Jornada clave en Brasil: la Justicia decide hoy si bloquea la candidatura de Lula
Es favorito para la elección de octubre. Pero lo condenaron por corrupción dentro del Lava Jato. El PT sostiene que es un ataque político y llamó a defender a su líder.
El juicio en segunda instancia del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que debe comenzar hoy a las 8 de la mañana en Porto Alegre, bloqueó buena parte de la ciudad. Un gigantesco operativo de seguridad fue montado desde el mediodía de ayer para prevenir eventuales “atentados” contra un trío de jueces, que deben decidir si confirman o rechazan la sentencia a 9 años y medio de prisión dictada por el juez de Curitiba Sergio Moro contra el ex mandatario bajo los cargos de corrupción pasiva y lavado.
Lula y el Partido de los Trabajadores pasarán hoy por la instancia más crítica de sus 38 años de historia política. Si esos magistrados del sur brasileño decidieran por unanimidad ratificar la condena, el líder del PT quedará afuera de la carrera electoral que se definirá en octubre. O sea, queda en manos de la justicia trazar el futuro del país. Para el actual titular del Poder Ejecutivo brasileño, Michel Temer, el juicio “demuestra que las instituciones están funcionando con tranquilidad”. Fue lo que declaró al aterrizar en Davos, donde hoy debe pronunciar un discurso frente a empresarios y financistas de todo el mundo. Entre los hombres del establishment hay, sin embargo, más interés en lo que puede ocurrir en Porto Alegre que en las palabras que pueda pronunciar el jefe del Palacio del Planalto. Confiado en mostrar una cara “optimista” de un Brasil tímidamente en recuperación, Temer descartó que vaya a ocurrir algún incidente: “No creo que eso suceda. No habrá ningún malestar. Es natural (el juicio)”.
Resultan intrigantes, entonces, las razones que llevaron al tribunal federal regional de la capital gaúcha a pedir que se monte un operativo de seguridad que sólo se solicita en caso de visitas de presidentes extranjeros. Desde la madrugada de hoy hasta el final del juicio, que se estima debe ocurrir a las dos de la tarde local, el espacio aéreo quedará bloqueado, lo que obligará al desvío de aviones comerciales. Fragatas de guerra serán apostadas en un lago próximo a la sede del tribunal y unos 4.000 policías cercarán el barrio. Todo en aras de suponer que las manifestaciones pro- gramadas por el PT y por los movimientos sociales representan un peligro de atentados contra los magistrados que intervienen en el juicio. Ayer sumaban unos 70 mil los manifestantes que escuchaban el discurso bien de barricada del ex presidente. Los tres jueces son João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus, nombres que no decían absolutamente nada apenas días atrás. Para ellos, será el juicio de sus vidas.
En Porto Alegre, donde vive, la ex presidente Dilma Rousseff salió a respaldar a Lula. “Lo han condenado siendo inocente”, declaró. “Y eso ocurre cuando otros políticos con grabaciones y valijas de dinero están protegidos y no son sometidos a la justicia, al tiempo que pueden disputar elecciones”. Dilma sufrió un impeachment en 2016 por “delito de responsabilidad”. Cometió una presunta falta que ahora, en el gobierno de Temer, urgen por reeditar, esta vez bañada de legalidad. Violó, según sus acusadores, la llamada “cláusula de oro” presupuestaria, que impide financiar gastos corrientes con deuda.
Una agrupación, el Partido Socialista de Brasil, que se había alejado del PT y que hoy comulga con la socialdemocracia, salió a apoyar públicamente a Lula. La dirección nacional, que en 2014 ungió como candidata presidencial a Marina Silva –hoy dirigente de Red Sustentable-, sostuvo que no se trata de un juicio verdadero contra Lula por corrupción sino de “crear un hecho político”. Es decir, impedirle al líder del PT presen-
tarse como presidenciable en las elecciones de octubre próximo.
Entre tanto, la sentencia del juez Moro que acusa a Lula de corrupción pasiva y lavado de dinero, no logró pasar por el examen de juristas convocados por el diario Valor Económico, del grupo Globo. Según estos especialistas, “no está probado” que, cuando era presidente, el dirigente petista aceptó recibir un departamento en el balneario de Guarujá, en el estado de San Pablo, como “dádiva” de la constructora OAS a cambio de medidas que beneficiarían la empresa.
Citado por el diario económico paulista, Fábio Tofic Simantob, presidente del Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa, al juez no le fue posible “afirmar que Lula recibió el departamento (de Guarujá) como beneficio indebido en razón de ocupar el cargo de presidente de la República. Tampoco pudo vincular el caso a una supuesta coima de la constructora”.
Según los expertos, la sentencia tuvo como base una denuncia que se basó exclusivamente en la delación premiada del ex titular de la OAS, Leo Pinheiro.
Los fiscales de Curitiba dijeron que Lula habría recibido un total de 3,7 millones de reales (un millón de dólares) a cambio de contratos firmados por esa empresa con la petrolera estatal Petrobras. Rebatieron el argumento de los fiscales con esta definición: “No fue posible probar que la compra del departamento estaba relacionado al ejercicio de la función pública”.