El Gobierno presiona a las provincias que aún no aprobaron el Pacto Fiscal
Son nueve, incluyendo tres que gobierna Cambiemos. Interior las emplazó a que adhieran por ley al acuerdo entre Macri y 23 gobernadores. Podrían sancionarlas con el recorte de fondos.
No pudo dos veces pero, al final, Alicia Kirchner logró al caer el 2017, y en una sesión accidentada con piquetes y balas de goma, aprobar el Pacto Fiscal que todas las provincias, salvo San Luis, firmaron con Mauricio Macri.
Un día antes, el jueves 28 de diciem- bre, sin estridencias, se aprobó en Formosa, tierra de Gildo Insfrán. Fue otra parada en un raid de sanciones contra reloj, y en su mayoría exprés, que recorrió Entre Ríos, Catamarca y la provincia de Buenos Aires en la última semana del año.
Según el relevamiento que hizo Clarín, de los 23 distritos firmantes del Pacto Fiscal -22 lo hicieron el 16 de noviembre, Alicia Kirchner la semana siguiente, San Luis no firmó- 14 lograron que sus Legislaturas aprueben el acuerdo que, para no repetir malas experiencias pasadas, la Casa Rosada bautizó “Consenso Fiscal”.
Pero faltan varias que por distintas razones dejaron pendiente el tratamiento para 2018. La mayoría anuncia que lo tratará en sesiones extraor- dinarias en febrero, o en las que se realicen a partir de marzo.
En el Ministerio del Interior, que comanda Rogelio Frigerio, siguen el detalle de esos cumplimientos: no quieren más dilaciones y piden a los gobernadores que apuren el trámite. Lo mismo sucede con la ley de adhesión a la reforma de las ART.
Entre los que todavía no votaron la adhesión aparecen Santa Fe, San Juan, La Pampa, Mendoza y Jujuy. Tampoco lo trataron Corrientes, Chubut, La Rioja y Santiago del Estero.
¿Qué pasa si una provincia no adhiere? Queda afuera del fondo compensador por lo que, según el caso, puede dejar de recibir hasta 1.400 millones de pesos, además de quedar excluidas de la distribución del Fondo Federal Sojero ( ver página 7).
El “Pacto Fiscal” elimina el artículo 104 del Impuesto a las Ganancias que, entre otras asignaciones, crea el Fondo del Conurbano.
Por esa vía, en 2017, las provincias se repartieron más de 50 mil millones. Con ese cambio, más otras derivaciones, en 2018 las provincias dejarían de recibir casi 16 mil millones de pesos que serán compensados por Nación.
Pero para entrar en esa distribución, las legislaturas provinciales deben refrendar la firma al pacto que hizo cada gobernador.
Si para la fecha tope (aún a definir, pero que será fijjada para los primeros meses de 2018) eso no se hizo, Nación empezará a computar como “deuda” las cuotas compensatorias que giró hasta entonces.
En las provincias donde la adhesión no avanzó hablan de “cuestiones de tiempo” o “técnicas”. En rigor, tres de las cinco administraciones en manos de Cambiemos no lo hicieron. Aunque en Capital y Buenos Aires se aprobó, en Mendoza, Jujuy y Corrientes quedó para más adelante.
El caso más paradójico fue el de Santa Cruz: la gobernadora firmó el Pacto Fiscal, entre cuyos puntos estaba el respaldo a la reforma previsional, pero sus diputados y senadores votaron en contra. Aunque luego el FpV santacruceño aprobó la adhesión.
En Casa Rosada no detectan rebel-
días preocupantes en las provincias y consideran que para marzo los 23 distritos firmantes habrán hecho los deberes sobre el pacto: la adhesión y el trámite para retirar de la Corte Suprema de Justicia las demandas contra la Nación.
En paralelo, deben ponerse en línea con el cronograma de baja de impuestos provinciales, en particular Ingresos Brutos y Sellos, al que se comprometen en el acuerdo. Esas correcciones tributarias, en la que el mapa provincial se muestra irregular, se fue haciendo con leyes específicas, las normativas fiscales atadas a los presupuestos provinciales.
Como contó Clarín, en el Máximo Tribunal se acumularon más de 40 acciones provinciales por fondos federales. Varias presentaciones refieren al artículo 104 de Ganancias, que fue eliminado por el Congreso. María Eugenia Vidal es quien de
be dar el paso mayor: desactivar la demanda por el Fondo del Conurbano, que fue la carta que Macri puso sobre la mesa para negociar con los gobernadores que temían que un fallo cortesano perfore las cuentas provinciales.
Queda, suelto, el caso de San Luis. Alberto Rodríguez Saá decidió no adherir al Pacto Fiscal, mientras espera que la Casa Rosada se siente a discutir el pago del retroactivo por el 15% de ANSeS. La provincia tiene, al igual que Santa Fe, una sentencia a favor.
Así y todo, no cobrará compensaciones ni entrará en el reparto del Fondo Sojero.