Investigación internacional de los abusos del régimen
La anunció la Corte Penal Internacional. Analizará los crímenes en la represión de las marchas del 2017.
Por primera vez la Corte Penal Internacional aceptó investigar al gobierno venezolano por la sangrienta represión de las marchas en demanda de democracia del año pasado.
Las protestas comenzaron cuando la Corte Suprema de Venezuela, órgano dominado por el chavismo, dejó sin competencias al Parlamento, de mayoría opositora. En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron entre abril y julio de 2017 durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Era en su mayoría jóvenes que fueron baleados en el pecho o la cabeza por miembros de los grupos parapoliciales del régimen.
La Corte Penal Internacional ordenó la investigación “tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes” dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Añadió que los informes indican el uso de “fuerza excesiva” por parte de los cuerpos de seguridad y el em- pleo “de medios violentos” tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017.
Las marchas de la disidencia en Venezuela suelen ser reprimidas con cargas de la policía apoyadas por grupos de civiles que se trasladan en motocicletas y abren fuego contras la vanguardia de las marchas. Hay denuncias de que la propia policía ha utilizado las escopetas que disparan granadas de gas como armas de ataque. Y el uso de helicópteros para bombardear con gases a los protestantes.
El paso dado por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, entre ellas la fiscal general depuesta, Luisa Ortega Díaz. En noviembre pasado se reunió con funcionarios de la Fiscalía y entregó un legajo con 1.000 piezas de evidencias. “Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto”, declaró entonces la ex funcionaria.
“Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”, dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Este examen preliminar no es una investigación plena, sino que analizará la información disponible para determinar si está fundamentada en datos fidedignos. La Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo por la justicia. ■