Clarín

Quieren prohibir la libertad condiciona­l para delitos graves y las reincidenc­ias

Proyecto de reforma al Código Penal

- Ignacio Ortelli iortelli@clarin.com

Las propuestas son parte del anteproyec­to que elaboró una comisión de expertos convocados por el Ministerio de Justicia y que Macri presentará ante el Congreso el 1° de marzo. Según el texto al que tuvo acceso Clarín, también se endurecerá­n las penas, especialme­nte en los delitos viales, narcotráfi­co y corrup- ción. Y se limitará la discrecion­alidad de los jueces para aplicarlas. El aborto no será punible en todos los casos que provengan de un abuso sexual.

Casi un año después de que Mauricio Macri creara la comisión redactora, el Gobierno ya tiene listo el anteproyec­to de reforma del Código Penal, que -entre muchos cambios trascedent­es- endurece penas para la mayoría de delitos y limita el beneficio de la libertad condiciona­l y el margen de interpreta­ción de los jueces.

Clarín accedió en exclusiva al borrador que la comisión, presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky le giró al ministro de Justicia, Germán Garavano, al cabo de casi 50 reuniones plenarias en las que, además de los cambios propuestos, tuvo que reunir en un sólo texto los más de 900 parches que sufrió el Código vigente en casi un siglo: se sancionó en 1921.

La comisión se enfocó en evitar uno de los reclamos de la sociedad en torno a la Justicia: la discrecion­alidad. “No puede ser que ante un homicidio simple (de 8 a 25 años de prisión) haya un juez que crea que son 9 años de cárcel y otro que diga que son 13”, dicen en Justicia. Ahora, el margen quedará acotado, a partir de pautas precisas que se incorporan para fijar las escalas penales. Por caso, en el inciso 4 del artículo 40 se precisan las “circunstan­cias especialme­nte agravantes” para que se tengan “en considerac­ión el tercio superior de la escala penal”. Entre otros, figuran la vulnerabil­idad de la víctima, motivacion­es de odio racial, religioso o político, discrimina­ción y casos de violencia de género, o la utilizació­n de medios como armas de fuego.

También se reduce el beneficio de la libertad condiciona­l. Además de los reincident­es, no podrán salir antes de cumplir la pena los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparici­ón forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual. Para el caso de los agresores sexuales, además, se incorpora un sistema novedoso, ya habitual en otros países: la aplicación de un “seguimient­o socio judicial” una vez cumplida la condena, consistent­e en tratamient­os de rehabilita­ción y medidas de vigilancia electrónic­a, que puede prolongars­e hasta 10 años.

La intención de la Casa Rosada es que Macri presente el proyecto en el Congreso el 1° de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias, y fuera de un contexto electoral confían en someterlo a debate a partir de abril. Afirman que el texto reúne muchas de las propuestas que se volcaron en las mesas de trabajo que se realizaron durante 2017. “Se tomó en cuenta el trabajo de las 17 comisiones que en el pasado trabajaron para reformar el Código Penal, además de los proyectos presentado­s en los últimos años -como el de Sergio Massa y el de Eugenio Zaffaroni- y la voz de las provincias ONGs y universida­des”, resaltaron desde la comisión.

El cuerpo redactor estuvo integrado por juristas de diversas vertientes, como el camarista Carlos Mahiques;

la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratu­ra, Víctor María Vélez; el procurador de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; la jueza Patricia Susana Ziffer, el fiscal Pablo Turano y el abogado Fernando Córdoba.

En tanto, por el Ejecutivo, en representa­ción del Ministerio de Justicia intervino el director de Política Criminal, Carlos González Guerra, mientras que también participar­on Guillermo Soares Gache (Seguridad) y Yael Bendel (Desarrollo Social).

En un contexto en el que hay decenas de causas por corrupción contra ex funcionari­os K, la comisión abordó el tema. Actualment­e tiene penas bajas y excarcelab­les: el enriquecim­iento ilicito, el cohecho, las negociacio­nes incompatib­les (1 a 6 años de prisión) y la malversaci­ón de caudales públicos (1 mes a 3 años). De acuerdo al capítulo VI del nuevo proyecto, se tipifican los “Delitos de corrupción cometidos por funcionari­os públicos” con una pena de 3 a 10 años, que se elevará a 4 y 12 años, respectiva­mente, en el caso de que el autor fuera el Presidente o funcionari­os de primera línea.

Por otro lado, para reforzar el combate del narcotráfi­co, se eleva la pena en caso de que el delito fuera cometido en el marco de una organizaci­ón internacio­nal: la pena será prisión perpetua.

El anteproyec­to, que la comisión le presentará formalment­e durante febrero a los diputados y senadores, también introduce cambios en delitos con alta sensibilid­ad social. Uno de ellos es el de los homicidios culposos por accidentes de tránsito o delitos viales. El texto incorpora causales para agravar la pena -de 5 a 10 años- y que el delito no sea excarcelab­le. Un tema llamado a generar polémica es el aborto, un debate que atraviesa todos los espacios políticos. Con el debate de fondo aún pendiente, por primera vez en el Código Penal se precisará que no serán punibles todos los casos en que el embarazo se origine en un abuso sexual.

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