La gran duda: ¿bajar aportes equivale a más y mejor empleo?

Informalidad, ocupaciones no registradas, trabajo en negro o como quiera llamársele es un problema que desde fines de los 90 ronda al 33% de los asalariados del sector privado, aunque más claro sería decir: hoy sacude a 5 millones de personas. Y si se incluye a los “trabajadores independientes” -entre otros, cuentapropistas y servicio doméstico- estamos hablando del 40% de la fuerza laboral o de uno de cada cuatro.

Nada nuevo tampoco, se trata de gente que vive en los márgenes del sistema, sin cobertura para salud y accidentes, sin jubilaciones y hasta sin seguro de desempleo. Un ejército siempre a tiro del despido, cuyos salarios son la mitad de los de un trabajador en blanco y que, además, desconoce el aguinaldo como manda la ley. Allí la pobreza es un fantasma bien conocido.

¿Y a cuento de qué viene todo esto, si todo esto ya se sabe?

Viene a cuento de una reforma que el Gobierno justifica así, casi textualmente: “El sistema tributario y de protección social imperante no ha logrado generar empleo de calidad, ni aún en períodos de crecimiento económico. Esto se ha reflejado en altos niveles de informalidad laboral y en una reducida creación de empleo registrado. Y uno de los principales problemas que enfrentan las empresas a la hora de contratar trabajadores es el elevado costo laboral que implican las cargas sociales”.

Con este cuadro a la vista, se ha resuelto emprender una baja de los aportes patronales, un blanqueo y la condonación de deudas previsionales.

Lo que sigue es preguntarse si esas medidas son suficientes para alcanzar semejantes objetivos. Salvo los funcionarios, y no en todos los casos, cuesta encontrar respues- tas afirmativas contundentes.

Sostenido en diversos antecedentes regionales, incluidos los de la Argentina, un análisis de Roxana Maurizio, investigadora del Conicet, y del laboralista Luis Beccaria plantea, justamente, una buena cantidad de dudas.

Para empezar, no encuentran conexiones directas entre el recorte de los aportes y la regularización del empleo en negro, sino probabilidades bastante difusas y siempre subordinadas a otros incentivos. Y menos la encuentran cuando se los vincula a la creación de nuevos puestos de trabajo. Lograr lo que el Gobierno ambiciona, dicen, requiere de “un conjunto amplio y coherente de medidas” apuntados hacia ambas direcciones.

Cuentan que en América latina conviven contribuciones patronales reducidas y bajos niveles de informalidad, junto a contribucio- nes también reducidas pero con altos niveles de informalidad.

Creen que la reforma puede tener cierto efecto entre las empresas chicas, donde la plantilla de personal no pasa de cinco y donde la ilegalidad laboral bordea el 70%. Pero advierten, nuevamente, sobre la necesidad de aplicar políticas específicas, de modo que la regularización sea vista como parte de un horizonte largo y alentador y no parecido al riesgo de perder lo que se tiene.

Valdría agregar que el blanqueo implica blanquear la actividad propia y, de seguido, pagar impuestos. Luego, la relación costo-beneficio debería justificar un paso así.

Sobre las empresas medianas y grandes, Maurizio y Beccaria opinan que el tipo de cambio tiene un impacto mayor al de cualquier recorte en los aportes. Y que la clave está en las inversiones y en la productividad; acoplada, desde luego, al crecimiento de las compañías y a sus utilidades.

Daniel Heymann, considerado por muchos un maestro de economistas, propone salir de las medidas generalistas e ir derecho a resolverle la situación al ejército de trabajadores que se encuentra en las fronteras del sistema.

Concretamente, urge generar oportunidades que se acomoden a la baja calificación del conjunto, pues allí gobiernan la vulnerabilidad y los peligros de la vulnerabilidad extrema. Es igual a decir: no esperemos a que levanten la calificación, porque si eso fuera factible eso lleva tiempo, y lo lleva justo donde tiempo significa ingresos.

Heymann dice que la industria es el lugar donde las posibilidades pueden existir, ser abiertas o promovidas en acuerdos entre sector público y sector privado. La condición necesaria es una industria que supere el actual estado de cuasi estancamiento, pues todavía no ha recuperado los niveles de 2015, ni parece que vaya a recuperarlos este año.

El viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, ha escrito que tanto acá como en otros países pasó la época cuando la actividad manufacturera constituía la principal fuente de trabajo. Después de un pico durante la década del 60, dice, en la Argentina el fenómeno fue declinando sin pausa.

Sostiene, con razón, que ese papel lo desempeña hoy el sector servicios, aunque sería conveniente agregar que no son lo mismo unos servicios que otros. Y que si es por los nuestros, sólo unos pocos reúnen altos estándares y capacidades competitivas; tanto, que suele llamárseles nichos.

Habrá que esperar, entonces, a que el proceso madure, se generalice y represente una alternativa verdaderamente consistente. Mientras tanto, el caso de los 5 millones y el del uno de cada cuatro seguirá su curso. Nada desconocido, la salida está en el crecimiento y en las políticas distributivas e inclusivas. ■

Para varios especialistas, está probado que achicar cargas laborales no es igual a mayor trabajo. Dicen: la salida es un plan amplio y específico.