El Consejo concentra el 20% de la planta del Poder Judicial porteño
La Magistratura podría apurar los ajustes, tras la revelación de Clarín sobre el plan que amplió los contratos.
Uno de cada 5 empleados del Poder Judicial de la Ciudad trabaja en el Consejo de la Magistratura. El organismo encargado designar y enjuiciar a los jueces concentra cerca del 20% de los 5600 empleados judiciales porteños. Además, cerca del 40 por ciento son de alto rango, mientras el 60% ocupan cargos administrativos. El Ministerio Público concentra más de un tercio del total; mientras que los encargados de impartir Justicia son los menos.
Del presupuesto de $ 4280 millones del Consejo se cubren los salarios y la estructura del organismo y, también de las cámaras y juzgados de primera instancia de los fueros Penal, Contravencional y Faltas, y del Contencioso administrativo y Tributario de la Capital. La resolución 1260 de 2015 ordenó congelar el ingreso y egreso de empleados. La medida se ratificó en 2016 y en 2017, aunque no impidió que parte de la planta política -que tiene otra regulación- se engrosara.
Ahora, tras la revelación de que el Consejo creó 3 nuevas direcciones generales, cuatro direcciones simples, incorporó cuatro empleados jerárquicos y reasignó funciones para otros 40 a pesar de la orden del presidente Mauricio Macri de ajustar, las autoridades del organismo decidieron adelantar para antes de fin de mes el plenario para sancionar un
La primera etapa de recortes prevé la reducción de la planta de 1037 empleados a 850.
recorte de aproximadamente el 20%.
“No hay fecha fija aún para el plenario”, destacaron allegados a la presidenta del organismo Marcela Basterra, que responde al jefe de Gobierno. Sin embargo, ya hubo contactos entre los consejeros para explorar la posibilidad de adelantar la sesión a pesar de la feria judicial. Necesitan que 6 de los 9 consejeros garanticen su presencia. “Sería una medida sin precedentes”, destacaron fuentes que conocen a la perfección el funcionamiento del organismo.
En público, Horacio Rodríguez Larreta había tomado distancia. “La Magistratura es parte del Poder Judicial, no del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo en declaraciones radiales. En privado, ordenó acelerar el ajuste.
Como informó el plan de recortes oficial prevé en esta primera etapa la reducción de la planta de 1037 empleados a 850. Para eso, jubilarían a los empleados con edad para iniciar ese trámite. Sin embargo, para los siguientes dos años en los que llevar la planta a 600 trabajadores deberían evitar prorrogar o derogar la resolución que congelaba la planta. Ese ajuste equivale a una re-
ducción del 40% en la plantilla del organismo, que cobija sueldos de bolsillo que oscilan entre los $ 30 mil, en el escalafón más bajo, hasta $200 mil. “Para avanzar con el recorte de otros 200 empleados para 2019 o 2020 no quedará otro camino que los despidos”, señalaron fuentes del Consejo. Cerca de Basterra argumentaban que evitarían esa opción.
En el mismo plenario se elimina- rán los viajes -con pasajes, estadía y viáticos- al exterior para magistrados, consejeros y funcionarios judiciales que cubría la Magistratura. Además, se reducirán los montos para incorporar asesores. En esta última rama se multiplican los cargos de funcionarios con pasado político y familiares de otros.
Además del caso del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, asesor de la consejera del FPV Vanesa Ferrazzuolo, y de la contratación de su hijo Pablo, hay otras caras del mundo político. Ricardo Alfonsín se convirtió en asesor del consejero radical Javier Roncero, de relación fluida con el ex presidente del Consejo, el peronista Juan Manuel Olmos. Algunos infieren que ese nexo es Alejandra García, abogada vinculada a la UCR y a cargo de Jusbaires, la editorial del Consejo, y socia en el estudio de Olmos.
También se multiplican casos de contratación de parientes y de funcionarios de la política. En este caso, tampoco hay grieta. Entre los familiares se cuentan el hermano de Olmos, las hijas de la consejeros Lidia Lago y de Marcelo Vázquez, la del juez Roberto Gallardo y la del intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Otros funcionarios de pasado político son los ex legisladores Diana Maffía (CC), Julian D’Angelo (socialismo), Ernesto Ochoa (hombre de Daniel Angelici y ligado a la OA) y Laura Morresi (del ibarrismo). ■
Entre los empleados de pasado político están Aníbal Ibarra y Diana Maffía, entre otros.