La Corte y el Gobierno corren detrás de la demanda social
Las sonrisas serán sinceras, tanto como las buenas intenciones de los planes que Ricardo Lorenzetti abrirá a discusión el 6 de marzo, cuando inaugure el año judicial. Frente a él, en los primeros asientos, el ministro de Justicia Germán Garavano asentirá satisfecho al escuchar la enumeración de ideas, concordantes con su propio plan de reformas estructurales, Justicia 2020.
Los aplausos no podrán esconder, sin embargo, las tensiones y pulseadas que el Gobierno y la Corte vienen teniendo desde el año pasado, justamente por la orientación y la profundidad de los cambios urgentes que la sociedad demanda a gritos -literalmente, por ejemplo en las dos marchas sobre Comodoro Py y el palacio de Tribunales en junio y agosto pasado- sobre el funcionamiento y los resultados de la gestión judicial.
Corruptos sueltos, injustificables bolsos preñados de dólares, procesos infinitos, detenciones y excarcelaciones a repetición pero sin explicación, asesinos y ladrones con múltiples reincidencias colorean un panorama embarazoso para los agentes judiciales y oficiales. Con sus planes y propuestas, unos y otros vienen corriendo desde atrás para calmar con alguna respuesta aquel incendio.
Pero no es fácil. Los cambios que podrían torcer -o mejor dicho enderezar- el rumbo deberían ser estructurales, y por eso mismo llevará tiempo concretarlos. ¿El riesgo? Los jueces son expertos en el uso del calendario para enfriar cualquier brasa caliente. Las pruebas están a la vista.
No es todo: cuanto más profundas sean las variaciones, más serán los intereses y poderes que eventualmente podrían tocarse. Bajo el agua, pueden adivinarse las resistencias de muchos magistrados -no de todos, por supuesto- a la pérdida objetiva del control de las causas del que hoy gozan, cuando se concrete el pasaje del sistema procesal inquisitivo, con el que hasta hoy dirigen las investigaciones, al sistema acusatorio, que trasladará esa tarea clave a los fiscales. Tras idas y vueltas, esa modificación comenzará a aplicarse en las provincias del norte argentino y seguirá sumando distritos hasta llegar al fuero federal porteño, escenario de los casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales.
Otro de los cambios aceptados por Lorenzetti -tras una discreta propuesta del Ejecutivo y el sutil envión que sopló desde el Consejo de la Magistratura- es la progresiva utilización del expediente electrónico en los juz- gados: aunque suene cavernícola, las notificaciones, audiencias, indagatorias y resoluciones aún se plasman en papel, y cada movimiento tiene largos plazos de ejecución , que a su vez muchos jueces siquiera respetan. Una pista: dos de los once fiscales brasileños de la mega operación anticorrupción Lava Jato señalaron ante Clarín al expediente electrónico como una herramienta clave para el éxito de las investigaciones y la velocidad de las condenas.
Otros cambios más sencillos aliviarán el malhumor social, aunque en tribunales los resistan con todas las artes posibles. La extensión de la jornada laboral a ocho horas y algún eventual recorte de las vacaciones responderían a un pedido de Macri, y evitarían lo que varios jueces temen como un mal mayor: la limitación del ingreso de parientes al Poder Judicial y el pago del impuesto a las Ganancias, por ejemplo. ■