¿Por qué el Gobierno elude el debate?
La noticia de que el Gobierno decidió nuevamente no convocar a sesiones extraordinarias pone sobre la mesa un problema crítico para el futuro de Argentina: la falta de debate. El Parlamento argentino parece representar, para Cambiemos, una instancia prescindible en su estrategia de gobierno, llevando las discusiones que deberían darse en el recinto a espacios inconducentes para la construcción de políticas concretas.
El contraste entre 2016 y 2017 echa por tierra el argumento falaz de que el Congreso obstaculiza la gestión del gobierno. Nada más alejado de la realidad. Durante 2016, las diferentes fuerzas políticas debatimos y consensuamos las herramientas que Cambiemos necesitaba para sustentar su gestión: 99 leyes.
2017 fue el año eleccionario en el que el Gobierno comenzó a desandar el camino del diálogo, eligiendo subordinar la estrategia a la táctica de la “grieta”. La no convocatoria a ordinarias durante 2017 generó que solamente pudieran tratarse las leyes que propuso el Ejecutivo, postergando indefinidamente la agenda del Parla- mento. Los últimos días de 2017 mostraron con crudeza las consecuencias de la ausencia de debate en el Congreso y la procrastinación impuestas al Parlamento: en un par de semanas el gobierno buscó aprobar leyes que merecían un trabajo y tratamiento especial por parte de ambas Cámaras. Su pretensión fue que en un plenario de comisiones, en pocas horas, se analizaran y aprobaran dos leyes importantísimas como las reformas previsional y tributaria. La obturación de ese debate necesario tuvo como resultado jornadas de marchas y contramarchas, escarceos verbales mediáticos y los lamentables hechos sucedidos dentro y fuera del Congreso durante la votación, que no deben volver a repetirse.
El Gobierno tiene como responsabilidad primordial el establecimiento de un tono constructivo para la discusión de los temas importantes, algo que durante diciembre de 2017 brilló por su ausencia. Un gobierno propositivo, que lleve al Parlamento sus iniciativas y quiera debatirlas, tendrá por reciprocidad una oposición responsable consagrada al debate constructivo.
En la Comisión de Industria, hemos abordado con mirada consensual todos los proyectos de ley que nos tocó tratar. Es el caso del fomento a la industria naval y marina mercante, un proceso virtuoso que culminó con la unanimidad de ambas cámaras, la colaboración de integrantes del Poder Ejecutivo, el apoyo de trabajadores y el acompañamiento de empresarios del sector. Lamentablemente, todo este trabajo fue dejado de lado por el veto presidencial de dos artículos que eran el corazón de la ley.
Sería deseable que el Gobierno cambie su mirada cortoplacista en 2018 y retome el diálogo como estrategia para construir políticas de Estado. No parece estar entre sus prioridades: comenzó el año con un decreto constituido por 192 artículos, que en su texto deroga 19 leyes y modifica 140 normas. La opción de gobernar por decreto es un atajo que lleva hacia ningún lugar a los debates que como país tenemos pendientes. Cuando, en realidad, esos debates tienen un lugar: el Congreso de la Nación. Recorrer ese camino –como lo hizo con éxito en 2016– es el desafío del gobierno. ■