La Oficina Anticorrupción investiga a 27 funcionarios, pero hay pocos avances
Son expedientes por conflictos de intereses e irregularidades. La oposición denuncia falta de independencia.
La Oficina Anticorrupción tiene expedientes abiertos contra 27 altos funcionarios del Gobierno. Todos ellos tienen su correlato en la Justicia penal. Sin embargo, en el organismo que dirige Laura Alonso anticipan que la mayoría de las causas no prosperarán y responden a “denunciadores seriales”. El presidente Mauricio Macri, el ministro de Energía, Juan José Aranguren; el de Finanzas, Luis Caputo; el de Modernización, Andrés Ibarra y el de Ambiente, Sergio Bergman; son los funcionarios de mayor rango de la actual administración con investigaciones abiertas en la OA. El último en sumarse a la lista fue el ministro de Trabajo Jorge Triaca, tras la denuncia penal en su contra por la incorporación de la casera familiar Susana Heredia como interventora del SOMU. El Jefe de Estado y su familia también sumaron un nuevo expediente por la venta del parque eólico que era propiedad de su familia.
El ente mantiene además investigaciones sobre otras figuras clave del macrismo como el senador Esteban Bullrich, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En total, son 27 los funcionarios con expedientes abiertos, aunque fuentes de la OA y el Gobierno insisten en que muy pocos tienen posibilidades de prosperar.
El Presidente tiene ahora 6 carpe- tas abiertas con su nombre en el organismo: por sus sociedades no declaradas en Panamá; por presunta violación de ética pública, por posible enriquecimiento ilícito, por la firma del memorándum con Qatar, por sus Declaraciones Juradas y por la venta del parque eólico familiar.
En la OA reiteran que no son sólidas las causas contra el Presidente ni contra casi ninguno de sus ministros. De hecho, en el Ejecutivo no están preocupados.
De todos modos, los investigadores de la OA que relativizan la mayoría de las causas, apuntan que las dos denuncias contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, avanzan a piso firme: por irregularidades en la licitación para comprar buses eléctricos y por la adquisición de helicópteros. Otras de las investigaciones que el ente empuja son las que llevan el nombre del ex director del INCAA Alejandro Cacetta, por defraudación; y el del ex subsecretario de Deportes Orlando Moccagatta, por contrataciones irregulares, tráfico de influencias y manejo irregular de subsidios. Esa causa también golpea al secretario del área Carlos Mac Allister.
La OA parece haber despertado de un largo letargo. Tras el decreto de Macri que habilitó a Alonso para asumir en el organismo, la cantidad de investigaciones creció. En los dos primeros años de la gestión de Macri se iniciaron 951 investigaciones, de las cuales 628 son por incumplimientos en las Declaraciones Juradas de los funcionarios.
Pero desde la oposición critican la falta de independencia del organismo. Margarita Stolbizer cuestionó la designación de Alonso y la presunta falta el control sobre la actual gestión. “La falta de independencia de la titular es el mayor problema y de ahí deriva la baja confiabilidad de su rol. Siempre ha tenido demasiada ligereza para liberar a los funcionarios actuales”, afirmó la líder del GEN.
Desde la sociedad civil, las advertencias son similares. En Poder Ciudadano conceden que la OA está funcionando mejor que durante el kirchnerismo, aunque lamentan su falta de autonomía. “Teniendo en cuenta que depende del Ejecutivo y que la elección es del Presidente, hay un problema de independencia que muchas veces puede ser afectado para el control de funcionarios”, observó German Emanuele, del área Anticorrupción de la ONG.
Por ahora, los esfuerzos y recursos del organismo se concentraron en las 21 causas en las que es querellante. Todas involucran a funcionarios del kircherismo.
Con Cambiemos, el conflicto de interés es la objeción más repetida contra un plantel de funcionarios con pasado en la actividad privada. La OA analizó 210 casos de posible conflicto de interés en estos primeros 24 meses de gestión: resolvió hasta ahora 111 casos.
El organismo realiza cada vez más recomendaciones de oficio, una herramienta que incorporó esta gestión. A Etchevehere, por ejemplo, le recomendaron renunciar a su condición de socio de la Sociedad Rural. El flamante ministro se apuró en explicar que la OA había avalado el cobro del oneroso bono de la SRA de $500 mil que recibió antes de asumir. En la OA, lo cortaron en seco. “Se le aclaró que podía recibir dinero de la SRA si era en concepto de honorarios adeudados con anterioridad al ejercicio de la función pública”, señalaron antes de agregar que no es un tema cerrado. Este viernes le enviarán al ministro el expedientes antes de que firme su descargo final y la OA emita una resolución definitiva. ■