Usos y abusos de las penurias populares
Amenudo recuerdo el diálogo mantenido en un tren en Italia hace tres décadas con un ciudadano de ese país que decía conocer a Argentina. “¿Me puede explicar cómo un país tan rico como el suyo se encuentra tan mal?” Traté de balbucear alguna respuesta a un interrogante que sensatamente aparece al reflexionar sobre el devenir económico, social y político de nuestro país del último medio siglo, obviamente sin éxito.
Quizás una forma de plantearnos la cuestión sea la de volver al trajinado tema de la “anomia boba”, expresión que sintetiza la violación o la simple inobservancia de la ley que parece no beneficiar a nadie y torna ineficiente al conjunto social. Veamos. Una postura, puede ser etiquetada como de “derecha”, expone la pretensión de comprimir en todo lo posible la carga impositiva.
Otra, igualmente perniciosa, sostiene con fervor que “hay que evadir porque de otra manera no se puede mantener la actividad” como suele expresar con naturalidad un empresario común y corriente. O el ciudadano que se pliega –a su modo- a la misma tesitura aceptando operar fuera de las normas fiscales o procurando obtener alguna ventaja por ese camino.
Podremos declamar hasta el hartazgo que la desprotección laboral es un rasgo deplorable pero no caemos en cuenta que junto con el mejoramiento de las normas laborales es preciso un profundo cambio socio cultural sobre cuyas bases será factible perforar el umbral del tercio de asalariados que trabajan sin cobertura formal: si la actividad económica está legalmente encuadrada no hay lugar para que el empleador contrate “en negro”.
Uno de los resultados más preocupantes de largos años sin estadísticas públicas veraces y confiables es la situación en la cual no parece haber referencia creíble en materia informativa sobre la realidad económica o social de Argentina. El descreimiento y el desinterés respecto de las normas legales van de la mano del referido a las estadísticas públicas.
Un penoso ejemplo de ello es la perduración del así llamado “índice Congreso” que nació como modo de evitar sanciones a los productores de indicadores económicos sancionados por sus actividades. La subsistencia de tal constructo en esta etapa en la que hay claros esfuerzos por recuperar la calidad y validez de las estadísticas públicas resulta difícil de comprender y, menos aún, de defender.
Puede sostenerse que, siguiendo al refrán, “el que se quema con leche…”. En tal caso es plausible dirigir el esfuerzo a la utilización de los mismos indicadores que en el pasado nos resultaron apropiados para entender y/o enjuiciar la realidad socio económica o socio laboral. Puestos en tal cometido, por ejemplo, se deduce que a) durante los gobiernos kirchneristas hubo una mejora significativa de la participación salarial en la creación de riqueza, b) esa participación tuvo una declinación muy pequeña en 2016 y c) la información disponible sugiere al menos una moderada recuperación en 2017. Sobre esta base, gran parte de las afirmaciones utilizadas para justificar o explicar los intensos comportamientos contestatarios pierden solidez.
Algo parecido ocurre con respecto al nivel de empleo. Hubo claramente una pérdida de empleo asalariado privado desde los meses finales de
2015 (en la construcción desde la primavera de ese año) que continuó hasta mediados de 2016. De allí en más se inició un parsimonioso proceso de recuperación, de manera que los 71000 empleos asalariados privados destruidos entre noviembre de 2015 y 2016 se recuperaron en el año último (78000). No obstante en la industria aún no se pudo recuperar el nivel de empleo sectorial previo al cambio de gobierno.
Pero el conjunto de la ocupación creció en 2017 tanto como el promedio anual durante el segundo mandato de la doctora Cristina Kirchner (un cuarto de millón de personas al año). El cambio estuvo en la composición. El empleo estatal que alimentó el 51% del empleo generado entre 2012 y 2015 inclusive cayó al 15%. La diferencia positiva se dio en los asalariados privados (del 14 al 31%) y los no asalariados (del 30 al 46%). Es decir que 2017 es un año en el que la ocupación aumentó con holgura por sobre el incremento anual de la oferta laboral.
¿Cuál es entonces el soporte del argumento de que estamos con un problema de empleo, diferente del que traíamos en los años precedentes? Una variable adicional que viene a cuento es la de los ingresos capturados por la EPH. Tanto los laborales como los familiares muestran notables mejorías respecto de 2014 y aun de los picos anteriores. Nuevamente, las inequidades sociales que perduran en Argentina lejos de haber desaparecido en los favorables años que siguieron a la crisis de 2001-2002 conservaron su preocupante vigencia. La afirmación de que las penurias actuales se deben a la equivocada gestión del gobierno de Cambiemos es una interpretación plausible. Pero aun sosteniéndola no puede argumentarse que se trate de un retroceso de condiciones o de un cambio de escenario. La búsqueda de un sendero económico y social deseable y posible requiere sostener la reflexión en las mejores herramientas accesibles, entre ellas la información estadística, para dilucidar las trabas estructurales que impiden recorrerlo. De otro modo quizás se logre predominar en alguna disputa pero no es imaginable que salgamos de la anomia boba. Construir una realidad inexistente inventando datos es tan peligroso como despreciar las normas. La ineficiencia resultante se agrega al déficit en materia de productividad. El desafío es, sin duda, por demás relevante. ■