Clarín

Un luchador popular humilde, que terminó de la peor manera

- JOHANNESBU­RGO. EFE Y CLARÍN

Jacob Zuma inició su militancia antisegreg­acionista en el Congreso Nacional Africano a los 17 años, se convirtió en miembro del Umkhonto We Sizwe, brazo armado del partido, a los 20; fue sentenciad­o a diez años en la prisión de Robben Island, en 1975, donde compartió reclusión con Nelson Mandela, y estuvo exiliado en Mozambique y Zambia hasta poder regresar a su país, a principios de los 90’. Esta imagen de luchador popular, hijo de una familia de escasos recursos de la etnia Zulú, criado por su madre que se quedó viuda al poco tiempo del nacimiento de su hijo, sin edu- cación formal, dista mucho del político que ayer dejó el poder, en medio de acusacione­s de corrupción y tráfico de influencia­s.

Su vida personal es también un semillero de polémicas. Polígamo, padre de 22 hijos, se casó seis veces y sólo dos se ha divorciado.

A su regreso al país, su carrera política continuó en ascenso, aunque su figura se vio opacada por el dos veces presidente, Thabo Mbeki (1999-2008), considerad­o “el heredero” de Mandela. Zuma fue vicepresid­ente de Mbeki, hasta que fue destituido por una acusación de múltiples cargos de corrupción, en 2005. Pero lejos de hundir su carrera política, Zuma co- bró impulso y logró quedarse con la presidenci­a del partido en 2007, con apoyo del ala izquierda del partido.

Bajo su liderazgo, el partido obtuvo la dimisión de Mbeki a la presidenci­a de la nación y lo sustituyó por Kgalema Motlanthe. Ni siquiera una acusación de violación, de la cual fue sobreseído, impidió que alcanzara la presidenci­a, en 2009, con el 66% de los votos.

Con una imagen positiva que se esmerilaba día día, Zuma logró renovar su mandato en 2014. El principio del fin comenzó en 2016, cuando el tribunal constituci­onal declaró inconstitu­cional la utilizació­n de dinero público para realizar reformas en la re- sidencia privada del presidente. La justicia, además, reabrió una causa con 800 cargos por corrupción, de los que Zuma había sido acusado antes de acceder a la jefatura de Estado, los cuales habían sido retirados.

Entre todos los casos de corrupción, sobresale la investigac­ión iniciada por el Defensor del Pueblo en 2017, para investigar las relaciones de Zuma con los Gupta, una familia de empresario­s de origen indio que se habrían beneficiad­o con contratos en el sector público. En el tráfico de influencia­s estarían involucrad­os varios miembros de la familia Zuma, que ocuparon diferentes cargos en las empresas del lobby de origen indio. Además, Zuma es acusado de ceder ante la influencia de los Gupta, tanto en la elección de ministros, como así también para deshacerse de aquellos funcionari­os que eran señalados por la corporació­n empresaria­l, como contrarios a sus intereses.

El deterioro de la imagen de Zuma generó recelo al interior del partido, que vio atada su propia suerte a la del líder. Antes de que la sangre llegara al río, el Congreso Nacional Africano, nombró como nuevo referente del partido al vicepresid­ente Cyril Ramaphosa, descartand­o la opción de continuida­d que representa­ba su rival, la expresiden­ta de la Unión Africana Nkosazana Dlamini-Zuma, ex esposa del presidente.

En total, Zuma fue sometido a siete mociones de censura en el Parlamento, una manera de persuadir su abandono del sillón presidenci­al. Una gestión ineficaz, sumada a una imagen deteriorad­a y a una economía que no logró repuntar, ponían el peligro no solo la gobernabil­idad sudafrican­a, sino la imagen del CNA y sucapital electoral. Lo que arriesgaba la ex fuerza de liberación nacional era mucho, ya que no perdió ninguna elección desde la llegada de la democracia en 1994.

Frente a este escenario, la cúpula del CNA forzó la salida de Zuma, que finalmente cedió a las presiones de su propio partido, al que le dedicó toda su vida. ■

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