Justicia: la mala costumbre de hibernar en verano

Allá lejos y hace tiempo, algunos argentinos acostumbraban tomarse todo el mes en la Costa. Se instalaban en Mar del Plata, plantaban sombrilla y pasaban enero completo con los pies en la arena. Era un país donde las sesiones ordinarias del Congreso comenzaban recién el 1° de mayo y las heladerías cerraban de otoño a primavera. En esa sociedad algo pacata y naif, los psicoanalistas se escapaban febrero entero, las pocas farmacias de turno se buscaban en el diario y los domingos costaba encontrar un negocio abierto (lo mismo que cualquier día a la hora de la siesta). De esa Argentina queda poco. Los tiempos cambiaron y se aceleraron. La exigencia es otra. Sin embargo, ciertos anacronismos se mantienen. Por ejemplo, la Justicia y su feria de enero: 31 días en los que virtualmente se paraliza el Poder Judicial, lapso al que deben sumarse otros 15 días durante julio. En 2018, un atavismo.

Nadie pone en duda el derecho de los empleados judiciales a gozar de vacaciones. Se cuestiona si el “servicio Justicia” puede entrar en hibernación un mes. Se trata de plantearse si a esta altura no es un auténtico disparate que juicios trascendentes para la cosa pública, como el que tiene a Julio De Vido en el banquillo por la tragedia de Once, se tomen 31 días de descanso. O el que enfrenta Amado Boudou por la compra de Ciccone, la fábrica de hacer billetes, cuando era ministro de Economía. De hecho, cabe preguntarse si ambos ex funcionarios no están indignados por la demora. Cualquier acusado que se sepa inocente lo estaría.

En realidad, la feria judicial no es defectuosa por el atraso de un par de causas de corrupción, por más graves que éstas sean. El problema se agiganta por los otros miles y miles de expedientes que se retrasan: indemnizacio- nes que no se cobran, adopciones que no se celebran, divorcios que no se concretan, procesados que no son juzgados...

El debate para modificar esta antigualla no es nuevo. El Gobierno intentó darlo en varias oportunidades a través del ministro de Justicia, Germán Garavano, e insistió vía el propio Mauricio Macri, en octubre pasado. En ese momento, buena parte de la corporación judicial (jueces, gremialistas y abogados) se opuso con un argumento curioso: la Justicia tiene tantos problemas que éste no es el más urgente ni importante; por lo tanto, puede (y debe) postergarse su tratamiento. En el oficialismo, en tanto, tiraron la pelota afuera: decidieron que sea la misma Corte Suprema la que plantee la necesidad de la reforma cuando lo considere necesario. Tampoco es cuestión de pelearse con los jueces justo ahora que despertaron y pusieron su mira en la corrupción K.

El defecto arranca con el enfoque del asunto. En lugar de pensar tanto en los miembros de la corporación, debería priorizarse a aquellos a los que la Justicia sirve: los ciudadanos. Podrían comenzar por el cambio de horario de atención, hoy de 7.30 a 13 (lo mismo habría que decirles a los bancos: ¿no es momento de que funcionen de 9 a 19?). Y seguir con la persiana abierta todo el año.

Porque la administración de Justicia es demasiado importante para un país como para prescindir de ella 45 días al año. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, una ONG de abogados independientes, calcula que “la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector”. En un país con las urgencias del nuestro, que perdure semejante obsolescencia es un lujo que no puede darse. ■

La administración de Justicia es demasiado importante como para prescindir de ella 45 días.