Energía, volver a ser normales
Podría parecer contradictorio hablar de libertad de mercado en servicios regulados como gas y electricidad. Sin embargo, para que la regulación funcione adecuadamente, tiene que haber un clima de libre mercado en el sector energético.
Hoy, lo que debiera ser libre según la ley vigente, continúa de alguna manera con valores intervenidos políticamente, situación que arrancó con el kirchnerismo en su afán de reformular las reglas de la economía y violar las del sector. Así, todavía se fijan precios para los combustibles que usan las usinas generadoras y al gas en boca de pozo. Afortunadamente, se acaba de liberar casi por completo el precio del crudo y sus derivados.
La regulación de los servicios en un entorno de libre mercado, que el actual Gobierno aspira alcanzar para 2020, consistirá, como establece la ley, en adecuar y armonizar mediante la tarifa las variables que afectan los intereses de los distintos protagonistas tales como: productores, transportistas, distribuidores , consumidores y al propio Estado.
Entonces, estamos cerca de alcanzar el marco de libre mercado para una adecuada regulación de los servicios, que se complementa con la reciente normalización, de los Entes Reguladores de los servicios de electricidad, ENRE y gas natural, ENARGAS, desvirtuados en sus objetivos por las sucesivas intervenciones del kirchnerismo.
El haber vivido con tarifas congeladas que llegaron a cubrir solo el 10% de los costos del KWh o del M3 de gas y el haberle impuesto a las petroleras valores políticos a las producciones de petróleo y gas, fue un mal negocio que el sistema autoritario le impuso a la ciudadanía, ya que el efímero beneficio de los consumidores por precios bajos se sostenía con inflación crónica, cepo cambiario, y servicios paupérrimos que afectaban en general a las clases de menores ingresos, usaran o no los servicios congelados.
Lamentablemente al no haberse explicitado de entrada esta situación heredada, las actuales autoridades debieron afrontar mayores resistencias a los ajustes, palabra políticamente incorrecta pero que mejor expresa lo que se debía hacer para corregir 13 años de desatinos, a los que se sometió al sector. Fue una de las razones para que se judicializara el tema habilitando a La Corte imponer un criterio de “previsibilidad y gradualismo” a los ajustes. Esto no fue gratis pues introdujo un costo importante en el proceso de recuperación de nuestra economía al mantener subsidios por USD 12.000 millones solo en 2016. Hoy, luego de 2 años, el Estado sigue subsidiando los servicios, prolongando así la caída de la inflación, incrementando el endeudamiento y postergando las inversiones que nuestros inmensos recursos energéticos requieren. Pero la buena noticia es que finalmente en 3 años más concluirá el proceso de normalización del sector energético, el que estará en condiciones de dar servicios de calidad y generar riqueza, acorde con sus inmensos recursos.
Vale la pena el esfuerzo en pos de ese objetivo, consistente en pagar por los servicios y productos energéticos lo que cuestan. Las restricciones al suministro se han reducido sensiblemente y se espera que en dos años más alcancen valores aceptados internacionalmente, como sucedía hace 15 años.
Las distribuidoras eléctricas están enca- rando planes para superar la brecha tecnológica de años de no inversión, avanzando en redes inteligentes que redundarán en un consumo más racional y en el desarrollo del sistema “energía distribuida”, mediante el cual los usuarios podrán interactuar con la empresa distribuidora, inyectando a la red la energía que generen cuando no la utilicen. Facilitará este proceso la significativa caída de los precios de los paneles solares y la aparición de créditos accesibles al público en general.
Otro gran beneficio de la normalización del sector energético, es poder avanzar con Vaca Muerta al ritmo adecuado, esto significa lograr inversiones de más de USD 15.000 millones anuales durante los próximos 40 años.
También permitirá corregir la distorsionada matriz energética que nos dejó el kirchnerismo donde más del 80% de la energía primaria en el país es de origen fósil y donde prácticamente nada hay de eólica ni solar. La normalización del sector y las señales claras que está emitiendo el Gobierno harán posible alcanzar en 7 años el ambicioso objetivo fijado por el Ministro de Energía, que ese tipo de energía limpia produzca el 20% de nuestras necesidades de la energía eléctrica .
En breve vence el plazo para la emergencia eléctrica declarada en 2015 y no será necesario renovarla. También en enero habrá que definir por enésima vez si se continúa con la Ley de Emergencia Económica vigente desde 2002, pero el Gobierno ha decidido no renovarla. Este es un hecho destacable ya que con esta decisión la actual Administración ha priorizado el fortalecimiento institucional por sobre los manejos discrecionales de poder, usuales en los gobiernos anteriores invocando una inexistente “Emergencia Económica”. ■