Tragedia de Once: a dos años de la sentencia, todavía nadie fue preso
La Cámara de Casación sigue sin resolver las apelaciones. Así, no están firmes las condenas contra ex funcionarios y empresarios. Jaime está en la cárcel pero por otra causa.
Hoy se cumplen dos años de la sentencia en el juicio por la Tragedia de Once, en el que fueron condenados 21 de los 28 acusados. Un fallo histórico que, sin embargo, aún no está firme: falta que la Cámara de Casación la revise. De hecho, el único preso es el ex secretario de Transporte, Ricar- do Jaime, pero por otra causa.
En agosto, la querella pidió a esa Cámara que acelere el trámite. Finalmente, este mes hubo tres audiencias de informe, en las que cada parte explicó en qué basa sus apelaciones. Los familiares de las víctimas confían en que las penas sean confirmadas en las primeras semanas de febrero, tras la feria judicial.
En una de esas audiencias, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini -una de las víctimas- habló en representación de los familiares de los 52 muertos en la tragedia. Así, tuvo la oportunidad de “estrenar” la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que les otorga el derecho a participar de las declaraciones de testigos y las habilita a ser querellantes.
Casi dos años atrás, el 29 de diciem- bre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a 21 acusados y absolvió a siete, entre ellos a los ex interventores de la CNRT Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero. Fue a cuatro años del hecho, una sentencia llamativamente rápida para los tiempos que suele manejar la Justicia argentina, y que contrasta con estos dos años de demora.
Entre los condenados figuran el ex titular de TBA, Claudio Cirigliano (nueve años de prisión por estrago culposo y administración fraudulenta contra el Estado); el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi (ocho años de cárcel por los mismos delitos); y su antecesor Ricardo Jaime (seis años por ser partícipe necesario de administración fraudulenta).
De los tres, Jaime es el único preso, pero no por esa condena. Fue detenido el 2 de abril del año pasado por orden del juez federal Julián Ercolini, quien lo procesó por el presunto pago de sobreprecios en la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal. También carga con otras causas por dádivas, enriquecimiento ilícito y sustracción de pruebas.
En tanto, el maquinista Marcos Córdoba fue sentenciado a tres años y medio, mientras que otros ex funcionarios y directivos de TBA recibieron de tres a ocho años.
Tanto los condenados como la fiscalía y los querellantes apelaron, estos últimos para que se revean las absoluciones y para que Jaime también sea castigado por estrago.
En noviembre del año pasado, Raúl Pleé, el fiscal ante la Sala III de Casación, dictaminó a favor de que se con- firmen las penas y que se sentencie a algunos de los absueltos. Pero la Cámara sigue sin expedirse.
“Creo que esta dilación es funcional a la impunidad. Espero que este no sea el caso, pero lo vimos en otros”, se lamenta María Luján Rey. Y agrega: “Logramos una sentencia, pero ese gran logro se diluye cuando los tiempos se estiran, porque uno necesita que las condenas se plasmen en la realidad. Los condenados deberían estar en la cárcel, no pasando las fiestas en su casa”. Con todo, se muestra esperanzada: “No tengo dudas de que van a ratificar las penas. Nada de lo que escuchamos en las audiencias cambia lo dispuesto por el tribunal que dictó la sentencia”.
Para Leonardo Menghini, abogado querellante y tío de Lucas, la demora se debe a que “Casación empezó a estudiar el tema mirando de reojo al Tribunal Oral Federal N° 4 con el juicio a De Vido, porque si esa causa avanzaba podían actuar en ambas de forma conjunta”. Al igual que Rey, también tiene expectativas de que las condenas se hagan efectivas en febrero: “El tiempo transcurrido es más que suficiente para que resuelvan. Estamos confiados, los fundamentos que di hace dos años son detallados”.
El abogado Jorge Sandro, que defiende a Schiavi, considera en cambio que estos dos años entre la sentencia y su confirmación constituyen “un plazo normal si se tiene en cuenta la complejidad y el volumen del caso. No lo veo como algo anormal sino imprescindible para tener en cuenta las argumentaciones de tantas partes y contestarle a cada una”, asegura. ■