Descubren más desvíos de fondos en la UTN, la universidad preferida de De Vido
Una nueva auditoría sobre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - la universidad preferida del ex ministro de Planificación Julio De Vidodescubrió graves falencias en convenios de cooperación bilateral con el gobierno de Cristina Kirchner. En particular, el informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la auditoría interna de la UTN nacional descubrió la falta de rendición de cuentas sobre 181 millones de pesos que le otorgó entre el 2009 y el 2015 el ministerio de Desarrollo Social -entonces a cargo de la actual gobernador de Santa Cruz, Alicia Kirchner- para controlar el plan Argentina Trabaja. En un infor- me de 34 páginas al que accedió Clarín en fuentes judiciales, se recomieda que la UTN nacional se presente como querellante en las causas judiciales abiertas contra la regional La Plata. El informe lo tenía en su poder desde principios del 2017 el ex rector de la UTN Héctor Brotto -ligado a De Vido- quien omitió presentarse como querellante. Su reemplazante, a partir del mes pasado, Hector Aiassa deberá decidir qué hace con esta brasa política y judicialmente caliente.
La metodología de desviar fondos nacionales del ministerio de Planificación Federal, a través de universidades públicas, tiene hasta ahora su máxima agujero negro en la regional Santa Cruz de la UTN que fue usada para las maniobras detectadas en la mina de Río Turbio y que Clarín ade- lantó el sábado en exclusiva. De Vido está procesado y detenido por las causas Río Turbio y Gas Natural Licuado (GNL). Estos convenios sirvieron, según el fiscal Carlos Stornelli, para que De Vido evitara llamar a licitación pública, entre otras maniobras.
Ahora se descubrió que el ministerio de Planificación hizo la misma intermediación con la UTN La Plata por un total de 376 millones de pesos, que se suman a los 181 del ministerio de Desarrollo Social. Ahora si se suman todos los los organismos nacionales que hicieron convenios con la UTN La Plata en ese período se llega a la astronómica cifra de 859 millones de pesos. En la mayoría de estos casos, la regional La Plata se quedaba con el 17 por ciento de lo facturado y de ese total 7,5 eran para la fundación. Para la auditoría, el “7,5 de ese 17 que cobraba la fundación era un sobrecosto sobre los servicios prestados”.
Luego de una investigación de Clarín en el 2016 sobre los fondos del ministerio de Desarrollo Social, se abrió una causa en el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. Hasta fin de año, en la causa no se había llamado a indagatoria a ninguno de los imputados. En las conclusiones se, recomienda que las autoridades de la universidad a nivel nacional y local deberían hacer un “deslinde de responsabilidades” en las causas penales abiertas, más allá del sumario interno que se puso en marcha. Este punto se basa en el artículo 177 del Código Procesal Penal que establece la obligación de los funcionarios de denunciar delitos contra el Estado. En el informe se detectó “la existencia de debilidades en el control interno”, de una contabilidad auxiliar de la regional La Plata y la falta de registros de los movimientos financieros de la fundación. También recomienda directamente que se prohiba a este tipo de fundaciones asociadas administrar fondos del Tesoro Nacional. ■