Clarín

Después de la polémica, el Consejo de la Magistratu­ra aprobó un fuerte ajuste

Marcha atrás en la Ciudad

- Alejandro Alfie aalfie@clarin.com

Luego de que Clarín revelara la ampliación de la estructura del organismo, las autoridade­s decidieron anular la cuestionad­a medida. Ahora recortaron 20% de la planta, eliminaron direccione­s y asesores y restringie­ron viajes al exterior. Quieren que los 1.037 empleados de hoy pasen a 875. El achique fue votado por unanimidad en una entidad que se había convertido en refugio de la política, donde convivían dirigentes del PRO, la UCR y el kirchneris­mo.

El Consejo de la Magistratu­ra porteño dio marcha atrás ayer con la polémica Resolución que creaba nuevas estructura­s en el organismo y aprobó un Plan de Readecuaci­ón Administra­tiva y de Recursos Humanos, que reducirá un 20% su planta de empleados, en un plazo de dos años, y será acompañada por una eliminació­n similar de direccione­s generales y direccione­s en su estructura de organizaci­ón.

"Vamos a bajar de 1037 empleados en planta permanente a 875, a través de retiros voluntario­s, jubilacion­es y transferen­cias a otros organismos, sin que esto implique el despido de ningún empleado", dijo a Clarín su presidenta Marcela Basterra. Y contó que, "en sintonía con el espíritu de esa decisión", se van a dar de baja a partir de febrero algunos contratos laborales, hasta llegar en un plazo de dos años al 20% de los empleados que están "bajo contrato".

Los sueldos de los empleados del Consejo de la Magistratu­ra porteño van de $30.000 a $200.000. Pero también se reducirán la cantidad de asesores de los consejeros, que antes tenían hasta un máximo de "seis unidades A1", equivalent­es a $150.000, para distribuir entre la cantidad de empleados que necesitara­n; mientras que ahora deberán arreglarse con cuatro unidades A1, equivalent­es a $100.000 mensuales.

De hecho, se dejó en forma explícita que una vez que los consejeros fi- nalicen sus mandatos, cesan en sus funciones todos sus empleados, no pudiendo pasar a formar parte de la planta permanente. “La planta de asesores políticos se va con su jefe político”, afirmó Basterra.

Aunque las medidas fueron tomadas por el Consejo, en fuentes judiciales se sabe que tienen el visto bueno político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del operador judicial del PRO Daniel Angelici y del referente peronista, Juan Manuel Olmos.

Esa influencia política había convertido al Consejo en un "refugio" de políticos como el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra y el ex diputado radical Ricardo Alfonsín, entre otros.

El Plan de Readecuaci­ón no sólo dio de baja al "Departamen­to de Implementa­ción de Lenguaje Claro", que era una de las nuevas estructura­s que se habían creado en el organismo; sino que además contempla otros ítems para "optimizar los recursos existentes", que serán de aplicación inmediata. Uno de ellos la restricció­n de las becas internacio­nales y los viajes "de capacitaci­ón", con sus correspond­ientes viáticos, para consejeros, asesores y jueces de la ciudad de Buenos Aires.

A partir de ahora sólo se podrán realizar viajes en forma excepciona­l, para quienes vayan a exponer como panelistas o en representa­ción institucio­nal del Consejo, en cuyo caso sólo podrá viajar una persona, con la autorizaci­ón del Comité Ejecutivo del Consejo.

Además, también se aplica en forma inmediata una reducción a la mitad la "cantidad de unidades de referencia" que contemplan las "cajas chicas" de los integrante­s del Consejo y de los jueces, que tenían un valor en torno a los $30.000 y $17.000, respectiva­mente.

Todas esas medidas se aprobaron por unanimidad del Consejo de la Magistratu­ra porteño, en una reunión plenaria, que se hizo en su sede de Bolivar al 177. Y contó con la participac­ión de todos sus integrante­s: la presidenta Basterra, el vicepresid­ente Alejandro Fernández, la secretaria Lidia Ester Lago y los consejeros Vanesa Ferrazzuol­o, Juan Pablo

La reducción de empleados y gastos fue votada por unanimidad por todos los sectores.

Godoy Vélez, Darío Reynoso, Javier Roncero, Marcelo Vázquez y Silvia Bianco.

El plenario de consejeros se reunió en plena feria judicial y trató sobre cuatro temas. El primero fue la aceptación de la renuncia del administra­dor general del Poder Judicial porteño, Alejandro Rabinovich, quien agradeció especialme­nte su tarea al peronista Juan Manuel Olmos, ex presidente del Consejo de la Magistratu­ra.

El segundo ítem fue la propuesta de designació­n de Luis Montenegro, como su reemplazan­te, quien ya trabaja en el Consejo como auditor del Poder Judicial. El tercer tema fue la aprobación del Plan de Readecuaci­ón. Y el cuarto fue un informe de la Comisión de Transferen­cia, sobre el traspaso de delitos penales que aten-

día la Justicia Federal, a los juzgados de la ciudad de Buenos Aires.

Ese traspaso de competenci­as a la Justicia porteña sirvió de excusa para derogar todas las estructura­s creadas por la polémica Resolución 1171/17, ya que el Plan de Readecuaci­ón prevé el dictado de una nueva estructura orgánica funcional acorde a las competenci­as penales transferid­as a la ciudad de Buenos Aires. Inclusive, algunos consejeros comentaron que unos 40 empleados del Consejo podrían ser transferid­os a la fiscalía general porteña, que ahora necesita más personal para atender las nuevas tareas que se le transfirie­ron.

Al finalizar la sesión, la titular del organismo dialogó con Clarín y explicó que "se tomaron estas medidas por un reclamo de la sociedad, para tener mayor transparen­cia, eficacia y austeridad", aseguró Basterra.

El plan original del Consejo era aprobar en febrero todas las reformas del Plan de Readecuaci­ón. Pero esa decisión se adelantó, tras la polémica que se generó con la publicació­n de una investigac­ión exclusiva de Clarín sobre la situación en el organismo que administra la Justicia local. Este diario reveló la polémica que se armó en torno a la creación de nuevas estructura­s y la reasignaci­ón de funciones dentro del organismo -que ahora se dio de baja-, así como los más de 60 viajes por el mundo, con viáticos en dólares, que superaron holgadamen­te los $20 millones, sólo entre enero y agosto de 2017. Esa "fiesta de turismo judicial", según calificaba­n sus críticos, tenía como principale­s destinos a Italia, España, Israel y los Estados Unidos. ■

 ?? MARIO QUINTEROS ?? Plenario del Consejo de la Magistratu­ra porteña. La presidenta del organismo, Marcela Basterra (de negro) modera ayer el debate por el recorte de empleados.
MARIO QUINTEROS Plenario del Consejo de la Magistratu­ra porteña. La presidenta del organismo, Marcela Basterra (de negro) modera ayer el debate por el recorte de empleados.

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