La justicia intervino Oil, de Cristóbal López
El juez comercial que analiza el pedido de concurso de acreedores detectó movimientos de dinero sospechosos.
El juez en lo comercial Javier Cosentino dispuso la intervención con “coadministración de la sociedad en concurso” de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López que generó la deuda de 8.000 millones de dólares con la AFIP -durante el último gobierno de Cristina Kirchnerpor no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). El magistrado tiene a su cargo el concurso de acreedores de la petrolera.
“Los administradores han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo en la causa”, indicó el juez. Y planteó que generaron un pasivo posterior al concurso superior a los 1.100 millones de pesos.
En una resolución a la que accedió Clarín, Cosentino decidió nombrar a tres coadministradores en la principal empresa del Grupo Indalo, en medio de los fallidos intentos de sus dueños por vender todo el holding a OP Investments -propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre-.
El magistrado decidió la intervención hasta el 10 de agosto tras analizar una serie de informes receptados por la sindicatura de la firma, que consignaba un pasivo postconcursal de 1.184.206.705,83 pesos, “deuda gestada durante el último trimestre del año pasado y que se generó básicamente por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles, impuesto que se venía cancelando normalmente hasta el 30.9.17”. El dato había sido anticipado por este diario hace unos días.
La juez federal Julián Ercolini investiga a López y su socio Fabián De Souza por supuesto fraude al Estado, causado por la retención del pago del ITC que Oil debía hacer al Estado, originalmente por 8.000 millones de pesos que ahora ya son 17.000 millones. Ambos empresarios están procesados y presos por esa causa.
En el expediente del concurso, y para decidir la intervención de Oil, el juez Cosentino tuvo en cuenta un informe sobre la rescisión laboral con el ex director Sebastián Maggio, a quien en diciembre de 2017 y enero de 2018 se le pagaron honorarios adeudados por 276.375 pesos, y a los actuales directores, Rosner y Dellatorre, 5.091.310,24 a cada uno como anticipo de honorarios.
Para el juez, estos números reflejan “irregularidades” que “imponen la adopción de la intervención”, entendiendo además que “existe una fuerte presunción de que durante el período postconcursal, la concursada ha incumplido con el pago del impuesto a la transferencia de combustibles con la finalidad de asistir a otras sociedades del grupo como lo venía haciendo con antelación, al menos hasta diciembre de 2017”. Esta deuda es de 875 millones de pesos.
Así, se determinó que el pasivo acumulado posterior al pedido del concurso preventivo es “superior a los mil cien millones de pesos” y sobre Rosner y Dellatore planteó que “los administradores han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo”.
Otro de los planteos del juez comercial para intervenir Oil fue el informe de la sindicatura sobre el “deterioro de la red de distribución por la pérdida de varias estaciones de servicio, la merma de la operatoria de la refinería de San Lorenzo, y la situación crítica de una de las sociedades controladas (CPC) con importante actividad”.
Por estos motivos, “se impone intervenir en la administración de la sociedad en resguardo de los intereses involucrados, la protección del patrimonio y de los acreedores, sin olvidar la cantidad de fuentes de trabajo que ha denunciado la concursada en forma directa o indirecta”.
De esta manera, y habiendo aceptado el concurso preventivo de acreedores de Oil después que la Sala D de la Cámara en lo comercial ordenara su reapertura, se dispuso la “intervención de la administración de la sociedad concursada bajo la forma de coadministración” hasta el 10 de agosto de 2018. Cosentino designó como interventores a Carlos Bianchi, a Liuba Lencova Besheva, y a Francisco Cárrega, quienes presentarán un informe mensual conjunto sobre el avance de su trabajo.
Desde OP, dijeron a Clarín que “es positivo que alguien vea con ojos de la justicia la situación real de la compañía y pueda explicarla al juez y a la AFIP de manera clara y sin la desconfianza de los intereses. El mismo juez reconoce que los actuales administradores deben permanecer, porque están llevando adelante el plan estratégico de rescate”.