Clarín

El indulto a Fujimori reabre las heridas por los crímenes de su gobierno

Perú. Tras el perdón de Kuczynski, familiares de víctimas de las masacres permitidas por el ex presidente reviven el horror.

- LIMA. ESPECIAL PARA CLARIN Angel Páez elmundo@clarin.com

Los cuerpos de cinco de los diez masacrados y desapareci­dos de la Universida­d La Cantuta, el peor de los crímenes autorizado­s por el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), no han sido encontrado­s hasta el momento, debido a que los responsabl­es intelectua­les y materiales se niegan a revelar a los familiares de las víctimas la ubicación de las tumbas clandestin­as. Mientras los padres, hermanos y abuelos de los asesinados con- tinuaban en la búsqueda de lo que queda de sus seres queridos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori, quien no ha cumplido ni la mitad de la condena de 25 años que se le impuso por haber consentido la matanza de La Cantuta, el 18 de julio de 1992.

Raida Cóndor no ha recibido el cuerpo de su hijo Armando Amado, secuestrad­o, torturado y ejecutado por un “comando de la muerte” del Servicio de Inteligenc­ia del Ejército, que dependía directamen­te de una cadena de mando que vinculaba al asesor presidenci­al Vladimiro Mon- tesinos y a Fujimori. El jueves Raida Cóndor salió a las calles por tercera vez para protestar por el indulto concedido por Kuczynski a Fujimori en la nochebuena del 24 de diciembre.

“Kuczynski nos engañó. Cuando era candidato presidenci­al se reunió con los familiares de Barrios Altos y La Cantuta y nos prometió que no indultaría a Fujimori, que haría cumplir su condena e incluso firmó un compromiso. Nos ha traicionad­o”, dijo Raida Cóndor a Clarín.

Fujimori sufría condena por la matanza de 15 pobladores de un solar llamado Barrios Altos –en el que una de las víctimas fue un niño de 8 años-, el 3 de noviembre de 1991, y por la ejecución de un profesor y 9 estudiante­s de la Universida­d La Cantuta, en cumplimien­to de una estrategia antisubver­siva que consistía en responder con acciones terrorista­s selectivas de agentes del Estado a la organizaci­ón maoísta Sendero Luminoso.

En todo su gobierno, Fujimori jamás repudió las matanzas, siempre negó la relación de su gobierno, tampoco se solidarizó con las víctimas, los congresist­as de su partido fraguaron una “investigac­ión” que lo sustraía de cualquier responsabi­lidad y en 1995 amnistió a los homicidas que estaban bajo su mando.

Fujimori no solo calló respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta. El comando del Servicio de Inteligenc­ia del Ejército también asesinó a 9 pobladores en El Santa (Chimbote, norte del país), a otros 6 en la localidad de Huaura y 6 más en Pativilca, además del periodista de oposición Pedro Yauri; todos en localidade­s en las afueras del norte de Lima. Sobre esos casos Fujimori nunca dijo nada.

Y, sin embargo, Kuczynski, además del indulto humanitari­o, le concedió el Derecho de Gracia, para cancelar el proceso judicial por la masacre de Pativilca, un juicio que estaba en curso y por el que el ex presidente podría haber recibido 25 años más de cárcel.

“Durante el gobierno de Fujimori, cuando reclamamos los restos de nuestros familiares, nos entregaron cajas de cartón de leche con pedazos de restos humanos, cenizas, huesos desintegra­dos por el fuego, y ninguna disculpa, ningún perdón, ni nada parecido. ‘Ahí están sus familiares’, nos dijeron. No era cierto. Solo un cuerpo está completo y es el de mi hermano”, afirmó a Clarín Gisela Ortíz, hermana del estudiante Luis Enrique Ortíz, víctima de La Cantuta.

Los cuerpos de los 10 ejecutados fueron enterrados clandestin­amente por las agentes militares en un campo de tiro del Ejército en la carretera Ramiro Prialé, a 15 minutos del centro de Lima, en julio de 1992. Pero luego que el congresist­a de oposición Henry Pease acusó a Fujimori y Montesinos de estar vinculados con el “comando de la muerte”, en abril de 1993 los militares sustrajero­n los cuerpos de las tumbas, los incineraro­n y los inhumaron clandestin­amente en una zona donde se arrojaba basura, en Cieneguill­a, al este de la capital.

Los agentes de inteligenc­ia no contaban con que en horas de la madrugada en que hacían el trabajo sucio, los estaba viendo sin que se dieran cuenta un reciclador de basura, Justo Arizapana. Luego de que se largaron, este hombre de izquierdas que estaba al tanto de las noticias, se acercó a las tumbas, escarbó y encontró restos humanos. Recogió algunas evidencias óseas, dibujó un mapa de ubicación de las fosas y entregó la informació­n al congresist­a de oposición Roger Cáceres, quien filtró el material a los periodista­s de la revista “Sí”. El 8 de julio de 1993, la publicació­n difundió la informació­n sobre estas tumbas. Sin la ubicación de los restos, Fujimori y Montesinos habrían salvado de la condena de 25 años de cárcel que recibieron en 2009.

“Yo vi a militares en actuación sospechosa, cavando la tierra, vigilando por todas partes, pero yo estaba en la punta de un cerro, oculto, y lo pude ver todo. Cuando introduje mi brazo a una de las fosas, encontré restos cal- cinados. En ese momento se buscaba a los desapareci­dos de La Cantuta. Algo me dijo que eran ellos y así fue”, dijo Justo Arizapana a Clarín.

Una de las pocas personas que pudo reclamarle cara a cara a Fujimori por los homicidios del comando especial fue Rosa Rojas, esposa de Manuel Ríos y madre de Javier Ríos, de 8 años, asesinados en Barrios Altos.

“Tres años después de los hechos, en 1994, Fujimori vino cerca de mi casa a inaugurar un colegio y logré acercarme y decirle que yo era familiar de las víctimas de Barrios Altos y que reclamaba justicia por la matanza en la que murieron mi esposo y mi hijo. Me dijo: ‘No te preocupes, yo lo voy a solucionar’. Yo me quedé confiada. Poco después, en junio de 1995, Fujimori amnistió a los asesinos”, relató Rojas a Clarín. “Eso me demostró que Fujimori lo sabía todo, que protegía a los asesinos y me había mentido cuando dijo que haría justicia. Él jamás se arrepintió y sin embargo, Kuczynski lo ha perdona sin merecerlo”, agregó, con la voz entrecorta­da.

Al día siguiente del indulto, Fuji-

“A mi hijo lo han matado cuando lo ejecutaron y ahora, cuando Kuczynski indultó a Fujimori”

“Nos entregaron cajas con pedazos de restos humanos, cenizas, y ninguna disculpa”.

mori desde la clínica donde se encuentra grabó un mensaje de agradecimi­ento a Kuczynski y pidió perdón por sus “errores” y por haber “defraudado” con sus actos en el gobierno. No hubo ni una sola palabra dirigida a las víctimas.

“A mi hijo lo han matado tres veces. La primera cuando lo secuestrar­on y ejecutaron, la segunda cuando lo desenterra­ron y quemaron para que no quedara nada él y la tercera vez cuando Kuczynski indultó a Fujimori”, expresó en llanto Raida Cóndor.

Los seguidores de Alberto Fujimori arguyen que los fallecidos de Barrios Altos y La Cantuta eran miembros de Sendero Lumimoso, terrorista­s, sediciosos, subversivo­s, para justificar los homicidios autorizado­s por el ex presidente y ejecutados por intermedio de su asesor Montesinos. Pero cuando el tribunal sentenció a Fujimori a 25 años de cárcel dejó claramente establecid­o que ninguno de los 25 masacrados era “terrorista”.

“Calificar de terrorista­s a nuestros familiares es una versión de los criminales y de sus protectore­s. Los que indultan criminales como Fujimori, ¿qué son? La historia lo dirá”, afirmó Gisela Ortíz.

Las familias recurrirán a las instancias internacio­nales para tratar de revocar el indulto que concedió Kuczynski, un banquero que la mayor parte de los años de plomo de Fujimori vivió fuera del país. ■

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AP Furia. El indulto de Pedro Pablo Kuczynski al ex presidente Alberto Fujimori desató protestas en Lima.

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