Menores en institutos: ¿qué pasa cuando salen?
Hernán vivió desde los 10 años en un instituto provincial de guarda. Las razones por la que pasó ocho años al cuidado de otras personas y no de su familia fueron una combinación de ausencias y pobreza. En ese tiempo compartió soledades, compañeros, estudió y en diciembre de 2016 terminó cuarto año del secundario como abanderado. Pero justo ese mes cumplió 18 años y con la mayoría de edad tuvo que abandonar la institución que lo vio crecer. Nadie lo había preparado para ese “ingreso a la vida adulta” que en realidad era una salida a lo desconocido. ¿Adónde ir? Las autoridades de niñez encontraron una alternativa. Le alquilaron por un tiempo una habitación en un hotel. ¿Qué será hoy de la vida de Hernán? No lo sabemos. Pero como él, hay muchos más que terminan con la mochila al hombro en la puerta de la institución que los cobijó hasta los 18.
¿De dónde provienen esos niños, niñas y adolescentes institucionalizados? Son chicos pobres, de familias pobres, que acumulan carencias de todo tipo. ¿Por qué ingresan a esas modalidades de cuidado? UNICEF y SENAF señalan que las principales causas son el maltra- to, la violencia y el abuso. El egreso sólo tiene dos respuestas: una efectiva revinculación con su familia de origen, o al cumplir los 18 años.
En 2009 el Comité de los Derechos del Niño señaló los déficits históricos que tiene la Argentina respecto a la producción de datos estadísticos de los chicos institucionalizados. Cada provincia trabaja con registros propios sobre los niños y el funcionamiento de las instituciones de acogimiento.
En 2011 y en 2014 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y UNICEF realizaron dos relevamientos a nivel nacional sobre la Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina. En el 2014 el estudio registró 9.219 chicos en instituciones públicas, privadas o de familias sustitutas temporarias. De ese total, el 45,8% reside en la provincia de Buenos Aires y en CABA. El 14,4% en la región Centro; el 9,4% en Cuyo; en NEA 12,9%; en NOA 7,1%; y en Patagonia 10,3%. Si lo desagregamos por edad, son 2.200 chicos de 0 a 5 años; 3.654 de 6 a 12 años y 3.365 de 13 a 17.
La CDN y la ley 26.061 sostienen que la convivencia familiar es un derecho fundamental de la infancia y la adolescencia. Pero a pesar de muchos avances, persiste una cultura institucional donde la mejor respuesta, para los pobres, es separarlos de sus familias y ponerlos en una institución de protección. Ahora bien, ¿los períodos de internación son excepcionales o no tienen plazo determinado?, ¿existen protocolos, personal preparado y acciones concretas para trabajar desde el inicio en el proceso de desinstitucionalización y/o reinserción con la familia? ¿Son contempladas las minorías étnicas y migrantes, las diferencias etáreas, de sexo, de problemáticas específicas? ¿Se tienen en cuenta las particularidades locales, sociodemográficas, culturales, que facilitan o dificultan el vínculo entre el niño o adolescente y su familia?
Más de la mitad de las provincias no tiene estándares de calidad institucional en estos espacios de acogimiento: habilitación, funcionamiento, registros, documentación, condiciones edilicias, personal capacitado, prácticas institucionales. El desafío para el Estado, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal es implementar políticas efectivas para que los muchachos y muchachas como Hernán no queden con la mochila en la calle al cumplir los 18 años.