Otra investigación por lavado contra el camionero, entre Córdoba y Capital
La justicia cordobesa lo investiga por la compra de terrenos para el gremio en La Falda.
Aunque en las entrevistas periodísticas que ahora acepta con asiduidad Hugo Moyano repite que no está acusado de nada en la justicia, la realidad no coincide del todo con su afirmación. Además de la nueva causa que ayer se inició en su contra en la justicia federal de Quilmes (ver página 3), otro expediente que lo tiene como sospechoso de lavado de dinero está detenido en Córdoba por un problema de jurisdicción.
En diciembre, el fiscal federal cordobés Gustavo Vidal Lascano promovió la imputación y pedido de indagatoria para Moyano, por presunto lavado de activos y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda. Su solicitud fue entregada al juez Alejandro Sánchez Freytes, quien sin embargo no la aceptó ni la rechazó. ¿El motivo? Un supuesto conflicto de competencia juridisccional con el juzgado federal porteño de Claudio Bonadio.
Para definir la cuestión, Sánchez Freytes remitió anteayer un exhorto a su colega porteño, en cuyo juzgado se acumulan varias causas contra del titular del sindicato de Camioneros. Según confirman fuentes judiciales cordobesas, hasta que esa pregunta no sea respondida por Bonadio y se defina dónde quedará radicada la causa, no se podrá avanzar con el pe- dido de indagatoria al sindicalista.
Para el fiscal Vidal Lascano, Hugo Moyano, en calidad de apoderado del Sindicato de Camioneros, fue parte de una “operación sospechosa” en la compra de varios terrenos para la entidad sindical en La Falda, por el cual en 2004 se pagaron seis millones de pesos, cuando tres meses atrás tenían un valor de sólo 300.000 pesos. En ese breve lapso, los terrenos cambiaron de manos varias veces.
De acuerdo a los datos conocidos esta semana, los terrenos fueron comprados primero por Kiano SA por un valor de 300.000 pesos; luego fue adquirido por Carlos Mesías por 500.000, y finalmente por el Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución, que hoy conduce Hugo Moyano, por seis millones de pesos.
La principal sospecha es una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.
Vidal Lascano recibió en 2016 la denuncia de parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y según afirmó este lunes investigó ese alerta durante todo el año pasado, recabando información bancaria cuya entrega supuestamente demoró varios meses. Los argumentos del fiscal buscan explicar la llamativa lentitud del caso: la UIF notificó a la Procelac sus dudas sobre las operaciones en La Falda el 24 de octubre de 2014; el primer dictamen de la fiscalía fue el 15 de marzo de 2015, y la imputación el 29 de diciembre de 2017. El juez se notificó después de la feria judicial. ■