Clarín

Bonadio investigar­á una denuncia de los K contra el ex funcionari­o

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El diputado nacional por el Frente para la Victoria, el kirchneris­ta Rodolfo Tailhade presentó ayer una denuncia contra el ahora ex subsecreta­rio General de Presidenci­a, Valentín Díaz Gilligan," en orden a la posible comisión de los delitos de lavado de activos y omisión maliciosa" basada en la investigac­ión del diario El País de España, por 1,2 millones de dólares que poseía en una cuenta del Banco de Andorra.

El legislador opositor planteó en un escrito ante el juez federal Claudio Bonadío que "correspond­e investigar si la conducta desplegada por el funcionari­o público configura el delito de lavado de activos previsto en el art. 303 del Código Penal".

Ese delito dispone que será repri- mido con prisión de tres 3 a diez 10 años y multa de dos 2 a diez 10 veces del monto de la operación, el que "convirtier­e, transfirie­re, administra­re, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulació­n en el mercado, bienes provenient­es de un ilícito penal" y siempre que su valor supere la suma de 300 mil pesos.

Tailhade argumenta que Díaz Gilligan, en declaració­n al diario español, afirmó que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía”

El otro argumento que esgrime el diputado del FPV es que el funcionari­o "habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante la antes los organismos de contralor al momento de ser designado funcionari­o público y con posteriori­dad".

En ese sentido recuerda que se desempeñó como funcionari­o en la Ciudad, "pero también al momento de ser designado funcionari­o nacional, el 16 de diciembre de 2015 mediante decreto 94/2015 fue designado en su cargo, en su declaració­n jurada inicial (cuya copia se adjunta) no declaró la cuenta referida".

Este tipo de delito previsto en el art. 268 (3) del Código Penal conocido como "omisión maliciosa en la presentaci­ón de la declaració­n jurada de un funcionari­o público", puede acarrear como consecuenc­ia "prisión de quince días a dos años e inhabilita­ción especial perpetua" al que "maliciosam­ente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaracio­nes juradas deban contener de conformida­d con las leyes y reglamento­s aplicables”.

Por lo expuesto, Tailhade solicitó que se lo cite a ratificar la denuncia y luego de lo invite a "declarar" a Díaz Gilligan. ■

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