Casanello elevó a juicio oral la causa de la ruta del dinero K pero no incluyó a Cristina
Lavado de dinero por US$ 60 millones
El juez envió a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y sus principales colaboradores para que sean juzgados. También incluyó a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, además de Fabián Rossi. Y los mantiene embargados por 600 millones de dólares. Sin embargo, Casanello rechazó el pedido de la Uni- dad Financiera, de la Oficina Anticorrupción y del fiscal para incluir a la ex presidenta en esta causa. El juicio arrancaría a fines de 2018.
El juez Sebastián Casanello dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral y público la causa conocida como la Ruta del Dinero K donde Lázaro Báez está acusado por lavado de activos con un embargo de 600 millones de dólares: diez veces la suma de dinero que lavó. Junto a él irán a juicio sus cuatro hijos: Luciana, Martín, Leandro y Melina, al igual que Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros. Lázaro Báez, el socio comercial de Cristina Kirchner, se encuentra detenido en esta causa, desde abril de 2016. Antes de que cumpla dos años en prisión, se podría tener fecha para el inicio del juicio. La decisión del juez se tomó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan para que se eleve el expediente, al igual que las querellas: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Una de las diferencias con el fiscal y las querellas es que el juez rechazó indagar en esta causa a la ex presidenta.
El juez había hecho el intento de elevar el expediente a juicio oral, pero la Cámara Federal porteña se lo impidió al considerar que le faltaba una instancia determinante: la vinculación de la Ruta del Dinero K con la causa donde se investiga la defraudación al Estado a través de la obra pública. La Sala II entendió que esos flujos millonarios de fondos que recibió Báez en contratos viales, son el “delito precedente”. Parte de ese dinero se volcó a la maniobra delictiva de blanqueo. Después de realizar una vez más las indagatorias, Casanello procesó por tercera vez al empresario K el 25 de agosto con un embargo de 600 millones de dólares. La medida cautelar incluyó por la misma cifra, a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por 2.547 millones de pesos.
Cuando el procesamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, se consignó que quedó “comprobado el delito de lavado de dinero” en el expediente, a través de la estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dó- lares”.
En los primeros meses de 2013 se registró el ingreso en Austral Construcciones de U$S 32.800.000 provenientes de Suiza. Un año después, se congelaron U$S 22.000.000 pertenecientes a la familia Báez, que se encontraban depositados Suiza”. Para el juez, los imputados “formaron una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero” para canalizar fondos de actividades “ilegales ligadas a la corrupción”.
No hay dudas para el juzgado que el empresario K “contaba con una enorme cantidad de dinero negro proveniente de los ilícitos” que constituyen esta causa. Parte de esto que- dó demostrado con las imágenes de la financiera SGI donde se lo ve a Martín Báez contando cerca de 5 millones de dólares. Para lleva adelante las maniobras investigadas, los imputados actuaron a través de diversas relaciones: vínculo familiar (Lázaro Báez y sus cuatro hijos, y Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián) o laboral (tal el caso de quienes se desempeñaban en SGI o en alguna de las empresas de Báez). Esto es un “indicio demostrativo del conocimiento (dolo) que poseía cada uno en cuanto al origen espurio del dinero aplicado en las maniobras”. Así, las maniobras “se ejecutaron de acuerdo a un plan común signado por la división de funciones”, dijo el juez. ■