Denunciarán a la fiscalía riojana por aprietes a los cadetes
El padre del aspirante muerto había dicho que le pidieron cambiar el acta de defunción de su hijo, de 18 años.
El veedor del Gobierno nacional lo hará con datos de familiares.
El veedor designado por el Gobierno nacional para controlar la investigación por la muerte del cadete Emanuel Garay, tras un entrenamiento extremo para el ingreso a la Escuela de Policía riojana, denunciará a la Fiscalía General de la provincia por supuestos “aprietes” a la familia y compañeros de la víctima para que cambien la versión de los hechos.
Según Télam, Guillermo Galván, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia de la Nación en La Rioja, afirmó que desde la Fiscalía General de la provincia le pidieron a Roque Garay, padre de la víctima, “modifi- car las actas de defunción”, por lo cual se presentará “una denuncia penal contra su titular, Hugo Montivero”.
Consultado por Clarín, Montivero se mostró disgustado por esta situación y anunció que hará una presentación espontánea ante la Justicia para que lo investiguen y se aclare el tema. “Es infantil creer que puedo presionar al padre para cambiar un certificado de defunción. Yo lo que pedí fue el acta para acreditar la muerte de Garay”, sostuvo. Asimismo, el fiscal general indicó que “pretender distorsionar los hechos cuando hay 95
El fiscal general, que negó las acusaciones, se presentará en la Justicia para que lo investiguen.
testigos es una locura y un absurdo”.
A todo esto, Galván expresó: “Visitamos a la familia de Emanuel, pusimos a disposición todos los dispositivos que tiene el Ministerio, hemos ofrecido ante el juez el programa de protección a testigos porque hay mucho temor entre los cadetes afectados, inclusive en los médicos que participaron en la certificación de la defunción, sobre situaciones no aclarada. Y agregó que “el padre de Garay denunció que le hablaron cinco veces desde la Fiscalía de la Provincia para modificar el acta de defunción”.
“Los cadetes que sufrieron este entrenamiento extremo manifestaron también que recibieron una serie de presiones para mantener absoluto silencio, de hecho, aún no se ofrecieron como parte querellante”, añadió.
Galván resaltó que el Centro de Acceso a la Justicia les ofreció “asistencia jurídica, psicológica y trabajos grupales que hay que restablecer”.
“La tarea nuestra va a ser llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que nosotros escuchamos y certificamos de lo que denunciaron los cadetes es realmente atroz. No solamente las torturas, golpes, amedrentamientos psicológicos, además hubo robos en la propia institución”, sostuvo. El objetivo, dijo, será “que no sean sólo algunos rangos más bajos los que caigan porque este procedimiento lo conocían todos, incluso quienes están en los cargos más altos”.
“El Ministerio de Justicia de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos tienen la competencia para hacer esta observación activa, este seguimiento, estas denuncias de casos que tienen que ver con situaciones violatorias de los derechos humanos, y más aún cuando provienen de fuerzas policiales que son organismos públicos”, concluyó.
Esto se suma a la denuncia del abogado de la familia del cadete fallecido, José Nicolás Azcurra, quien dijo que “hubo un intento de soborno para callar” a los otros alumnos.
Garay murió el 10 de este mes por un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal, luego de participar de un entrenamiento extremo junto a otros aspirantes. ■