El Constitucional español avanza para bloquear la investidura de Puigdemont
Se reúne hoy para tratar la medida presentada por Madrid contra el nombramiento del ex presidente catalán.
El Tribunal Constitucional de España se reunirá hoy a las 13 para considerar el recurso “preventivo” del gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña y también una presentación del ex titular de la Generalitat donde sostiene que la presentación del Ejecutivo de Mariano Rajoy vulnera sus derechos como diputado. Se decidirá si se la rechaza o admite, en cuyo caso las consecuencias jurídicas serán muy graves.
La clave de todo este enmarañado conflicto es la decisión sobre el contenido de la ponencia del magistrado Juan Antonio Xiol. Si se decide admitir la impugnación del gobierno, la ilegalización de la candidatura de Puigdemont será inmediata y no puede tratarse en la investidura. En la alternativa de que el presidente del Parlamento catalán. Roger Torrent, desobedeciera, será objeto de una enérgica sanción y, además, la inhabilitación parcial o completa para ejercer su cargo. Todo lo que se haga contra la ilegalización no tendrá ninguna validez, ni constará en los registros.
En caso de acatarla, como se descuenta, deberá convocar a los partidos representados en la Asamblea, y acordar otro nombre como candidato a la presidencia regional, sin problemas judiciales, para una nueva votación de investidura.
Todo este embrollo que ha dominado los medios españoles casi por completo comenzó cuando el jueves la vicepresidenta del gobierno, Sora- ya Sáenz de Santamaría, anunció que el gobierno español presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la ilegalización “preventiva” de la propuesta de Roger Torret de designar a Puigdemont como candidato a la investidura. Este trámite está convocado para el martes próximo a las 15, hora española. Los 135 diputados catalanes deben elegir al nuevo titular de la Generalitat con mandato de cuatro años salvo moción de censura.
El Consejo de Estado, máximo organismo consultivo indicó su opinión contraria al recurso porque la impugnación puede resultar “prematura” y lo rechazó por “falta de funda- mentos” y “momento temporal” para que se produzca la nulidad.
Los independentistas catalanes siguen firmes en su intención de investir a Puigdemont, tal como reiteró ayer Torrent, quien remarcó que no hay otro nombre en danza. “No hay plan B”, afirmó.
En su presentación de ayer, el Ejecutivo de Rajoy solicita al Tribunal Constitucional que suspenda la votación de investidura aceptando el recurso oficial, en cuyo caso ese trámite quedaría automáticamente nulo. Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que el gobierno considera que tiene “argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de evitar que Puigdemont, con una orden de busca y captura por, entre otros delitos, rebelión, pueda continuar con el desafío al Estado de derecho y la legalidad”.
El gobierno alega que por su estatus jurídico, Puigdemont “no tiene garantizada la libertad ambulatoria”. Refugiado en Bruselas, es prófugo de la justicia y si vuelve a España será detenido inmediatamente y trasladado a una prisión madrileña. En ninguno de los dos casos puede tener presencia en la investidura.
La vicepresidenta opinó que en una situación “no fácil” como esta, “toca gobernar, que es elegir y decidir”. Asimismo, ha argumentado que es “responsabilidad” del gobierno impedir una investidura que considera fraudulenta, y si hay una “posibilidad, utilizarla”. Y agregó: “Si el Constitucional admite el recurso a trámite, será suspendido el pleno de investidura convocado para el día 30. Asumimos nuestra responsabilidad legal porque entendemos que una persona que está en busca y captura no puede tratar de ser investido presidente”. Enseguida explicó: “Respetamos los consejos jurídicos que da el Consejo de Estado pero su dictamen no es vinculante para el gobierno”. Sáenz de Santamaría recordó que Puigdemont tiene pendiente una orde captura y por eso no puede ser presidente. “El gobierno tiene entre sus obligaciones defender España y el estado de derecho y tiene un absoluto compromiso con la legalidad en Cataluña”, concluyó. ■