La inflación, droga difícil de dejar
El viraje en la orientación económica impuesto a fines de 2017 puso en evidencia algunas de las dificultades que pueden detectarse en la ejecución de la actual política económica, particularmente en lo atinente a la inflación.
En primer lugar, el objetivo declarado de bajar la inflación se encuentra en conflicto con algunas de las acciones desplegadas en materia económica, en particular con los ajustes tarifarios que, por naturaleza, son inflacionarios en el corto plazo. Evidentemente, no puede dejarse de ordenar las tarifas de los servicios públicos, pero ello implica que recién cuando ese ordenamiento haya concluido podrá encararse una política anti-inflacionaria a fondo. Por tal razón, las proclamas anti-inflacionarias deberían pasar a segundo plano y sus objetivos ser más modestos mientras no están disponibles todos los instrumentos para llevar adelante este combate. En los hechos, es el reacomodamiento de las tarifas de los servicios públicos –prerrequisito para bajar el déficit fiscal- el verdadero objetivo prioritario de la gestión económica.
Bajar la inflación implica que se busca reducir el impuesto inflacionario. El mismo consiste en la pérdida de poder adquisitivo de las tenencias de dinero de la población a raíz del aumento de los precios. Esta pérdida de poder adquisitivo para los particulares es ganancia para el fisco que utiliza la emisión monetaria para financiar sus gastos. Esta transferencia de ingreso del sector privado al sector público es similar a la que se produce cuando se paga un impuesto; por eso se habla de impuesto inflacionario. De hecho, la emisión monetaria suple lo que la recaudación de impuestos genuinos no alcanza a cubrir.
Pero reducir el impuesto inflacionario requiere entonces reemplazarlo por impuestos genuinos o bien compensarlo con una reducción del gasto público. Sin embargo, la disminución en las retenciones a las exportaciones y en otros gravámenes va precisamente en la dirección contraria, máxime cuando no se reduce el gasto fiscal.
La gran dificultad de fondo para enfrentar la inflación es que la sociedad –por acción o por omisión- tiene mayor tolerancia al impuesto inflacionario que a cualquier otra clase de gravamen. El impuesto inflacionario no es percibido como tal por la población ya que –a diferencia de lo que ocurre con los impuestos explícitos- nadie sabe a ciencia cierta cuánto es lo que paga en tal concepto. Es más fácil aumentar en un punto la inflación que incrementar la tarifa de Aerolíneas Argentinas o del subte, implantar el impuesto a la herencia o el gravamen a los altos ingresos, tal como recomienda la OCDE, organismo al que Argentina aspira a ingresar.
Por eso la inflación es como una droga: muy difícil de abandonar y en la que es muy fácil recaer. Especialmente, en un país como Argentina, cuya larga convivencia con la inflación autoriza a catalogarla como una adicción.
En este marco, se requiere un plan integral y coordinado que ponga todos los instrumentos de política económica al servicio del combate contra la inflación en lugar de confiar dicha tarea a una única herramienta como la tasa de interés. Máxime cuando se trata de enfrentar una de las tasas de inflación mayores en el mundo actual.
Que la inflación sea un fenómeno monetario no implica que pueda reducirse utilizando tan sólo la herramienta monetaria. Como remarcaba el Profesor Olivera, si se comprobara que las fluctuaciones económicas se deben a los cambios en las manchas solares, ello no implicaría que la única posibilidad de estabilización sea inmovilizar las manchas solares.
Tampoco ayuda la dispersión en materia de toma de decisiones y su aparente falta de coordinación.
Si bien parece loable el propósito de evitar la emergencia de un superministro con poderes iguales o mayores que los del Presidente, tampoco es aconsejable que cada sector del gobierno se maneje con objetivos parciales propios, algunas veces en contradicción con los de las otras áreas. Una instancia de coordinación resulta un mínimo indispensable para potenciar fortalezas y evitar acciones contrapuestas.
Por ejemplo, las metas de inflación fijadas para 2017 parecían no tener en cuenta los ajustes tarifarios que practicaría el Ministerio de Energía; algo similar ocurría con las metas inicialmente anunciadas para 2018 y que determinaron la decisión de quitarle al Banco Central la potestad de fijarlas. El Banco Central no puede confundir independencia con autismo.
De todas maneras, no basta con fijar una meta más realista para que ella se cumpla. Se requiere contar con los instrumentos –monetarios, fiscales, cambiarios, de ingresos y tari
farios- que posibiliten alcanzarla. Por ahora, ellos no están plenamente disponibles mientras se corrigen gradualmente los desequilibrios heredados.
Por tanto, parece razonable apuntar a mantener bajo control la inflación si bien cuidando que la misma no genere nuevos desequilibrios como el atraso cambiario.