La vida por un celular Historias de víctimas a las que atacaron por un simple teléfono
Es una modalidad delictiva que no decae. Este año mataron a por lo menos 10 personas en el Conurbano y la Capital Federal.
Sofía tiene 13 años y había salido a tomar un helado con su prima, de 17. Hacía calor. La brisa era tibia, a pesar de la hora. Eligieron las mesas de la vereda para sentarse y rieron, como sólo ríen las adolescentes. Fue cuestión de segundos hasta que las interrumpió el motochorro, cerca de las 21.30. Sofía -distraída- no llegó a entender que les estaban robando: el balazo retumbó en el aire y la impactó en la cabeza. Se despertó una semana más tarde y todavía no saben las secuelas que podría dejarle la herida. El botín del ladrón fue su celular. Ocurrió en de Villa Gobernador Udaondo (Ituzaingó).
Este simple aparato ha costado varias vidas en los últimos años. En 2017, al menos diez personas fueron asesinadas en el GBA y la Capital Federal para robarles el teléfono móvil. Seis de ellas tenían menos de 26 años.
Una de las modalidades más comunes es la de los motochorros que atacan en las paradas de colectivos o en las calles. Al mismo tiempo, hubo casos en los cuales las víctimas sobrevivieron (ver Tres milagros).
El arrebato, una de las modalidades más comunes en este tipo de delitos, puede tener una pena de un mes a seis años de prisión. Pero en los casos más violentos, puede llegar a 15 años, o a 25 si todo termina en un homicidio.
Las telefónicas estiman que se roban unos 4.000 celulares por día. Algo así como un millón y medio al año. No hay números oficiales porque muchos de los aparatos no están registrados y las víctimas no hacen las denuncias policiales, como tampoco en las prestadoras del servicio.
“Hay varios motivos por los que se roban los teléfonos. Porque son símbolos de status, porque usan la información y los datos para otro tipo de delitos. El Estado es responsable de
En el país existe el sistema de lista negra, donde se denuncian los IMEI robados”. Hernán Polivik
Vicepresidente de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema)
brindar seguridad a los ciudadanos y a los bienes que poseen. Nosotros dimos acceso a nuestra base de datos de IMEI (el número de serie del equipo) denunciados al Enacom para que puedan acceder los usuarios y sepan si el teléfono que están comprando está en base de negados y decidir si, en función de eso, lo compran o no”, explicó a Clarín Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para Latinoamérica de GSMA, que representa a las operadoras de servicios.
Esa base de datos puede consultarse en enacom.gob.ar/imei. Gallitto apuntó al control de las cadenas de comercialización de teléfonos, repuestos y venta ilegal de equipos y aclaró que “aunque el IMEI esté en la denominada lista negra, la pantalla se lleva un 70% del valor del equipo, por lo que no se ataca su comercialización”. Y sostuvo: “Es un negocio con riesgo asociado. Cuanto menor es el riesgo, mayor es la rentabilidad. Si crecen los controles, las condenas o los procesos, deja de ser rentable o los costos se elevarían tanto que comprar un teléfono robado saldría lo mismo que comprar uno nuevo”.
A los hechos más violentos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, como entraderas y secuestros extorsivos, se suma la preocupación por los robos que terminan en tragedia por los dispositivos móviles.
Según datos de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema), hay unas 40 millones de líneas activas en el país. Aunque estiman que sólo hay 11 millones de equipos de telefonía móvil, de los cuales el 20% son ingresados al país sin declarar.
Algunos modelos pueden costar hasta $ 30 mil. El valor, la amplia demanda y el descontrol de los puntos de venta convierten al mundo de los teléfonos en un mercado ideal para los asaltantes. El comercio ilegal de los aparatos está extendido en locales y, sobre todo, a través de Internet.
“En el país existe el sistema de lista negra, donde se denuncian los IMEI robados. Para nosotros la mejor manera de revertir la situación actual es combatir la situación de fondo con una lista blanca como la que empezó a implementar Chile”, señaló a Clarín Hernán Polivik, vicepresidente de Catema. Esa nómina implicaría que aquellos que compren celulares en el exterior, tuvieran que declararlos para poder usarlos en el país y pagar los impuestos correspondientes. Porque los teléfonos que no estén en “la lista blanca” no funcionarían.
A partir de 2018, el Gobierno profundizará esta ofensiva, como paso previo al bloqueo de los celulares que entran al país sin ser registrados.
De las por lo menos 10 víctimas que murieron por el robo de su celular este año, nueve se produjeron en el Conurbano: Franco Arraya (18) en El Jagüel, Francisco Tomasetti (35) en Banfield, Carlos Olivera (21) en Caseros, Emanuel Hofstetter (16) en Temperley, Maximiliano Cuello (22) en Rafael Castillo, Frank Gutiérrez Guaman (22) en Valentín Alsina, Oscar Valiente Cuevas (53) en Isidro Casanova, José Avalos (33) en Villa Fiorito y Miguel Paccor (26) en San Francisco Solano.
El décimo caso sucedió en el barrio porteño de Boedo, adonde fue asesinado Néstor “Zurdo” Viola (48). Todos tuvieron algo en común: dejaron la vida por un celular. ■