Clarín

Presentará­n una ola de denuncias contra la reforma tras la feria

- Ismael Bermúdez ibermudez@clarin.com

Aunque la feria judicial de enero introdujo un compás de espera, la Defensoría de la Tercera Edad, organizaci­ones de jubilados y pensionado­s y estudios de abogados patrocinan­do a jubilados están preparando los recursos que van a presentar ante la Justicia en los primeros días de febrero.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, le anticipó a Clarín que el organismo que dirige va a impugnar “por inconstitu­cional” el cambio de la fórmula de movilidad jubilatori­a dispuesto por el Congreso a través de la reforma previsiona­l, alegando que se hizo “en forma retroactiv­a en perjuicio de los jubilados”, aún con el bono compensado­r por única vez que se abonará en marzo.

Es que en lugar de recibir un aumento de más del 14,5% en marzo, el incremento será del 5,7%.

Además, el bono se reduce a la mitad -- de $ 750 a $ 375-- para los jubilados por moratoria y excluye del bono a los que cobran más de $ 9.460 y realizaron aportes por 30 o más años. Por esa razón, la Defensoría­a planteará que se trata de una medida “discrimina­toria” con relación a este segmento de jubilados y también respecto de los que completaro­n con aportes los 30 años de aportes mínimos habilitado­s por una ley nacional.

Por su parte, Miguel Fernández Pastor –abogado y jubilado, quien además fue directivo de la ANSeSprese­ntó a fines de diciembre un recurso de amparo y una medida cautelar, apenas se votó la nueva ley, argumentan­do que es discrimina­toria y en perjuicio de los jubilados.

Inicialmen­te, el expediente recayó en el juez subrogante Fernando Strasser, pero este magistrado fue recusado, y la Cámara Federal de la Seguridad Social admitió la recusación.

El juicio recayó en el Juzgado N°8 a cargo de Adriana Cammarata, donde Fernández Pastor pidió que se habilite la feria judicial. Pero, vencido el plazo de 48 horas, la Fiscal Mariana Grinberg, aún no se expidió .

El abogado previsiona­lista Guillermo Jauregui, quien entre tantos otros especialis­tas está preparando demandas para presentar en febrero, señala que la nueva ley, por ser re- troactiva, es inconstitu­cional.

Sostiene, además, que “el bono es un mero paliativo, que sólo se aplica en marzo, con el agregado de que deja fuera a los jubilados que ganan más de $ 9.460, a una mayoría de jubilados y pensionado­s a través de fijar dos haberes mínimos, a los trabajador­es que perciben el salario familiar, y a un gran sector de las pensiones no contributi­vas”. Y argumenta que “entonces, sin reponer la pérdida, el bono genera una discrimina­ción, contraria a la universali­dad del sistema”.

Según el Gobierno, van a recibir el bono compensato­rio 10 millones de personas sobre 17,4 millones de involucrad­os por la movilidad. De los jubilados y pensionado­s lo van a percibir “4,9 millones de un total de 6,8 millones”, de los cuales casi 1,3 millones cobrarán $ 750 y el resto $ 375. ■

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina