Devolución del dinero mal habido
El delito de lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Se trata de una actividad delictiva que tiene por finalidad procurar que quienes hayan obtenido una ganancia ilícita a través de la comisión de cualquier otro delito (narcotráfico, trata de personas, contrabando, corrupción, fraude fiscal, etc.) puedan utilizar dicha renta sin correr el riesgo de auto incriminarse. A tal efecto, mediante el lavado de activos se busca, por un lado, eliminar el rastro que une a los fondos con el delito que los originó y, por el otro, asignarles un (falso) origen lícito, que avente cualquier sospecha.
Si los fondos a lavar pertenecen a grandes organizaciones criminales (que producen rentas ilícitas regularmente), se torna necesario generar estructuras duraderas, que no sólo puedan absorber grandes volúmenes de dinero, sino que –además- permitan blanquear en forma sucesiva las nuevas ganancias que se van generando continuamente.
Por consiguiente, las organizaciones criminales suelen recurrir a lavadores con un alto nivel de especialización, los cuales elaboran esquemas de reciclaje que se extienden por más de un país e incluyen complejas cadenas de transacciones (transferencias electrónicas, intervención de “sociedades pantalla” basadas en refugios fiscales, operaciones comerciales simuladas, negocios inmobiliarios, intercambio de títulos valores).
Como resultado de lo anterior, la investigación del lavado de activos tiene por objeto la actuación de organizaciones criminales y de delincuentes “de cuello blanco”, con conexiones con los centros bancarios y financieros en los países en los que operan.
Las investigaciones de lavado de activos engloban a muchas de las causas de mayor repercusión mediática y social. Para evitar la impunidad y que el avance de estas causas demande un dispendio innecesario de tiempo y de los siempre escasos recursos estatales, es preciso buscar fórmulas que garanticen una mayor efectividad, las que no se limitan a las modificaciones en la normati- va procesal aplicable (nuevo Código Procesal Penal, introducción de herramientas de investigación como el “arrepentido”, etc.) si
no, y especialmente, un cambio en el modo en que se enfocan este tipo de investigaciones desde la justicia penal.
En tal sentido, la reforma operada en el tipo penal de lavado de activos, que ahora admite que se investigue a una persona por el lavado de fondos provenientes de su propia actividad delictiva (auto lavado) generó cambios muy importantes. Ahora comienza a investigarse la faceta patrimonial de los delitos generadores de fondos conjuntamente con la actividad criminal “principal”. Esto es: el lavado de activos junto con el narcotráfico, la trata de personas, los hechos de corrupción.
El otro punto es el decomiso producto del delito que se complementa con las reformas que se están introduciendo en la Comisión de Reforma del Código Penal creada mediante el Decreto 103/2017, toda vez que entre las modificaciones se contempla introducir el decomiso anticipado (para todos los delitos) cuando se admita la procedencia ilícita de los bienes, con el fin de que el dinero mal habido regrese al Estado.
Para ser realmente eficaz, la investigación del lavado de activos requiere de un enfoque multidisciplinario, a cargo de unidades especializadas.
También resulta esencial la elaboración de protocolos de actuación para establecer parámetros firmes en las múltiples cuestiones que esta clase de investigaciones patrimoniales obliga a enfrentar: la obtención de información o evidencia en distintas jurisdicciones, con regímenes jurídicos diferentes; la obtención de documentación almacenada informáticamente, ya sea en nuestro país o en el extranjero, preservando debidamente la cadena de custodia; el monitoreo de comunicaciones, atendiendo al desafío tecnológico que representan las nuevas formas de comunicación (Skype, Whatsapp, Telegram, Messenger); el análisis de enormes volúmenes de información.
En la actualidad existe una demanda creciente -tanto de parte de organismos internacionales como el GAFI, la OCDE o el G-20, como de la propia sociedad) hacia el Estado nacional en general, y a los operadores del sistema judicial en particular, para que procuren lograr una mayor eficacia en la persecución de hechos de corrupción o delincuencia económica, cuyo impacto en la vida de los ciudadanos es indiscutible. ■