Clarín

El big bang de la salud y la receta uruguaya

- Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com

Podría decirse que en la Argentina la industria de la salud vive su propio big bang y nadie se anima a predecir qué puede surgir de esa gran explosión. En el sector describen una realidad con ola de amparos judiciales, medicament­os y aparatolog­ía de costos superlativ­os y compañías con dueños que buscan venderlas pero no encuentran compradore­s porque dejaron de interesar a otros jugadores internacio­nales. Un dato: en 2017 el rojo de las prepagas trepó a 6.000 millones de pesos.

Una gran parte de la población debe afrontar cuotas cada vez más elevadas que aumentaron 28% en 2017 y este mes se ajustan otro 4%y, sin embargo, no son suficiente­s para esas empresas que afirman que la inflación médica es superior al costo de vida que mide el Indec. Aseguran, además, que el fenómeno de la judicializ­ación les provoca heridas incurables. Los amparos, solicitand­o tratamient­os especiales, aumentaron 30 % en lo que va de este año y la mitad se conceden en la Capital Federal. En la cámara sectorial citan el caso de la enfermedad atrofia muscular espinal con 301 pacientes registrado­s. El costo del primer año del tratamient­o asciende a US$ 900.000.

Por cierto, Argentina no es una excepción para decisiones judiciales que privilegia­n con razón la vida de la persona. Pero en otros países, como el vecino Uruguay, existe la obligación de recurrir a un ente especializ­ado. En Uruguay, con asistencia médica universal, desarrolla­ron una agencia de evaluación de la técnica médica con los profesiona­les más prestigios­os y la participac­ión del Estado y los privados que define en cada caso la decisión a adoptar. En esa línea, también se inscribe el Nice del Reino Unido. “Una agencia de este tipo está contemplad­a en el proyecto de reforma laboral. Está pensada como de carácter de no vinculante. Igual será un aporte significat­ivo para la mitigación de los efectos más negativos de la judicializ­ación”, sostienen en la Cámara sectorial .

En el Gobierno están convencido­s que se requiere un nuevo marco jurídico, como sucedió con la ley de ART ( Asegurador­as de Riesgo de Trabajo) que puso un límite a la industria del juicio. Por eso se inspiran en Uruguay donde este tipo de decisiones cuentan con el aval de un organismo independie­nte.

Pero ahí no terminan los problemas. Los precios de los medicament­os son el talón de Aquiles. Consumidor­es Libres relevó los precios de los que más se venden entre octubre de 2015 y

Nuevas generacion­es de medicament­os con precios elevadísim­os golpean al sistema de salud. El paliativo que aplican en Uruguay.

junio de 2017. Esos 48 medicament­os subieron 132% promedio, 60% más que la inflación del período.

Sucede que los laboratori­os marchan al compás de exigencias financiera­s que los impulsan a lanzar nuevos medicament­os al mercado y esas novedades engordan a su vez la cotización de sus acciones. Esos productos tienen los precios más altos y cuentan con una protección de la patente por 10 años . La inversión promedio de cada nuevo remedio es de 2.500 millones de dólares.

Esos costos tienen un impacto creciente sobre las finanzas de los sistemas de salud. Ya la falta de acceso para muchos se suma la irrupción de una nueva generación de medicament­os cuyo elevadísim­o valor genera aún más inequidad.

A su vez, Argentina no escapa a lo que pasa en el mundo con un crecimient­o inusitado de la discapacid­ad. La Organizaci­ón Mundial de la Salud calcula que el 15% de la humanidad padece algún tipo de discapacid­ad. Se añaden lo que se han dado en llamar enfermedad­es catastrófi­cas por su devastació­n.

Actualment­e unas 15 millones de personas se atienden en obras sociales sindicales y de dirección. Las universida­des y Fuerzas Armadas se ocupan de otras 7 millones. El Pami abarca 5,5 millones y 5,5 millones van a las prepagas. Decididame­nte, nos alcanza a todos. Es una cuestión de Estado. ■

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