 50 años y sin tener aportes. Hacia adelante, los funcionarios se jubilarán con el régimen ordinario del Instituto de Previsión Social (IPS): es decir, con más de 60 y más de 35 de aportes. El proyecto de Vidal no se mete con el Poder Judicial. En La Plata defienden estas iniciativas con el argumento de que elimina "inequidades" por los beneficios jubilatorios que tienen algunas áreas del Estado.
• BAPRO. El gobierno deja de absorber el déficit de la caja previsional del Banco Provincia -que, según Salvai, fue $5.000 millones en 2017- a la vez que suprime el régimen especial previsional de los trabajadores de la entidad y los equipara con los estatales que se jubilan vía IPS. Es la iniciativa que puede generar más ruido porque se anticipa el rechazo del gremio. La caja previsional es deficitaria porque, entre otras cuestiones, hay 15 mil pasivos entre jubilados y pensionados contra 10.300 activos.
• Patrimonios. En otro texto, la gobernadora propone emparejar el sistema de difusión de las declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores con la de los funcionarios, de modo tal que amplía la información que deben incluir en las DDJJ y, tal como ocurre con ella misma y con sus ministros y asesores, serán puestas on line para su acceso público. La intención de incluir a los intendentes generó algún ruido: el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, acusó a Vidal de pretender "tratar a los intendentes como si fuesen funcionarios de Cambiemos" y explicó que en su municipio se presentan DDJJ. En rigor, Vidal "invita" a adherir a intendentes, sindicatos y asociaciones empresarias, entre otras instituciones.
• Cargos. El proyecto elimina 14 subsecretarias, 82 Direcciones Provinciales y 125 Direcciones de línea, "funcionarios que fueron designados por Cambiemos" explican en La Plata y detallan que al detectarse superposiciones -por ejemplo, dos organismos regulares del agua: ADA y AOCABA- se dispone su eliminación o fusión. El paquete de leyes que empezará a tratarse este jueves, incluye además una corrección legislativa sobre el revalúo inmobiliario, la creación de un área de estadística y la prórroga de la Emergencia de Seguridad. ■