Investigan si hubo un plan para frenar con violencia el debate jubilatorio
El juez Torres trata de determinar si los militantes recibieron órdenes de jefes de partidos o sindicatos.
El juez Torres quiere saber si los ataques del lunes en el Congreso fueron parte de un plan “sedicioso” para quebrar el debate por la reforma previsional. Ya identificó a 5 agresores y averigua quiénes dieron las ordenes políticas. Uno de ellos es un policía bonaerense y militante K.
La Justicia investiga si los incidentes del jueves y lunes pasado en la plaza Dos Congresos fueron parte de un eventual “plan sedicioso” para impedir por la fuerza la sesión de la Cámara de Diputados que votó la reforma previsional. La fiscal de la causa María Magnano caratuló la causa como intento de sedición o rebelión y el juez Sergio Torres investiga si los manifestantes que hirieron a 88 policías y causaron destrozos por 30 millones en la plaza fueron parte de ese “plan” organizado.
Por esa razón, el juez investiga los contactos de los acusados de violencia que ya han sido identificados y otros sospechados, luego de ratificar el pedido de captura del ex candidato del Frente de Izquierda del partido de los Trabajadores de Santa Fe conocido como el “militante del mortero”, Sebastián Romero. Los abogados de Romero apelaron el rechazo a la eximición de prisión de su cliente y ahora decidirá la cámara federal.
Además de sedición, la policía de la Ciudad acusó a estos sospechosos de los delitos de atentado, resistencia a la autoridad, daño, lesiones e intimidación pública.
Por lo pronto, Torres también identificó, tras una presentación del secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, a otro militante co- nocido como el “karateca” que se llamaría César Javier Arakaki a quien le atribuyen haber golpeado con palos a un efectivo de la policía de la Ciudad caído en la primera fila de contención de la manifestación del lunes. "Arakaki sería militante del Partido Obrero (PO) y profesor de Sipalki-do", según fuentes judiciales. En un trabajo de identificación basado en videos y fotografías, se descubrió a un policía bonaerense del comando de la patrulla de Escobar, Damián Ferrero, tirando piedras a sus colegas de la policía de la Ciudad. El sargento Ferrero, que milita en el kirchnerismo y tendría problemas psiquiátricos, fue desafectado ayer por las autoridades de la Bonaerense. Ferre- ro tiró piedras en los incidentes del jueves pasado y su foto fue la tapa de Clarín del viernes. La violencia comenzó el jueves, cuando se suspendió la sesión de Diputados, y siguieron el lunes cuando se aprobó luego de un duro debate.
Otros de los manifestantes sospechados de hechos de violencia "se llama Cecilia Burgeño y sería la militante del PO". Es la mujer que se vio ante las cámara de TV rompiendo con una maza rompiendo una fuente para producir piedras, según los voceros judiciales.
En el expediente judicial, también está investigando Mariano Stansiola, el militante de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que primero arrojó piedras a la policía y luego ayudó a auxilar a un efectivo policial que resultó herido. En total, el número de identificados como responsables de hechos violentos “llega a unos 20” pero aún no se tiene certeza sobre el resto.
Stansiola era uno de varios afiliados de la UOM-Quilmes, que dirige el “Barba” Gutiérrez y que constituyeron "una vanguardia de choque del sector más agresivo" dentro de una manifestación mayoritariamente pacífica contra la reforma previsional. En los gobiernos nacional y porteño se sospecha que Gutiérrez, junto al intendente de Ensenada, Jorge Secco y otro parte de jefes comunales K eran las “cabezas” del supuesto plan
para frenar la sesión de la cámara baja.
De todos modos, las fuentes judiciales consultadas aclararon que “se analizará caso por caso” y se acusará a cada uno por hechos concretos, mientras se recaban datos sobre el supuesto plan sedicioso.
La hipótesis de considerar que los incidentes fueron parte de un plan sedicioso, también se fundamenta en que se usaron armas -aunque no de fuego- contra los policías. Iban desde el famoso “mortero casero” - que el militante dice que lanzaba solo fuegos de artificio-, hasta las piedras, palos, objetos punzantes y bombas molotov. El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, adelantó que pedirá ser querellante en la causa del juez Torres. Luego fue más allá y planteó la posibilidad de pedir la suspensión de la personería jurídica o política de los organizaciones o partidos políticos si se demuestra en la sede penal que “organizaron” los incidentes. ■