Clarín

Aclara polémicas en el Consejo de la Magistratu­ra

- Alberto Biglieri DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATU­RA (CABA) PROFESOR REGULAR, UBA.

Los últimos días ha cobrado un inusitado interés una decisión del Consejo de la Magistratu­ra de la Ciudad, y de allí se ha puesto en tela de juicio la transparen­cia y responsabi­lidad del organismo y de su actual presidenta.

Las decisiones del CMCABA se hayan online en su sitio Web. Se puede consultar y corroborar la marcha cotidiana de las decisiones, con o sin impacto económico, tomadas por el plenario o por la presidenta en ejercicio de las facultades que le han delegado los Consejeros en materia de la gestión de los Recursos Humanos. Dicha atribución continúa vigente y se fue renovando desde las presidenci­as del doctor Juan Manuel Olmos y del siempre recordado doctor Enzo Pagani.

La discusión sobre la dotación del personal del único Consejo de la Magistratu­ra del país, cuyas propuestas son vinculante­s para las designacio­nes de jueces y sus sanciones (incluida la destitució­n), oculta la complejida­d de la cuestión del traspaso de la justicia común de los porteños a la justicia local, como funciona desde 1853/60 en todo el país. Y como el árbol que tapa el bosque, minimiza el debate de fondo que es el sostenimie­nto del sistema judicial de la vieja Constituci­ón Nacional para la Capital Federal. Lo inadmisibl­e es que todos los argentinos paguen la jus- ticia común del porteño. Quizás, el avance de las transferen­cias requieran más recursos humanos, más calificado­s y presupuest­ados por la Ciudad.

Con referencia a otras varias noticias equivocas, señalo que la competenci­a de la Justicia Contencios­a de la Ciudad (además de la de Contravenc­iones y Faltas), es enorme. Rige para controlar toda la actividad de Gobierno de la Ciudad Autónoma, y de allí que sea absolutame­nte falso que materias como el Derecho Ambiental, los contratos, los daños o los seguros no sean una especialid­ad que merezca inversión en capacitaci­ón en este ámbito. Los jueces porteños conocen en esos pleitos y resuelven sobre las relaciones de esos tipos entre los vecinos de Buenos Aires y su gobierno autónomo.

Finalmente, quiero expresar una pública opinión, que no debe acallarse en los laberintos académicos o judiciales. Es una bajeza y un ardid mediocre poner en tela de juicio la honorabili­dad del profesor Alberto Bianchi. En resumen intentar relacionar la actividad profesiona­l de la distinguid­a colega Estela Sacristán de Bianchi con un mínimo de influencia en las opiniones o dictámenes de su marido es desconocer la personalid­ad, honestidad y el intelecto del catedrátic­o Bianchi. Mi mejor argumento para desenredar la noticia que pretende empañar el concurso de la UBA en el que se impuso en segundo lugar la doctora Basterra con las noticias del CMCABA y con la trayectori­a de Bian- chi, es mi palabra. Hace falta, de vez en cuando, que pongamos las manos en el fuego y abandonemo­s las conjeturas y la sospecha insidiosa que se alimenta del resultado adverso y saber diferencia­r cuando los hombres y mujeres del derecho ejercen con honor y resposabil­idad su profesión y vocación académica. Nadie que conozca al doctor Alberto Bianchi pondrá en duda estas líneas. Se lo aseguro.

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