La paz, nuestra única conquista
Hace más de un año, y después de cuatro de negociaciones en La Habana, el Gobierno colombiano firmó un Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Muchos lo vieron como un paso significativo para terminar con 50 años de violencia; otros, como un triunfo del presidente Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe fue un gran crítico del mismo. No pocos aseguran que el gran ganador fue el médico Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.
Este logró imponer una impunidad jurídica y política al lograr incluir, entre otras cosas, la Ley de la Jurisdicción Especial para la Paz y la participación en las próximas elecciones presidenciales del presente año con un nuevo movimiento político —curiosamente bautizado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) — que le asegura 5 bancas en el Senado y 5 en la Cámara de Diputados.
En el imaginario colectivo de la población influye negativamente que sectores desposeídos cobren un salario mínimo mensual de aproximadamente 250 dólares, en tanto que un guerrillero desmovilizado reciba por dos años un monto superior y, en especial, un grupo denominado Agentes Escoltas alcance alrededor de 600 dólares.
Sin duda, el acuerdo es un paso importante para la ansiada paz del pueblo colombiano, pero aún quedan muchos obstáculos, a pesar de los mecanismos de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas, de las FARC y del propio Gobierno.
El retorno de la guerrilla a la vida civil y política no será fácil. Han dejado las armas más de 7 mil guerrilleros y se ha logrado la tasa de secuestros más baja en medio siglo. Pero se- gún el Observatorio de Seguimiento del Acuerdo, sólo se ha alcanzado un 19 % de lo pactado. Las dificultades son muchas y podrían agudizarse en este año electoral, tales como: los asesinatos de líderes sociales, la pugna por el control de la coca (100 mil hectáreas sembradas y una producción anual de 700 toneladas métricas), ataques de elementos residuales que no dejaron las armas (se aprecian en 1.500 guerrilleros instruidos, equipados y con mandos experimentados), la persecución de dirigentes desmovilizados de las FARC y de ex paramilitares, y la presencia de 6 mil hombres de las Bandas Criminales (BACRIM),
A eso se suma la estancada negociación llena de dudas con la segunda guerrilla histórica del país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con efectivos del orden de 2 mil hombres.
El ELN es una organización de orientación marxista-leninista con influencia guevarista creada por Fabio Vásquez Castaño, en 1964, casi al mismo tiempo que las FARC. Entre sus figuras emblemáticas del pasado se destacan los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez. Actualmente su líder es Nicolás Rodríguez Batista, alias Gabino. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Colombia, y Perú la consideran una Organización Terrorista. No así la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Nicaragua, entre otros. Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Chávez, pregonaba que se le diera estatus de “grupo beligerante”. Hasta ahora, han fracasado todas las negociaciones anteriores con esta organización: en México, en Cuba y en Venezuela durante el mandato de Uribe y, recientemente, en Ecuador, un “alto el fuego” iniciado en febrero de 2017, fruto de un clima de distensión como consecuencia de un viaje pastoral del papa Francisco a Colombia en septiembre de 2016: todo in- fructuoso hasta hoy.
Sólo en 2017 se le atribuyen más de 100 asesinatos de defensores de derechos humanos. Además, desde su creación se le adjudican miles de homicidios, más de 8 mil secuestros, reclutamiento de menores, violaciones sexuales, sabotaje de infraestructura petrolera y eléctrica, siembra de miles de minas antipersona para proteger cultivos ilícitos de coca y la minería ilegal. Inicialmente tenía la característica de reclutar a sus miembros entre jóvenes descontentos de la clase media. Hasta hoy, el acuerdo con las FARC no ha sido suficiente para desterrar la violencia. Las negociaciones con el ELN son complicadas y lentas, porque esta organización carece de una conducción centralizada. No es un hecho menor que uno de sus comandantes, Danilo Hernández, recién iniciadas las negociaciones en Quito, en 2017, expresara: “Mientras existan las necesidades que dieron origen a esta insurgencia, habrá que seguir luchando”. A ello responden los atentados que dejaron muertos y heridos a principios de año. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, define claramente la situación actual: “Es absolutamente necesario acelerar la presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional”.
Me permito recordar que, a diferencia de nuestro país, por más de medio siglo Colombia siempre combatió la violencia desde el pleno Estado de Derecho, y que al firmar el Tratado de Paz, Timochenko expresó: “En nombre de las FARC ofrezco sincero perdón a todas las víctimas del conflicto, por el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”. También le suplicó el perdón al papa Francisco en ocasión de su visita a Colombia.
Si el acuerdo firmado con las FARC en 2016 y las negociaciones con el ELN fracasan, fracasarán también las Naciones Unidas, todas las Organizaciones Regionales y, desde ya, la propia América Latina.