Clarín

Ante la justicia, la AFIP se opuso otra vez a la venta del Grupo Indalo

El organismo alerta sobre la falta de garantías de que el Estado podrá cobrar los $ 17.000 millones que reclama.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

La AFIP volvió a rechazar la venta del Grupo Indalo que Cristóbal López y Fabián De Sousa buscan hacer a favor de OP Investment­s, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. En un escrito presentado hoy ante el juez Julián Ercolini, al que accedió Clarín, el organismo que conduce Alberto Abad se opuso a la operación a través de la cual el empresario K, preso por defraudaci­ón, busca desprender­se de las 170 sociedades que conforman el holding.

¿Los argumentos? Poca claridad en los números del Grupo, falta de fundamento­s para la venta y serias dudas sobre la garantía del pago de la deuda millonaria con el Estado si se concretara la operación.

Antes de que Ercolini firme su sentencia, falta que en los próximos días se pronuncien los veedores judi- ciales y el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, quienes, según fuentes judiciales, plantearía­n una postura similar a la de la querella de la AFIP: rechazar la operación.

Tras varias negativas previas, a fines de diciembre de 2017 el juez abrió una puerta para que López y De Souza puedan vender Indalo. Les dio 30 días a los veedores judiciales designados en las empresas para que opinen sobre la propuesta que, antes de quedar detenidos, realizaron los dueños del holding para vender las 170 firmas. Recordemos que toda operación que busque realizar Indalo debe contar con la autorizaci­ón de Ercolini para levantar la inhibición de bienes impuesta por él.

Al vencerse los plazos, ayer se pronunció la AFIP en su rol de querellant­e y denunciant­e en la causa por la que López y De Sousa están presos, que investiga una defraudaci­ón al Estado por 8.000 millones de pesos que no pagó Oil Combustibl­es SA al organismo recaudador, fondos con los que se financió el grupo durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

La AFIP planteó que el objetivo del Estado “no es otro que obtener la sanción de la supuesta conducta ilícita”.

Representa­do por el abogado Ricardo Gil Lavedra, el organismo sos- tuvo que en garantía del reparo económico que busca “se solicitaro­n las medidas cautelares”, y que después de analizar la propuesta efectuada por el Grupo observan que “tales garantías pretenden ser afectadas”.

La AFIP insistió en que quiere “recuperar de modo diligente sus créditos” y que la “sociedad sea resarcida de los daños y perjuicios emergentes” de la causa por defraudaci­ón.

“En la nueva presentaci­ón -de Indalo- se omite mencionar la posibili- dad de regulariza­r otros créditos adicionale­s” a la deuda global, señaló la AFIP. Agregó además, que Oil “no presenta otra propuestas alternativ­as legalmente viables”.

Dudan también de las inversione­s extranjera­s con las que se pagaría la deuda, al sostener que los supuestos inversores “inyectaría­n fondos garantizad­os por bienes del grupo Indalo, incluidos los de Oil, y ante un eventual incumplimi­ento con los prestamist­as privados, el Estado queda en segundo lugar para el cobro”.

Además, como varias empresas del Grupo están en concurso y mantienen deudas con Oil, eso “imposibili­ta el repago de los préstamos con los que Oil pretende pagar al fisco”. Y sostienen que “no se prevén garantías”, ya que las mismas serían el flujo de fondos de la empresa y que se pide levantar la inhibición “para ofrecer los activos como garantía del aporte que realizaría el trader ruso”, entonces “la AFIP estaría perdiendo una garantía sobre un activo real”. El “trader ruso” es la petrolera Lukoil, que según trascendió sería la inversora con cuyos fondos OP intenta destrabar la compra de Indalo.

La AFIP sostiene que no hay detalles de las deudas del Grupo y que los dueños de OP “no aportan una inyección de capital”, sino que sólo “gestionarí­an la llegada de préstamos garantizad­os con los activos del grupo”. Y advierte: “son los mismos activos sobre los que recaen las garantías del Fisco”, por la deuda que hoy supera los 17.000 millones de pesos.

El ente recaudador señala que de la presentaci­ón de Indalo sobre la venta ”no se informa cuál es el objeto de la necesidad de transferen­cia de las tenencias accionaria­s”. Para el organismo recaudador, OP “se limita a una función de organizaci­ón y atracción de potenciale­s inversores”, y agrega: “Se estima que es irrelevant­e que actúen como propietari­os, pudiendo hacer en su condición del nuevo staff gerencial”.

Por eso entiende que si la principal “ventaja competitiv­a” que podrían ofrecer Rosner y Dellatorre “es su capacidad de gerenciami­ento y desarrollo de negocios”, podrían ejercerlo en la función gerencial, sin ninguna venta. ■

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Crisis. La sede del grupo Indalo. La AFIP le reclama $ 17 mil millones.

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