Sigue frenada una obra en Coghlan y dicen que peligra una casona histórica
La paró la Justicia. Los constructores afirman que la decisión pone en riesgo otros proyectos en la Ciudad.
La obra esta frenada desde julio por la Justicia. Los esqueletos de dos torres permanecen sin avances junto a una casona histórica en Roosevelt y Balbín. Hace unos días, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la medida cautelar del juez Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado número 8. Con la construcción detenida desde julio, los desarrolladores dicen que, a medida que avanza el tiempo, crece el riesgo de daños en el Palacio Roccatagliata y el peligro de que todo el predio sea intrusado. E insisten con que la decisión podría sentar un precedente y desalentar otros proyectos para construir en territorio porteño.
Los trabajos ya habían sido frenados. Luego continuaron por un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y de la misma Cámara que reactivó la cautelar. Entre noviembre de 2016 y julio de este año continuaron con obras para evitar derrumbes. Y luego se volvió a parar.
El amparo original fue presentado por el ex legislador Gustavo Vera, opositor al oficialismo porteño y compañero de lista del ex secretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, en las últimas elecciones legislativas.
El emprendimiento consta de dos torres, una de 14 y otra de 26 pisos, que tendrán 340 departamentos, de los cuales 270, ya están vendidos. Como en el predio está la vieja casona, construida en 1900, la empresa a cargo del emprendimiento, Palacio Roccatagliata S.A., también inició trabajos para conservarla, ponerla en valor y abrirla al público como centro cultural y biblioteca.
"Se invirtieron millones para conservar la casona. Se hicieron trabajos importantes y hay muchos inverso- res que ya compraron sus departamentos. El problema es que los jueces pararon la obra pero no dicen qué hay que hacer. Y en el lugar hay filtraciones que pueden dañar la casona y el resto de la construcción", le dijo a Clarín uno de los inversores. Y agregó: “Esto que está pasando es peligroso, ya que puede desalentar otros proyectos similares en la Ciudad. ¿ Quién se va a animar a invertir si tan fácil se puede parar una obra?”
Según el fallo de la Justicia, la Ciudad les permitió a los desarrolladores construir más metros cuadrados que el máximo autorizado en la zona por el Código de Planeamiento Urbano. Además, sostiene que por eso la discusión debería haber pasado por la Legislatura.
Para Víctor Varone, que junto a Gabriel Iezzi y Ana Laura Palmucci son los abogados de los emprendedores, nada cambió. “No se omitió nada en los trámites previos. Antes de comenzar con la obra se tomaron todos los recaudos y se obtuvo la aprobación de parte del Gobierno de la Ciudad”, sostuvieron, y agregaron: “Lo que se hizo fue una compensación volumétrica por los metros cuadrados que ocupa la casona, que forma parte del complejo, y esto también fue aprobado dentro de las regulaciones. Si esto no avanza, el Gobierno de la Ciudad corre el riesgo de tener que pagar por el daño a los inversores".
Desde la empresa que tiene a su cargo el proyecto, enfatizan que por el freno judicial deben hacerle frente a "costos en gente y servicios que no se recuperan". Por ejemplo, dicen que tuvieron que retirar grúas y otros insumos que eran alquilados. Insisten con que la obra cuenta con todos los requerimientos legales, que fueron aprobados en 2011, y tiene la certificaciones en regla, otorgadas en su momento por el Gobierno de la Ciudad; y también advierten que esta situación desalienta todo tipo de inversión a futuro, ya que puede repetirse en otros proyectos y generar reclamos de los damnificados contra el Gobierno de la Ciudad, que pueden ser "millonarios".
La decisión, ahora, está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. A pocos días de fin de año, en enero comienza la feria judicial, por lo que es de esperar que el conflicto no se destrabe hasta por lo menos febrero de 2018.
Mientras tanto, los desarrolladores insisten en que el histórico palacio, que perteneció a la familia propietaria de la Confitería Del Molino, corre riesgo por las filtraciones y la detención de la obra. Además, se genera suciedad. Y temen que, pese a que hay una custodia, el lugar sea intrusado. ■