Una prisión justificada por las maniobras para burlar la Justicia
Al límite. López buscó negociar su desfalco como un simple concurso comercial, forzar la venta de Indalo aunque estaba inhibido y escatimar bienes al embargo.
A medida que creía en altura e intensidad, la ola de detenciones preventivas de ex funcionarios kirchneristas acusados por corrupción o por encubrir el atentado a la AMIA -que alojó en Ezeiza o Marcos Paz a popes de ese gobierno como Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Ricardo Jaime, Luis D’Elía o el próspero empresario Lázaro Báez- fue aumentando las dudas sobre la justicia y la oportunidad de esas decisiones, firmadas por varios jueces federales en media docena de causas.
Esas dudas no caben en el caso de Cristóbal López y su socio Fabián De Souza.
Mientras el Gobierno apura un proyecto para establecer con claridad las condiciones bajo las cuales un magistrado puede ordenar la detención de un imputado que aún no tuvo condena, en Comodoro Py varios jueces buscaron atenuar la ira social ante la impunidad de los políticos corruptos encerrando a los imputados que tenían a mano, no siempre con el respaldo de argumentos jurídicos irrefutables. La alarma más fuerte sonó cuando el juez Ariel Lijo ordenó apresar a Boudou por la causa de enriquecimiento ilícito, en la que ni siquiera lo había indagado -acto fundamental del proceso, donde el acusado tiene oportunidad de defenderse per- sonalmente- y mucho menos procesado.
Las prisiones preventivas, que en democracia sólo pueden ser excepcionales y puntillosamente justificadas, terminaron funcionando entonces como un atajo de los jueces, que en algunos casos venían orientando los expedientes hacia una discreta nebulosa. Así ocurrió durante décadas, tal como cualquier argentino podría intuir y ahora certificó la auditoría sobre los juzgados federales realizada desde el Consejo de la Magistratura.
Pero la magnitud del latrocinio en los últimos años, bajo la sonriente pa- sividad de la justicia, agotó la paciencia social y ablandó el respeto por las formas. Una reacción igualmente peligrosa, que encontró oídos en algunos despachos judiciales culposos. Entonces se multiplicaron las detenciones por un “entorpecimiento de la investigación”, cada vez más supuesto e hipotético que fundamentado en hechos concretos registrados en los expedientes.
Mientras estos casos se discutían, en cambio, Cristóbal López intentaba de una y mil formas detener la investigación del juez Julián Ercolini sobre la retención indebida de 8.000 millones de dólares del impuesto a los combustibles con su empresa Oil. Además de pelear para travestir un concurso de acreedores que ocultara su maniobra fraudulenta, insistió con una supuesta venta del Grupo Indalo, pese a que todos sus bienes estaban inhibidos por Ercolini. También intentó sustraer de esa inhibición varias de sus posesiones más suntuosas, y el juez aún busca chequear si una centena de empresas del zar del juego fueron utilizadas para mover fondos mientras regía la inhibición de su patrimonio.
Con las debidas garantías personales, más bien era difícil comprender cómo López seguía libre. ■