Clarín

Preparan un nuevo índice para medir la pobreza, sin anular el del INDEC

Estará a cargo del Consejo de Políticas Sociales. Quieren que no se limite a relevar ingresos, como ahora.

- Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

Aunque se evaluó seriamente y ganas no faltan, el Gobierno descartó por ahora modificar la fórmula para medir la pobreza. “Si no puedo reducir la pobreza, habré fracasado”, sentenció Mauricio Macri en su momento. En la Casa Rosada temen que cualquier cambio en la ecuación -como impulsa Naciones Unidas- sea interpreta­do como una manipulaci­ón que acabaría por empañar un eventual logro en la materia. Sin embargo, avanza en la constituci­ón de un índice multidimen­sional, que estará a cargo del Consejo Nacional de Coordinaci­ón de Políticas Sociales.

Seguirá rigiendo el índice del INDEC -que en septiembre arrojó un 28,6%- aunque el mencionado y ahora empoderado organismo avanza con la preparació­n de una medición en el que el ingreso no será la única y principal variable. Estaría listo dentro de exactament­e 12 meses.

Mientras tanto, Macri fortalece el Consejo de Políticas Sociales, que depende de Presidenci­a y fue creado por Eduardo Duhalde en lo peor de la crisis. Con ese objetivo, en los próximos días, el jefe de Estado firmará un decreto para convalidar­lo como el ente encargado de evaluar y monitorear las políticas sociales de todo el Gobierno. Su presidenta honoraria es la ministra de Desarrollo Social, Caro- lina Stanley. En los papeles depende de la secretaria ejecutiva, Gabriela Alegre, con una trayectori­a extensa en la función pública.

El decreto constituir­á al Consejo como el ámbito natural del Gabinete de Desarrollo Humano que se reúne cada 15 días, por lo cual lleva la impronta del cada vez más influyente vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Buscará marcar la agenda "transversa­l e integral" de la política social oficial. El Consejo, además, administra y buscará optimizar el Sistema de Identifica­ción Nacional Tributario y Social (Syntis), la base de datos de asignacion­es nacionales y provincial­es, y el Sistema de Informació­n, Evaluación y Monitoreo (Siempro).

En el Congreso se habían presentado en los últimos años hasta cinco proyectos para constituir organismos de evaluación del impacto de las políticas sociales, pero Macri prefirió un decreto simple. "Era necesario para volver a legitimarl­o", explicaron en el Ejecutivo. Aunque la tarea de la cartera de Stanley será primordial, también se medirán la hogarizaci­ón y el acceso a la escolariza­ción, entre otras materias que dependen de diferentes Carteras. “Permitirá saber cómo una política le cambió la vida a una persona”, dice uno de los ideólogos del proyecto.

El decreto constituir­á el último paso en su puesta a punto: en 2017 se ordenó el pase del área de Discapacid­ad a Vicepresid­encia y de Mujer a Desarrollo Social, que a su vez recibirá algunos de los planes de empleo que administra Trabajo. En materia de evaluación miran programas análogos de México, Brasil, Colombia y España, aunque en el Gobierno se entusiasma­n con una impronta superadora: a partir de los diagnóstic­os se definirán las políticas sociales.

El Consejo -del que dependen unos 450 empleados- tendrá un rol clave en en la comunicaci­ón oficial de las políticas sociales, con boletines periódicos. En el Gobierno quieren capitaliza­r el aumento de la inversión social (un informe de Federico Muños y Asociados asegura que prestacion­es sociales fue el único rubro que creció en 2017 en relación al PBI, con el 0,9%), aún en épocas derecortes, aunque aún no resulta suficiente para eliminar el prejuicio instalado entre los detractore­s de Macri, que afirman que gobierna para los ricos. ■

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