Proponen como fiscal de Bahía Blanca a un juez que investigó a Lázaro Báez
El Poder Ejecutivo envió esta semana al Senado el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para ocupar una fiscalía federal en Bahía Blanca. Martínez actuó como juez subrogante al frente del Juzgado Federal 1 bahiense hasta junio de 2015, cuando la mayoría K en el Consejo de la Magistratura decidió separarlo. En su reemplazo fue designado el juez de Dolores y ex abogado de organismos de Derechos Humanos Alejo Ramos Padilla. Semanas antes de su destitución, Martínez había impulsado allanamientos y otras medidas de prueba en una causa por facturas apócrifas que vincula a Austral Construcciones con tres grupos empresarios de Bahía Blanca. Durante el interinato de Ramos Padilla, que duró hasta fines de aquel año, el expediente estuvo paralizado y recién en la segunda mitad de 2016, con la designación del juez federal Walter López Da Silva, la causa registró avances. Imputa por aso- ciación ilícita tributaria a Lázaro y Martín Báez y una decena de empresarios bahienses, sobre la base de la emisión y comercialización de facturas truchas. Tras una nueva paralización por casi 9 meses, esta vez por una cuestión de competencia, se esperan citaciones a indagatoria para después de la feria judicial. La importancia del expediente radica en que, según el juez Sebastián Casanello, la evasión tributaria atribuida, podría constituir el delito precedente para avanzar contra Báez por lavado de di- nero. En paralelo, Casanello investiga el cierre temporario de la delegación de la AFIP en Bahía Blanca dispuesto en agosto de 2012 por Ricardo Echegaray. La presunción es que la medida, fundamentada en el ex administrador en razones gremiales, tuvo como objetivo real frenar las investigaciones internas de la AFIP y la justicia, contra el empresario patagónico.
Organismos de Derechos Humanos y fiscales designados en Bahía Blanca durante la gestión de Alejandra Gils Carbó denunciaron a Martínez por "demorar" procesos vinculados con delitos de lesa humanidad, durante su subrogancia en el juzgado federal 1. Esos cuestionamientos fueron clave para su separación en 2015 por parte del Consejo de la Magistratura, forzando la ley de subrogancias, luego declarada inconstitu- cional por la Corte Suprema de Justicia. Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima, acusó a Martínez de dejar un gran desorden en el juzgado. Posteriormente, el propio Ramos Padilla, fue denunciado por hostigar a funcionarios y empleados que respondían a la gestión de Martínez y anteriores. Esos elementos, junto a designaciones de Gils Carbó durante esos seis meses, se acumularon en la comisión bicameral del Ministerio Público, hasta que la ex Procuradora decidió dimitir. Además de aspirar al cargo de fiscal, que está sin cubrir desde hace más de 4 años, Martínez figuraba entre los postulantes para ocupar uno de los cuatros vocalías vacantes en la Cámara Federal bahiense. Para esos puestos, el Poder Ejecutivo ya propuso tres nombres que el Senado deberá analizar, como el pliego de fiscal, tras el receso. ■