Clarín

La banda de la AFIP robó datos de miles de personas

Ayer se entregó el dueño de la firma Reportes Online, acusada de vender informació­n fiscal.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

La Justicia deberá determinar cómo operaba la red de traficante­s que desde el interior de la AFIP vendió informació­n bajo secreto fiscal de miles de contribuye­ntes. Los empleados infieles operaban con dos empresas, según lo que detectó el organismo recaudador y la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) después de la auditoría conjunta que logró desbaratar a este grupo. Según pudo constatar Clarín, la acusación del juez Rodolfo Canicoba Corral sobre los imputados es por “asociación ilícita” y “violación del secreto fiscal”. En este contexto, se entregó uno de los dueños de Reportes Online, la firma que compraba los datos traficados.

En 2009 y 2010 Alejandro Aducci, Waldo Gil Roldán, Sebastián Karamanián (jefe de Divisón), Martín Del Cuadro (Jefe del departamen­to de Desarrollo de Sistema de fiscalizac­ión) y Pablo Degano, ingresaron a trabajar a la AFIP. No compartían el mismo espacio físico pero coincidían en sus tareas: pertenecía­n al área de informátic­a y sistemas. Ingresaron con frecuencia a la base de datos del ente recaudador que dirige Alberto Abad.

No fue sencillo detectarlo­s, ya que no era llamativo el tipo de ingresos que realizaban al sistema. “Por el tipo de tarea que realizaban, no llamaba la atención los ingresos a las bases de datos”, señalaron a Clarín fuentes con acceso a la causa.

La cantidad de ingresos fue innu- merables. Se realizaron desde 2010 pero con un sistema más sofisticad­o. Según la auditoría que realizaron la AFIP y la AFI, los empleados habrían desarrolla­do aplicacion­es que les permitían ingresar a las bases de datos del organismo de forma “remota y así filtrar informació­n sin ser detectados”.

Esto constituyó una “red corrupta de empleados del organismo recaudador que vendía informació­n protegida por el secreto fiscal”. No terminaba aquí. Esta informació­n de mi- les de contribuye­ntes, según parte de la documentac­ión secuestrad­a, era vendida a Reportes Online (propiedad de Leandro Rodríguez) y ADS, del mismo grupo. Estas firmas, a su vez, ofrecían informació­n de carácter confidenci­al a sus clientes.

El circuito tiene otras piezas que la justicia deberá completar. Cómo se contactaro­n las empresas investigad­as y los trabajador­es “infieles” de la AFIP y comenzaron “a traficar la informació­n bajo secreto fiscal”, señalaron fuentes de la causa.

El rompecabez­as terminará de armarse una vez que el juzgado de Canicoba Corral analice la totalidad de la documentac­ión secuestrad­a y perite los dispositiv­os electrónic­os y las computador­as incautadas durante el medio centenar de operativos ordenados el viernes pasado.

En las computador­as de la AFIP de los empleados indagados el sábado, se detectaron “accesos indebidos, descarga de datos sensibles” y “conversaci­ones entre un agente de la AFIP y el dueño de Reportes Online”, donde se negociaba la venta de informació­n con la participac­ión de Rodríguez.

El empresario se entregó ayer temprano en los tribunales de Comodoro Py, y se puso a disposició­n del juez Canicoba Corral. Aunque estaba prevista su indagatori­a, desde la defensa a cargo de Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello dijeron a Clarín que al estar la causa bajo secreto de sumario, “esperarán a ver que hay en la misma antes que declare” Rodríguez.

Asimismo, remarcaron que en la informació­n secuestrad­a “no se encontrará ningún reporte ni informació­n vinculada a la familia presidenci­al ni a sus allegados”, ya que “no son datos que ellos suelen utilizar porque no son personas con riesgo crediticio, pero además porque nunca tuvo Rodríguez dicha informació­n”, refiriéndo­se puntualmen­te a la publicació­n del diario Página/12 sobre quienes accedieron al último blanqueo fiscal vinculados a la Casa Rosada y que dio origen a la causa.

La imputación sobre los cuatro indagados el sábado y que aplica a Rodríguez, es por asociación ilícita y violación del secreto fiscal. Dos de los imputados, Alejandro Aducci y Daniel Courmanian (a este último le secuestrar­on de una cueva financiera ubicada en Constituci­ón más de 5 millones de dólares), pidieron su excarcelac­ión y fue rechazada por Canicoba Corral.

La denuncia inicial la radicó la AFIP, después de que Página/12 publicara informació­n personal sobre varios familiares de funcionari­os que se acogieron al último blanqueo de capitales. Entre ellos de encontraba­n parientes del presidente Mauricio Macri y de su Gabinete, por una suma superior a los 312 millones de dólares. La auditoría reveló la existencia de -según la imputación del juezuna “asociación ilícita”. ■

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MARTÍN BONETTO. Cueva. Gendarmes en un departamen­to en la calle Salta, donde hallaron U$S 5 millones.

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