Macri se hace transversal, la Corte vigila la inflación y debuta un radical
Arrancó el año. El Presidente despunta más reformas. Los cambios jubilatorios, bajo la lupa judicial.
La agenda secreta del presidente Macri para 2018
Convencido de la esterilidad del método de la confrontación, Mauricio Macri arma la agenda secreta de 2018 –año decisivo para la continuidad en el poder de Cambiemos– bajo el paraguas de la transversalidad. Ha visto a las mejores mentes de su generación destruidas por la locura de la polarización y encuentra, como otros gobiernos que en el mundo, una salida por la transversalidad. Se trata de armar situaciones en las que los propios y los adversarios saquen provecho, aunque fuera circunstancial –como lo es todo en la vida y en la política– a la espera de ese momento de gracia de todo político, y que llega tan pocas veces en la vida: asentar el poder en una mayoría de votos. Esto no lo tiene la oposición, pero tampoco lo tiene el oficialismo, que sigue subido al alambrado festejando el año legislativo en el cual logró un nuevo estatus que parecía imposible. Cerró las emergencias, repartió la riqueza –eso es revolución–, maniató al peronismo, terminó con juicios billonarios con las provincias, que pasan por mesa de entrada para cerrar demandas que en otro momento de la historia hubieran causado una guerra civil. ¿Que la plata se la lleva Vidal? Siempre el más grande se llevó la plata, antes era Duhalde, ahora es Vidal. Pero esa plata no compra ningún futuro, que depende de otras virtudes –y de otros vicios también–.
Una caída, pero con red
Entiende Macri que la transversalidad tiene que lubricar su agenda secreta ante constancias hirientes como la caída en la adhesión del público. Una marca amiga, Poliarquía, midió a fin de año la baja del apoyo de la gestión en 8 puntos, la imagen del Gobierno en 13, y la evaluación positiva de la gestión en 10. El índice de Optimismo Ciudadano –una especie de rating de la felicidad colectiva– está en el límite entre el optimismo y el pesimismo social. Macri mira estos números con menos ansiedad que sus campañólogos, que ofician en los altares del marketing. Él sabe que el apoyo a su Gobierno depende de una estrategia que va más allá del marketing y que se basa en mantenerse como la opción del público moderado de centro, que radica en los grandes distritos, los que deciden las elecciones. En las últimas, como en los sondeos que le acercan hoy, el público de Macri y de Cambiemos no tiene ninguna razón para cambiar su adhesión y sindicarla en otro partido o en otro candidato. Eso es lo que tiene que cuidar en una caída, pero con red.
La reforma penal, un oportuno homenaje a la transversalidad
Cuidar ese equilibrio se hace con transversalidad, ejercida hasta en gestos redundantes. Así se explica la instrucción a funcionarios y caciques legislativos del oficialismo para que concentren la atención de la rentreé de la temporada política, en la reforma penal. La inseguridad es una demanda dominante, pero quedó atrás el debate entre garantistas y gatillo fácil. En realidad ocurrió con la última reforma del Código Penal, que hizo una comisión multipartidaria conducida por Raúl Zaffaroni, asistida por Roberto Carlés –el no- nato candidato cristinista a la Corte fue el coordinador del trabajo– y de la que participaron el conservador Federico Pinedo, el peronista León Arslanián y el radical Ricardo Gil Lavedra. El proyecto quedó fuera de juego con el debate electoral, pese a que tenía el acuerdo de todas las partes, incluso del Papa Francisco, que hizo lo que pudo para que fuera ley, pero ni la oposición lo habilitó ni Cristina quiso dar la pelea en el Congreso. Mas aún, amagó con un segundo proyecto menos garantista que nunca caminó. El mes que viene, la nueva comisión que maneja el juez Mariano Borinsky le entregará al Ejecutivo el nuevo proyecto que respeta las grandes líneas del anterior. No podría ser de otra manera porque en la anterior comisión Zaffaroni era el más moderado, Pinedo el más conservador y el más garantista era Gil Lavedra. Este último es asesor del ministro Germán Garavano, conduce el proyecto Justicia 2020, y no va a dejar que se aparte mucho un proyecto del otro. Macri centrará su discurso de apertura del año legislativo en la necesidad de que se apruebe este proyecto. Lo hará seguro de que la oposición lo votará. El peronismo, además, tiene la conducción de la comisión bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal, ya aprobado, y al que sólo se hará algún retoque. Rodolfo Urtubey es quien garantiza que el nuevo código se aplique pronto, según el modelo gradualista aprobado en el anterior Gobierno. Regirá primero en Salta y en Tierra del Fuego, y con los años irá llegando al centro. Sobre bicamerales: ¿los tapones de punta son un instrumento de tortura? Diana Conti debuta en el llano como integrante de la Bicameral contra la Tortura, en representación de los diputados. Cuando Alberto Nisman tenía cita en el Congreso para explicar su denuncia contra el Pacto con Irán, ella prometió esperarlo “con los tapones de punta”. Nisman nunca llegó.
Amenazante: la Corte le vigilará la inflación a Macri
Macri tiene la mirada puesta en la Suprema Corte, porque ya tomó conocimiento de que va a esperar a que transcurra el año para decidir qué va a hacer con la reforma previsional. El Gobierno festeja que logró que un juez subrogante, que no pertenece a la “orga” de lo que cree es una mafia de jueces de la seguridad social, se quede con todos los expedientes de queja contra la norma. Pero el tema llegará a finales de año a la Corte nacional, y el Gobierno sabe que tiene ese lapso para cumplir con la promesa de la mesa de los CEO a Lilita Carrió: que en diciembre próximo el aumento a los jubilados será superior a la inflación del año. Se lo prometieron a la jefa de la Coalición por escrito –antes del tratamiento de la ley en el Congreso– Nicolás Dujovne y Emilio Basavilbaso. La base de esa confianza es el promedio de inflación que calculan las consultoras privadas que contrata el Gobierno. Alguien puede dudar de que Carrió, si no le cumplen, dinamite la coalición un año antes de las elecciones. Pero quien vigilará que eso se cumpla es la Corte, que en charlas informales y sin expedientes en la mesa, tiende a creer, en la mayoría de sus integrantes, que el nuevo sistema de cálculo, en la letra, quita derechos a los jubilados porque la fórmula es más mezquina. Admiten en esas charlas informales en los lustrosos y vacíos pasillos del 4° piso de Tribunales –de feria– que, si la inflación resulta menor al aumento, avalarán la ley. Se explica el celo, porque la fórmula cambia la jurisprudencia del tribunal, y eso se dice fácil, pero cuesta que ocurra. Y si no, marche un Badaro con fritas. Son cosas que debe arreglar la política, dicen en la Corte. Lo dijeron hace años, y cuando el Congreso demoró la reparación a los jubilados, salió el fallo Badaro II que puso
la fórmula, y le complicó durante años las cosas a los gobiernos del matrimonio Kirchner.
El 2x1 que enrareció relaciones
Este entuerto va a durar todo el año, y es una amenaza que hará necesaria una muñeca transversal. Hay jueces de la Corte que tienen pedidos de juicio político, entre ellos Ricardo Lorenzetti, y el Congreso no se los cierra. Cambiemos tiene la llave, porque el peronismo ha mocionado, a través de Miguel Pichetto, que es una irregularidad que debilita al sistema institucional. Pero Carrió presiona sobre Lorenzetti y la oposición cristinista hace lo mismo sobre los jueces que firmaron el fallo del 2x1 (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton). Las relaciones se resintieron por este polémico fallo, que se derrumbó después una ley relámpago que se votó por unanimidad, con moción y ausencia de Carrió y un solo voto en contra. Esa sentencia la quiso el Gobierno, por razones que alguien deberá explicar alguna vez. El juez Rozenkrantz, que cumple las mismas funciones de liaison política entre la Corte y Olivos que antes tenía Zaffaroni con Cristina, pidió ese expediente apenas asumió en el Tribunal y fogoneó para que se tratase y se aprobase. Salió como quería la mesa de asesores jurídicos del presidente –entre quienes no abundan los defensores de terroristas–, pero arrastró a una crisis al propio Gobierno que lo obligó a emplear su herramienta más fuerte, Carrió, para desandar el camino. ¿ A qué público iba dirigida esa sentencia, se preguntan todos en la justicia, cuando el voto de la familia militar siempre va a estar con Macri? ¿Hubo un compromiso electoral de Macri –no de sus socios radicales, se entiende– para que saliese una sentencia que no pudo aplicarse y quedó como algo testimonial? A lo mejor sólo se quiso dar esa señal testimonial para aferrar apoyos preexistentes.
La “reflexión interesante” de Lorenzetti a Peña
Desde entonces –ocurrió en mayo– las relaciones son delicadísimas, y pueden serlo más con la Corte herida, porque no le cierran los pedidos de juicio político, pero abocada a controlarle la inflación al Gobierno para avalar, o no, la reforma previsional. Esto explica que las consultas se intensifiquen. Aquel jueves negro cuando fracasó la primera sesión por la ley previsional, un grupo de la mesa chica mocionó por la firma de un DNU con el proyecto. Había que decirle a la oposición y al público quién mandaba. Se dijo que había un decreto firmado por todos los ministros, menos Macri. Una fantasía, porque los decretos ya no giran con firmas, como antaño; las firmas hoy son electrónicas, los decretos se firman por tuiter, whatsapp y hasta por Instagram (a eso hemos llegado, señora). Pero sí hubo presión sobre Macri para sacarlo. Lo impidieron Carrió, Mario Negri, jefe de la bancada radical, y el asesor Fabián Rodríguez Simón. Igual Marcos Peña tomó el teléfono y lo llamó a Lorenzetti: “Estamos pensando en un DNU para la reforma previsional”, le dijo. El jurista de Rafaela se acomodó y respondió, lacónico: “Si sacan un DNU con un proyecto que tiene media sanción, ustedes verán cómo diablos van a hacer para que vuelva a sesionar el Congreso”. Peña: “Es una reflexión muy interesante. Se la voy a dar a conocer al Presidente”. Ahí murieron los sueños pretorianos de los duros de la mesa presidencial.
Debut con el presidente radical
La transversalidad también tiñe los actos políticos de la agenda de Macri. Mañana va a estar en San Rafael, Mendoza, en el primer acto público con el presidente de la UCR, socio principal en Cambiemos. Alfredo Cornejo le pidió que estuviera en la inauguración de una ruta de esa ciudad, que es el santuario de los Félix –etnia peronista, Chafí, el padre, fue tres veces intendente, sus hijos Omar y Emir se ha turnado en el cargo que fue también de Ernesto Sanz–. Cambiemos ganó allí las elecciones por pocos puntos en todas las categorías, lo que ilusiona a los radicales con el regreso al poder en la ciudad más importante del sur mendocino. En el partido todos están atentos a esa reunión, porque circula entre los dirigentes el documento de Jorge Lapeña, gurú energético, que critica el proyecto macrista de vender las acciones del Estado en Transener. Esto fuerza la cita de mañana, que implica la presencia de Macri en la ciudad por apenas media hora. El documento es la médula de un pedido de informes que estudian los jefes legislativos, para que les expliquen en dónde está el negocio de deshacerse de acciones de una empresa rentable, que es un monopolio natural (tiene a su cargo la transmisión de alta tensión) y que tiene un objetivo estratégico. De eso está enterado, por supuesto, Cornejo como jefe del partido y es un tema más que delicado, porque divide aguas en Cambiemos, tanto que el año pasado Macri firmó la compra de las acciones que le dan al Estado el control de la compañía. Por iniciativa de Sanz y Lapeña, contra la opinión de Aranguren, que ahora manda a venderlas. Y ojo: todavía tiene que opinar en este debate Carrió.