El juez del caso veranea en una casa de US$ 800 por día en Punta
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien el dirigente sindical Omar “Caballo” Suárez acusó de haber haber pedido a través de un tercero un supuesto soborno para excarcelarlo en 2016, alquila una casa por 800 dólares por día en el exclusivo balneario de José Ignacio, Uruguay, para pasar las vacaciones.
La casa ocupa dos lotes de 2.000 metros aproximadamente, de los cuales tiene unos 300 metros cubiertos y una pileta. Por su ubicación, tiene una bajada exclusiva y excepcional vista a la playa Brava en la localidad de José Ignacio, cerca de Punta del Este. Está en el llamado club de mar Santa María de los Médanos y se paga de alquiler en enero entre unos 800 y 1000 dólares por día, según fuentes inmobiliarias del sector.
Frente a la casa, cubierta por ár- boles y entre los médanos, se estacionan en estos días una camioneta 4x4, un arenero, un auto y dos motos. Consultado por Clarín, Canicoba aclaró: “La que alquila la casa es mi esposa como lo hace desde hace más de diez años”. “También le quiero recordar que gano (aproximadamente) más de diez mil dólares por mes y que mi esposa es abogada y gran contribuyente” de la AFIP, agregó el magistrado.
Canicoba se fue de licencia a fines de diciembre y en su lugar quedó subrogando su juzgado el juez Luis Rodríguez, quien le concedió una polémica prisión preventiva al ex dirigente del SOMU y sindicalista preferido de Cristina Kirchner.
Canicoba le había negado cuatro veces la excarcelación a Suárez en la causa por asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables. El “Caballo” está procesado y detenido desde septiembre de 2016. Sin embargo, Suárez había denunciado un supuesto pedido de soborno de medio millón de dólares para conseguir su prisión preventiva y la causa quedó en manos de la jueza María Servini. En septiembre pasado, el sindicalista había sido trasladado desde la cárcel de Marcos Paz hasta Comodoro Py para ratificar la denuncia.
Suárez confirmó que un supuesto “emisario” judicial le pidió 500 mil dólares para gestionarle, a través de sus influencias, la prisión domiciliaria. Según la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de setiembre del año pasado, cuando un empleado del juzgado que lo tiene detenido “inició la maniobra a través de su hija, María Lorena Suárez”. El empleado, siempre de acuerdo a la presentación, le pidió a su hija su número de teléfono celular, “informándole que alguien se iba a comunicar con ella, que la iba a llamar una persona que podría encausar el expediente”.
“Mi hija al salir de Comodoro Py recibió el llamado de un profesional, informándole que era un abogado que sabía lo que le estaba sucediendo y que podía mejorar la situación de mi persona si se lo contrataba”, indicó Suárez. En ese contexto, le pidió supuestamente la coima en “un esquema de pagos escalonados”. ■