Ocaña pidió la intervención judicial de la obra social de Camioneros
La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña amplió ayer una denuncia contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, por supuesto desvío de fondos de la obra social del gremio hacia sociedades pertenecientes a su familia, en el marco de una investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.
Además, la legisladora pidió al juez que “se designe un veedor y/o un interventor judicial en todas las empresas (vinculadas a Moyano), a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación”.
La legisladora requirió además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, “designe un interventor en la obra social de Camioneros”.
Tal como anticipó Clarín ayer, Ocaña se presentó en los Tribunales federales de Retiro para entregar el escrito en el juzgado que tiene a su cargo la causa donde se investiga a Moyano y otros imputados por delitos vinculados al manejo del sindicato y obra social del gremio moyanista.
La ampliación de la denuncia de Ocaña contra Moyano se conoce un día después de la ratificación de la protesta del miércoles 21 que convocó el sindicato de Camioneros y al que adhirieron las entidades más duras del gremialismo, así como los movimientos sociales.
En su presentación ante la Justicia, Ocaña aseguró que “todos los argentinos a través de sus impuestos y el Estado nacional a través del Presupuesto se ven perjudicados por los ilíicitos cometidos por Moyano”.
La legisladora amplió su denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntó a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, “IRAI SA”, “Dixey SA”, “Organización de Seguridad Las Marías SA” y “AConra SA”.
Bonadio le corrió vista a la fiscal del caso, Alejandra Mangano, para que ella resuelva si amplía la imputación en la causa a raíz de esta presentación.
En base a informes de la Inspección General de Justicia y a un reporte de la Unidad de Información Financiera que ya está en la causa, Ocaña entendió que se “pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de Camioneros, al sindicato de Camioneros y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector”.
El “conglomerado empresarial” comenzó sus actividades en el 2006 en coincidencia “con el interés de Hugo Moyano en obtener la conducción de la CGT”, sostuvo Ocaña.a Para ello, habría actuado en “dos frentes”: se garantizó un “importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados” y, por otro lado, expandió “su poder a partir de una captura de trabajadores de otros gremios a favor de su sindicato”. Para ello habría usado, según Ocaña, “un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas” y que estuvo vigente desde 2002 a 2014. ■