En el Gobierno admiten un “alto costo político” por el cambio previsional
Encuestas que maneja la Rosada señalan de 8 al 10% de caída en la imagen de Macri. Fue “el tema” del Congreso.
La polémica reforma previsional fue convertida en ley a las siete y cinco de la mañana del martes 19 de di- ciembre, en votación ajustada ( 127 a 117, y 2 abstenciones) después de una batalla campal en las calles, con un Congreso cercado por vallados en una zona que pareció militarizada. Y fue en un segundo intento, luego de que se cayera la violenta sesión del jueves previo, en medio de un escándalo en el recinto.
“Hace veinte días no había este clima en las calles”, decían diputados peronistas cuya “sensibilidad de político” los empujaba a votar en contra, pese a provenir de provincias muy comprometidas con el pacto fiscal con la Casa Rosada, que iba atado al cambio jubilatorio. Se referían a que las cosas no iban a ser tan fáciles como la media sanción en el Senado, el 29 de noviembre cerca de la medianoche. En esa Cámara donde no se suele alzar la voz y guardan cuidado con los modales se oyó a senadores opositores hablar de “saqueo a los jubilados”, de “ajuste neoliberal”, de “tragedia histórica”, o en el cierre del debate Miguel Angel Pichetto, de “tarea ingrata de votar esta ley”.
La tormenta se incubó en apenas veinte días, cambió el humor social y pareció dejar en el recuerdo el envión de optimismo que dejó el triunfo general de Cambiemos en las legislativas de octubre. La antipática reforma jubilatoria se cuenta entre los factores de una caída en la imagen de Mauricio Macri de entre 8 y 10 puntos en diciembre, en paralelo con la baja de expectativas sobre el futuro del país. En esa percepción, según los analistas, hay que anotar también la inflación persistente (que obligó al anuncio de cambio de metas un día después de sancionarse el Presupuesto 2018) y los aumentos de tarifas del transporte y de los servicios esenciales, mientras la “lluvia de inversiones” -la gran ilusión ante una administración claramente pro-mercado- sigue lejos de verificarse. Como informó Clarín el domingo, el Presidente es consciente de esta merma de su popularidad pero dice estar dispuesto a “pagar costos”, a ser “antipático” para “impulsar las reformas” que a su juicio deben hacerse.
Vale recordar que cuando la oposición logró voltear la primera sesión en Diputados, el Gobierno exploró la posibilidad de sacar la reforma por DNU, un camino rápidamente abortado por Elisa Carrió con un simple tuit advirtiendo que era inconstitucional. Estos límites -en ese caso el de su propia incómoda aliada- vuelven a verificarse ahora. Ayer se supo que el Gobierno, ante las persistentes diferencias en la CGT y la falta de apoyo legislativo decidió congelar la reforma laboral que quería ver plasmada en extraordinarias en febrero ( ver página 6).
La reforma jubilatoria, con un “ahorro” para la ANSeS de entre 60 y 80 mil millones de pesos (según distintos cálculos que se hicieron) era el punto clave para el paquete económico legislativo que impulsaba el Gobierno, porque de este “recálculo” dependía el Pacto Fiscal, uno de cuyos ejes era la “solución política” al Fondo del Conurbano (evitar la demanda de Buenos Aires, que caminaba firme en la Corte Suprema) sin afectar coparticipación a las provincias, que era el terror de los gobernadores. En los debates en el Parlamento, el “beneficio” del pago del 82% móvil que empieza a llegar ahora a 1,3 millón de jubilados que aportaron 30 años, fue mucho menos ponderado. ■