Los Kirchner habrían buscado violar la intervención judicial a Los Sauces
La abogada de Stolbizer denunció que Máximo alquiló dos inmuebles sin permiso de la justicia.
Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, procesados por lavado de dinero y asociación ilícita en la causa Los Sauces (inmobiliaria familiar que tuvo entre sus principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López), suman una nueva denuncia. La abogada Silvina Martínez planteó ante el fiscal Gerardo Pollicita que hubo “obstrucción a la justicia”: el diputado nacional y su apoderado Carlos Sancho pusieron en alquiler dos propiedades el año pasado pese a que regía una intervención judicial.
“Son maniobras para burlar una vez más, las medidas ordenadas por la justicia”, indicó a Clarín Martínez, abogada de Margarita Stolbizer. Para “preservar los bienes que podrían ser decomisados por el Estado a raíz de la ilicitud de su origen”, la abogada pidió que se tomen nuevas medidas cautelares.
Los Sauces SA y la Sucesión Néstor Kirchner -posteriormente Condominio Máximo y Florencia Kirchner-, se encuentran intervenidos desde fines de 2016. La medida impuesta por el entonces juez de la causa, Claudio Bonadio, se extendió hasta junio de este año. Ahora la investigación está en manos del juez Julián Ercolini.
La intervención judicial de la inmobiliaria está a cargo de Francisco Branda, mientras que la del Condominio que explota los inmuebles he- redados por el ex Presidente se encuentra bajo la responsabilidad de Raquel Moyano. Ellos tienen el poder total de administración.
Según la documentación aportada por la abogada Martínez, pese a la designación de un interventor administrador, “la familia Kirchner, a través de su apoderado Carlos Sancho, o bien a través del propio Máximo Kirchner, suscribieron contratos de alquiler por los inmuebles de titularidad del condominio”.
No es la primera denuncia contra la familia Kirchner por presuntas maniobras para “eludir las medidas cautelares” (embargos o inhibiciones de bienes). La primera acusación similar ocurrió cuando Cristina traspasó todos sus bienes a sus hijos, jugada que se investiga como una posible insolvencia fraudulenta.
La documentación a la que accedió Clarín, determina que el año pa- sado, con 21 días de diferencia, se celebraron dos contratos de locación de propiedades que explota el Condominio Máximo y Florencia Kirchner. El primero es del 3 de julio de 2017, un mes después de renovada la intervención judicial. En este caso, Máximo Kirchner como representante del condominio, “suscribió un contrato con Medel M. por el inmueble de la calle Mitre 535 planta alta”, ubicado en Río Gallegos. El valor acordado fue por 7.500 pesos los primeros doce meses y 9.750 pesos el segundo año.
Tres semanas después y con Víctor Manzanares -contador de los Kirchner- ya preso por obstrucción a la justicia al pedir que los alquileres se depositen en una cuenta particular a nombre de Carlos Sancho y no delo Condominio intervenido entonces, se cerró el segundo alquiler.
Fue el 24 de julio, y Sancho y lo hizo en representación del diputado na- cional. Alguien identificado como “Farías D” firmó un alquiler mensual de 20.000 pesos por la propiedad de la calle 25 de Mayo 255, con un ajuste para el segundo año que llevará los pagos a 26.000 pesos.
“Manzanares fue detenido por maniobras similares -intentar gambetear el control judicial- el 17 de julio de 2017. Sin embargo, ello no impidió que pocos días después Carlos Sancho representando a Máximo Kirchner tomara medidas parecidas, sin importar la prisión preventiva decretada a Manzanares por obstruir la labor de la justicia”, señala la denuncia que se presentó ante Pollicita.
Después de suscribir dichos contratos y en el marco de la misma causa, Los Sauces, Bonadio procesó sin prisión preventiva a Carlos Sancho, al encontrarlo partícipe de la asociación ilícita atribuida a los Kirchner, junto con Lázaro Báez y Cristóbal López.
Según el juez, Sancho -ex gobernador de Santa Cruz- fue responsable de “crear empresas a los fines de canalizar los alquileres espurios y gerenciar con una de sus empresas los hoteles, además de resultar empleado de los hoteles de la ex Presidente y sus hijos”.
Para Silvina Martínez, esta denuncia podría “agravar la situación procesal” del diputado nacional Máximo Kirchner. ■